Higueras, «muy satisfecha» con el auto que respalda que la venta que hizo el PP de 1.860 viviendas de EMVS «fue ilegal»
MADRID, 28
La todavía presidenta de la EMVS, Marta Higueras (Más Madrid), se declara «muy satisfecha» con el auto del Juzgado de Instrucción número 38 que respalda, como siempre ha defendido su grupo, la asociación de afectados y el PSOE, que la venta de las 1.860 viviendas de la EMVS que firmó el PP fue «ilegal porque se hizo sin el más mínimo procedimiento y por debajo de su valor».
El juzgado ha prohibido cautelarmente al fondo Fidere vender las 1.860 viviendas que adquirió a la EMVS que en 2013 compró el fondo de inversión Blackstone y que ahora gestiona esta sociedad.
Así lo ha señalado en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que acepta las medidas cautelares solicitadas por la Asociación de Afectados por la Venta de las Viviendas de la EMVS. La resolución judicial establece que los responsables de Fidere se abstendrán a partir de ahora de proceder a cualquier enajenación o gravamen de contratos de arrendamiento sobre estos inmuebles.
La portavoz orgánica de Más Madrid, «como todavía presidenta de la EMVS e impulsora de las distintas acciones en los últimos cuatro años para devolver a la empresa el capital fraudulentamente vendido y que los responsables de dicha venta respondan de esa venta», se declara «muy satisfecha» de la decisión judicial, «que acepta la petición de medidas cautelares contra el anterior equipo» de la sociedad, del PP, entre ellas una fianza de 29 millones de euros a los acusados, así como la prohibición de enajenar los inmuebles afectados.
«Los delitos de prevaricacion, malversación y fraude son lo suficientemente graves y el juzgado respalda la postura que hemos mantenido junto a la Asociación de Afectados y el PSOE: la venta fue ilegal porque se hizo sin el más mínimo procedimiento y por debajo de su valor», ha indicado la edil. El resultado son «más de 1800 familias en situación incierta y el patrimonio público dilapidado». En Más Madrid esperan que esta decisión se confirme en la sentencia definitiva.
El juzgado exige una fianza de 29 millones de euros a los dos acusados en la causa reabierta por la Audiencia Provincial sobre la venta de estas viviendas, Fermín Oslé Uranga, quien fuera consejero delegado de la EMVS, y Alfonso Benavides Grases, apoderado de la entidad mercantil Fidere Vivienda, y de la que, en caso de no satisfacerla, Fidere responderá subsidiariamente. En el caso de Oslé, además, se fija otra fianza de 3 millones de euros.
LA AUDIENCIA PROVINCIAL REABRIÓ EL CASO
En mayo de este año, la Audiencia Provincial de Madrid reabrió el caso de la venta de vivienda pública al fondo de inversión Fidere por el equipo de Gobierno presidido por la exalcaldesa Ana Botella (PP).Con ello se decretaba continuar la investigación por los posibles delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y fraude que pudieran haber cometido los investigados anteriormente mencionados por esta enajenación de viviendas públicas.
El Juzgado de Instrucción número 38 de Madrid explica en su resolución que se tiene que considerar la hipótesis de una posible sentencia condenatoria, que supondría «una recuperación de una titularidad tanto de la propiedad como, en su caso, del contrato de arrendamiento».
En un informe de la Cámara de Cuentas también se señalaba que la venta se produjo sin fijar con carácter previo el valor de los inmuebles a enajenar ya que lo más parecido a ello es una estimación realizada por una entidad, que además resultó ser asesora de los adjudicatarios. A eso se sumaba que no existía una concurrencia real de eventuales compradores dada la información privilegiada que con carácter previo al acuerdo de la venta tuvieron cuatro compañías.
