El comité avisa de que la falta de personal en MARE provocará problemas en la recogida de basura este verano

Denuncia que MARE «se ahoga» y cree que el «paulatino deterioro» de la gestión esconde un intento de justificar su privatización

El comité de MARE (CC.OO, SIEP, USO y UGT), la empresa pública del Gobierno de Cantabria encargada de la gestión de los residuos, ha denunciado que ésta «se ahoga» por la constante reducción de personal que provoca una «deterioro paulatino de los servicios», que, según ha advertido, se va a notar especialmente este verano, donde habrá cubos de basura «desbordados» y sin recoger.

Además, los representantes de los trabajadores creen que el hecho de que no se cubran «puestos básicos» de estructura, «absolutamente necesarios y que ya estaban dotados presupuestariamente», esconde, a su juicio, «un intencionado y paulatino deterioro orquestado desde dentro de los servicios para poder justificar una privatización».

Así lo han denunciado este viernes en una rueda de prensa, en la que han advertido de que la situación de MARE, un medio propio del Gobierno de Cantabria y adscrita a la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente que lidera Guillermo Blanco, es «crítica» por una falta de personal que, según han señalado, ya resulta «escandalosa».

Han indicado de que, en 2014, la plantilla rondaba los 330-335 empleados y ahora no llega a 230. De ellos, 143 son de la parte operativa, que es la que presta propiamente el servicio y la que más se ha reducido, y los 87 restantes de la de gestión, que en algún ámbito se ha visto incluso aumentada.

«Hay 3.000 contenedores que recoger y menos conductores (de camión) que responsables», se han quejado los integrantes del comité, encabezados por su presidente, Nacho Modinos (CC.OO), quien ha advertido de la situación que habrá en verano, con cubos «desbordados» y sin recoger y residuos tirados fuera de ello, algo de lo que, a su juicio, habrá que responsabilizar, no a los trabajadores, «que trabajan mucho y bien», sino «a quienes la dirigen».

Junto a él también han estado otros miembros del comité César Simón (CC.OO), Jesús González (SIEP) y Pablo García (USO), quienes han insistido en su temor en la externalización de servicios, como, según han dicho, ha ocurrido con el servicio del quinto contenedor por falta de personal.

Esta falta de personal está haciendo que haya «más centros de trabajo que operarios», lo que está provocando «cierres rotatorios» de éstos, algo que «no es serio», y también que, por ejemplo, haya turnos en las depuradoras que no están cubiertos «por nadie».

La situación también afecta a la recogida selectiva de residuos, en la que, mientras ésta ha crecido un 50%, la plantilla se ha reducido ya un 16% y sigue bajando.

Además, han indicado que hay unas veinte personas que rotan permanentemente, con contratos incluso de una sola jornada.

«Para nosotros el no querer cubrir puestos básicos de estructura, puesto que son absolutamente necesarios y que ya estaban dotados presupuestariamente incluye un intencionado y paulatino deterioro orquestado desde dentro de los servicios para poder justificar una privatización», han denunciado.

CRÍTICAS A LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y PLAN DE IGUALDAD

Por otra parte, han censurado la valoración de puestos de trabajo que ha hecho la empresa «de forma unilateral», sin contar con los trabajadores, y que ahora se quiere «imponer».

En ella, prácticamente todos los puestos de trabajo, a excepción del del director económico y «gente afín a él» sufren una merma de salarios.

Consideran que la valoración hecha es «una tomadura de pelo y una falta de respeto a la plantilla» y, como ejemplo de ello, han citado que, por ejemplo, a los electromecánicos no se les reconoce el riesgo eléctrico, a los operarios de depuradoras el riesgo biológico, a los conductores del transporte interno, que cargan mucho peso no se les tiene en cuenta el esfuerzo físico y tampoco ven movimientos repetitivos en las personas encargadas de los desbroces.

Para el comité, detrás de esta valoración se esconde la intención de instaurar una estructura retributiva que «normalice» los «sobresueldos» y los complementos que se pusieron a parte de la plantilla, aunque la empresa lo «venda» como el paso previo a la negociación del convenio colectivo.

También han criticado cómo se está gestionado el Plan de Igualdad, donde, según han dicho, «se ha suplantado la representación legal de los trabajadores» porque lo han firmado personas que, según han dicho, no representan a la plantilla.