El Pleno del Congreso tiene previsto aprobar este jueves la reapertura de la comisión de investigación sobre el accidente ferroviario del Alvia que tuvo lugar en Santiago de Compostela el 24 de julio de 2013 y en el que fallecieron 80 personas y 52 resultaron heridas.

Esta comisión ya funcionó en la Cámara Baja en 2018 y 2019, pero no pudo concluir sus trabajos por la disolución de las Cortes. Pero el BNG, junto con ERC y Bildu, registraron el pasado julio una iniciativa con la intención de recuperar esa comisión.

Y todo apunta a que saldrá adelante porque el PSOE ha avanzado a Europa Press que respaldará la reapertura de esa investigación parlamentaria, sobre la que hasta la fecha sólo el PP ha expresado sus recelos.

Para el promotor de esta propuesta, el diputado del BNG, Néstor Rego, es de vital importancia que los trabajos realizados ya en el Congreso puedan retomarse «para poder lograr el esclarecimiento de la cadena de responsabilidades y, además, determinar las recomendaciones que permitan en el futuro evitar otro accidente en las que debe recogerse el cumplimiento de las Directivas y Reglamentos europeos».

JUICIO EN 2022

En su iniciativa, recogida por Europa Press, el BNG, ERC y Bildu indican que, ocho años después de la catástrofe, aún quedan «muchos cabos sueltos» sobre las causas y responsabilidades de la misma y recalcan que, pese a las múltiples investigaciones realizadas, «hay evidentes sombras en los procedimientos de las pesquisas».

Así, señalan que la instrucción judicial se cerró el pasado mes de abril, dejando imputados únicamente al jefe de seguridad de ADIF y al maquinista del convoy accidentado, y que el juicio está previsto para mediados de 2022.

También el pasado abril, asociaciones de víctimas presentaron una demanda contra el Ministerio de Transportes y la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) por la negativa de ésta última a realizar una investigación independiente como la que se ha demandado desde distintas instancias europeas como la propia Comisión, el Parlamento y la Agencia Ferroviaria.

PROCEDIMIENTO CONTRA ESPAÑA

En este contexto, los promotores de la iniciativa apuntan que diversas denuncias llevaron, en enero de 2019, a la apertura de un procedimiento de infracción contra España por incumplimiento de la normativa de seguridad ferroviaria que todavía sigue abierto.

Respecto a la comisión que ya se creó en el Congreso, recalcan que muchos de los comparecientes arrojaron «serias dudas» relativas a las «responsabilidades cruzadas entre diferentes agentes implicados, tanto políticos como técnicos, incluso desde la licitación y ejecución de las obras la línea.

Además, recuerdan que «también quedó en entredicho la gestión del propio accidente y las investigaciones y actuaciones llevadas a cabo posteriormente, como la puesta en marcha de nuevas medidas para asegurar la línea y los propios convoyes que circulan por ella ante posibles futuros accidentes».

Así las cosas, y sobre todo tras la negativa de la CIAF a abrir una investigación independiente, BNG, ERC y Bildu quieren retomar las pesquisas en sede parlamentaria «para poder arrojar las conclusiones que esclarezcan la cadena de responsabilidades y recomendaciones de medidas a llevar a cabo para evitar otro accidente y para exigir el cumplimiento de las diversas directivas y reglamentos afectados».