El CEP denuncia la «financiación privilegiada» de 1.500 millones a policías autonómicas y dice que el 92% va a Mossos
La Confederación Española de Policía (CEP) ha denunciado este lunes que el Gobierno «se vuelca» en la «financiación privilegiada» de las policías autonómicas, administrando más de 1.500 millones de euros en los últimos seis años, de los que, según sus cálculos, el 91,7% es destinado a los Mossos d Esquadra.
En un comunicado, el CEP denuncia una «lluvia de millones» destinada a la financiación autonómica en los cuerpos policiales de Cataluña, Navarra y País Vasco y pide la cesión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ante la «ofensa» que supone esta financiación para el resto de cuerpos de seguridad.
La organización incide en que se trata de una inversión «nunca antes vista» y la cifra en 1.512 millones de euros, de los cuales el cuerpo policial catalán se habría convertido en el principal beneficiario, con más de 1.386 millones de euros inyectados entre 2021 y 2024.
El CEP argumenta que «todos los españoles estamos costeando una policía que atiende a una sola Comunidad Autónoma» y señala que el Gobierno aprobó partidas presupuestarias destinadas a aumentos en la plantilla, jubilaciones anticipadas y actuaciones de transición energética en edificios y vehículos.
«ABISMO» ENTRE EL MINISTERIO Y LOS POLICÍAS
El sindicato destaca que esta financiación «contrasta con el desprecio del Ministerio hacia las principales reivindicaciones de mejora de los derechos de los policías nacionales» y que esto constituye «un agravio escandaloso e indignante» hacia otros cuerpos de seguridad.
El sindicato de Policía –que declaró el conflicto colectivo– ha ironizado con la «generosidad» del Ejecutivo para dedicar «los fondos de todos a mejorar la seguridad de unos pocos», lo que, según el CEP, es otro ejemplo del «abismo» entre el Ministerio del Interior y los policías nacionales.
Critican que los agentes de la Policía Nacional «siguen sin tener la consideración de profesión de riesgo» ni cuentan con una «jubilación digna» y reivindican también la equiparación salarial con otros cuerpos de seguridad autonómicos.
