El concejal socialista sordo de Santander denuncia ante el Gobierno central la vulneración de sus derechos políticos

El primer edil sordo usuario de lengua de signos en España denuncia el «incumplimiento» del derecho nacional e internacional en el Ayuntamiento

El concejal del Grupo Socialista, Alberto Torres, ha denunciado ante la Oficina de Atención a la Discapacidad (OADIS) del Gobierno de España la vulneración por parte del Ayuntamiento de Santander de sus derechos políticos como primer concejal sordo usuario de lengua de signos, por un «claro incumplimiento» del derecho nacional e internacional.

Así lo ha trasladado en un escrito dirigido a la OADIS de la Dirección General de las Personas con Discapacidad, que depende del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 del Gobierno de España, según ha informado hoy el PSOE de Santander en un comunicado.

En concreto, Torres relata que tomó posesión en abril de 2020 y en mayo el PSOE presentó una moción, que fue aprobada, para recuperar las actas escritas de los plenos donde figuren las intervenciones de los diferentes interlocutores en el debate, así como una retransmisión de las sesiones que transcriba los debates, incorporando a su vez la lengua de signos telemática en todas las grabaciones municipales.

Pero 15 meses después, al no haberse incorporado estos medios, explica que se ve abocado a solicitar un intérprete de lengua de signos –que tiene que pedir con 48 horas de antelación y con una bolsa limitada de horas– cada vez que quiere que revisar una grabación, lo que deriva en una «evidente» desigualdad en el acceso a la información «en perjuicio de la persona que tiene una discapacidad».

«Las personas sordas del municipio de Santander seguimos sin tener esta accesibilidad, lo que además supone una barrera a mi actividad específica como edil», expresa en el escrito.

Según plantea, esta situación supone un incumplimiento de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en su artículo 29 sobre participación en la vida política y pública recoge que «los Estados Partes — y España lo es– garantizarán a las personas con discapacidad los derechos políticos y la posibilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones».

Para el concejal socialista, al incumplirse el mandato del Pleno del mes de abril, el Ayuntamiento de Santander incumple asimismo los artículos 13 y 22 de la Ley 27/2007 que reconoce las lenguas de signos españolas y regula los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.

También, en su opinión, se vulneran en el Ayuntamiento de Santander los términos establecidos en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, así como la Ley de Cantabria 9/2018, de 21 de diciembre, de Garantía de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que reconoce en su artículo 73 las infracciones y sanciones previstas en el Real Decreto Legislativo 1/2013.

Con estos argumentos jurídicos, en los últimos plenos, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Daniel Fernández, ha tomado la palabra para explicar el voto contrario del Grupo Socialista a la aprobación de las actas de sesiones anteriores, precisamente por no ser accesibles para Torres ni para una mayoría de personas con discapacidad.

«Tras estos meses en los que se vienen incumpliendo sistemáticamente mis derechos de participación política sin que ningún responsable del Ayuntamiento haya puesto remedio a la situación, pongo en conocimiento del Gobierno de España todos estos hechos con el deseo de que pronto pueda ponerse fin a esta discriminación que sufrimos las personas sordas o con discapacidad auditiva del municipio de Santander», concluye su escrito Torres.

CONCEJAL DESDE ABRIL DE 2020

Alberto Torres se convirtió en el primer concejal sordo usuario de la lengua de signos en España al tomar posesión como concejal en abril de 2020. Aunque le correspondía haberlo hecho un mes antes, en sustitución de la delegada del Gobierno, Ainoa Quiñones, su nombramiento se postergó al cancelarse el pleno de marzo por la pandemia de COVID-19.

Nada más acceder a su cargo, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y la Confederación Estatal de Personas Sordad (CNSE) emitieron sendos informes que acreditan su grado de discapacidad y su necesidad de contar con intérpretes de lengua de signos «en todos los ámbitos y contextos comunicativos relacionados con el ejercicio de su cargo» en el Ayuntamiento de Santander.

En junio, el portavoz socialista solicitó formalmente a la alcaldesa, Gema Igual (PP), que declarara el derecho de Torres a contar con dos intérpretes –por motivos de descansos cada 20-30 minutos recomendados por la Federación Española de Intérpretes de Lengua de Signos y Guías-como «medida de accesibilidad para desempeñar sus funciones propias como concejal».

Responsable del área de Accesibilidad, Solidaridad y Juventud del Grupo Socialista, Torres ha elevado al Pleno propuestas como la Oficina Municipal de Discapacidad, que fue aprobada en el mes de noviembre de 2020 aunque el equipo de Gobierno (PP-Cs) todavía no ha dado ningún paso para su puesta en marcha.