El candidato a la Presidencia Rafael López condena el acuerdo de la Fiscalía con Odebrecht y pide revisarlo
Rafael López Aliaga, candidato a la Presidencia de Perú por el partido Renovación Popular, ha condenado el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y la constructora brasileña Odebrecht, que se encuentra en el centro de un entramado de corrupción que salpica a varios países de Latinoamérica, y ha pedido que se revise a nivel internacional.
Así, ha especificado que debería ser una «corte internacional» la que evalúe el acuerdo y ha matizado que dar marcha atrás «no afectará a las investigaciones por corrupción abiertas contra altos cargos y figuras políticas» en Perú, según informaciones de la emisora RPP.
López ha asegurado, además, que el acuerdo es «lesivo» para el país porque permite que Odebrecht siga operando en el territorio a cambio de una reparación que le resulta «ridícula».
En esa línea, ha sostenido que muchos de los investigados están ahora en libertad, por lo que ha insistido en que una revisión del acuerdo «no representaría un peligro para las investigaciones que realiza Fiscalía, debido a que ya se cuenta con las pruebas necesarias para continuar los procesos judiciales que corresponda».
«No se va a caer ninguna investigación fiscal, ya tenemos todas las pruebas, lo que considero que es lesivo es que si Odebrecht no nos paga el equivalente a lo que nos ha robado», ha afirmado.
En este sentido, ha expresado que considera que ese acuerdo «no vale para nada» y debe ser revisado para que «nos paguen realmente lo que nos han robado». Sobre la información obtenida en el marco de las investigaciones, López ha advertido de que la mayoría de datos proceden de Estados Unidos y de Ecuador, mientras ha acusado a Odebrecht de ofrecer información «a cuentagotas».
Asimismo, ha indicado que «ya se sabe todo por declaraciones de peruanos que también los han echado». «A cuentagotas han ido soltando (…) el proceso de Ollanta Humala ha avanzado lentísimamente», ha sostenido.
López ha garantizado así que, de llegar a la Presidencia, aplicará una multa administrativa a la empresa brasileña y solicitaría que se le incautara todos sus bienes en el país.
