El CES pide una financiación «estable» para RTVE y aprobar el Mandato Marco «con prontitud»
El Consejo Económico y Social de España (CES) resalta la necesidad de configurar un marco de financiación estable para la Corporación RTVE, «con la fijación de cantidades mínimas y máximas a aportar por cada uno de los agentes que contribuyen a financiar el servicio público audiovisual».
Así lo pone de manifiesto el órgano consultivo en su dictamen sobre el anteproyecto de Ley General de la Comunicación Audiovisual, en el que avala la elaboración de una ley que sustituya a la actual, en lugar de reformarla, para acoger la nueva directiva europea.
En concreto, el CES pone de relieve la «necesidad de contar con una financiación suficiente, estable, y sostenible» para la Corporación RTVE, hasta ahora regulada en la Ley 8/2009, de 28 de agosto, de Financiación de la Corporación, y de acuerdo con la ley 17/2006, de creación de la misma.
En este sentido, pide que «se haga efectivo con prontitud» y se eleve a las Cortes para su aprobación el Mandato Marco de RTVE, así como recuerda que el anterior venció en 2017 y «es un instrumento necesario para, entre otros fines, concertar entre el Gobierno y la Corporación nuevos contratos programa trienales, del modo previsto en la Ley 17/2006, y especificar en su horizonte temporal el marco financiero, delimitando la aportación directa del Estado y las provenientes de los ingresos especificados en la Ley 8/2009».
«Esto permitiría la configuración de un marco de financiación estable, con la fijación de cantidades mínimas y máximas a aportar por cada uno de los agentes que contribuyen a financiar el servicio público audiovisual», sostiene en el dictamen al que ha tenido acceso Europa Press.
Por otra parte, el Consejo avala la creación de una nueva ley ante «la transformación que ha experimentado el panorama de los servicios audiovisuales como consecuencia de la aparición de nuevos servicios, del aumento de los canales de comunicación o de la generalización del uso de dispositivos de acceso a contenidos –como los teléfonos móviles, las tabletas y los ordenadores–«.
En relación con la comunicación audiovisual como servicio de interés general, el CES defiende una regulación que garantice «la libertad de información, la diversidad de opinión y el pluralismo de los medios». Así, el dictamen insiste en que la información y los servicios informativos «son servicios esenciales y deben regirse por los principios de veracidad, pluralidad, objetividad, neutralidad e independencia».
En cuanto a los servicios informativos, el Consejo ve preciso considerar fórmulas para articular la participación de grupos sociales relevantes, como complemento a la labor de la CNMC o autoridad de control independiente, «de cara a reforzar la pluralidad y transparencia en las líneas editoriales de entidades públicas de comunicación».
ALFABETIZACIÓN MEDIÁTICA E IGUALDAD DE GÉNERO
Respecto a los principios básicos de la comunicación audiovisual, el dictamen del Consejo insta a reforzar la alfabetización mediática y la igualdad de género, «proyectando una imagen equilibrada y plural de las mujeres en los medios y un uso no sexista del lenguaje».
Asimismo, el Consejo señala la «falta de referencias» del Anteproyecto a la dimensión laboral y a la calidad del empleo y recomienda incorporar «referencias que remitan al diálogo social sectorial y a la negociación colectiva».
También lamenta que el texto remitido para su valoración «muy probablemente» no haya sido el Anteproyecto definitivo, así como «el escaso plazo de tiempo» que ha tenido para realizar su labor consultiva.
Además, dada la importancia reguladora que tendrá el desarrollo reglamentario de la Ley General, el Consejo considera oportuno solicitar que se sometan a su dictamen aquellos desarrollos normativos para la ordenación del sector que resulten de especial relevancia para el ámbito consultivo de este órgano.
