El bloque de investidura apoya a la tramitación de la reforma de la ley mordaza , pero Junts ya avanza exigencias

Tellado acusa al PSOE de convertir a Aizpurua, que era «la voz» de ETA, en portavoz del Ejecutivo y de poner «grilletes» a los agentes

El PSOE, Sumar y sus aliados parlamentarios, incluidos Junts y Podemos, han avanzado este martes en el Pleno del Congreso su apoyo a la tramitación de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana aprobada por el PP en 2015, que fue rebautizada como ley mordaza por sus detractores. A la vista del rechazo de PP y Vox, todos los socios serán necesarios para que la reforma sea una realidad, y en este punto los de Carles Puigdemont ya han puesto sobre la mesa sus condiciones para la negociación.

La proposición de ley ha llegado al Pleno con la firma de PSOE, Sumar, Bildu, ERC, PNV y BNG, que han pedido que se tramite por el procedimiento de urgencia, reduciendo a la mitad todos los plazos, y que confían en que esté aprobada antes de que en 2025 la ley del PP cumpla una década.

El portavoz del Grupo Popular, Miguel Tellado, ha utilizado el turno en contra para tachar de «despreciable» que el Gobierno haya pactado la «ley Otegi» con Bildu. Y es que, a su juicio, la coalición abertzale se ha cobrado su «precio más apetitoso» al «rebajar la protección a un colectivo siempre ha tenido en el punto de mira».

Para Tellado, la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, «ha pasado de ser la voz de una banda terrorista a través de un medio de comunicación a ser la voz del Gobierno de España». «La misma persona que halagaba a los gudaris que, según ella, iban a la guerra contra la Policía y la Guardia Civil, es ahora la que decide cómo debe desprotegerse a estos agentes. Debería darles vergüenza», ha dicho a los socialistas.

También Vox, a través de Íñigo de Hoces, ha censurado el pacto con Bildu rebautizando la proposición como «ley de inseguridad ciudadana de los herederos políticos de los terroristas», denunciando que «abandona a su suerte a las Fuerzas de Seguridad» y acusando a los socialistas de «desmantelar el orden público» para poder aprobar los Presupuestos para 2025. En una línea parecida, Alberto Catalán, de UPN, ha acusado al ministro del Interior Fernando Grande Maslaska de «lavarse las manos» ante este panorama.

DEJEN DE USAR A LAS FCSE

En contra del argumento de Tellado de que la reforma no quita ninguna mordaza «porque es inexistente» sino que «pone grilletes» a los agentes, el portavoz de Interior del PSOE, David Serrada, ha defendido que la seguridad del Estado va a seguir en manos de las Fuerzas de Seguridad.

Además, ha acusado al PP de hacer un uso «político y partidista» de la Policía y la Guardia Civil, aunque ha asegurado que ya no podrán volver a «engañar» a unos agentes a los que, entre otras cosas, prometieron una equiparación salarial que, a su juicio, nunca iban a cumplir.

«Dejen de usarlos políticamente para algo que saben que no van a poder parar», ha dicho Serrada, dando por hecho que la reforma saldará adelante y servirá para «dotar a la ciudadanía de m ás libertad y seguridad».

Desde Bildu, Jon Iñarritu ha echado en cara a Tellado que no se haya «preparado» su intervención. «No tiene ni idea», le ha soltado, antes de subrayar que «recurrir al instrumento de la falacia ad hominem denota una incapacidad para el debate de fondo» y de recordarle que la reforma va en la línea solicitada por la Comisión de Venecia, el Consejo de Europa, relatores de Naciones Unidas.

EL PP PIDE EL APOYO DE BILDU

«¿Qué ocurre? ¿Que la ONU, la Comisión de Venecia y el Consejo de Europa son ETA también?», le ha preguntado, a la vez que ha destacado que el PP se queja de que el PSOE selle acuerdos con Bildu cuando ellos mismos piden el apoyo de la coalición abertzale –y también de Junts– a sus iniciativas para intentar derrotar al Gobierno.

Desde Sumar, Enrique Santiago ha defendido que esta reforma es una «urgencia democrática» que permitirá garantizar «una mayor seguridad humana» a través de «más libertades» y de «derogar los contenidos liberticidas» de la norma vigente. Además, ha querido enviar un mensaje de «tranquilidad» a los sindicatos policiales, a los que ha pedido que «no se dejen manipular» por la derecha y no obvien que ha sido el Gobierno de coalición el que ha incrementado sus plantillas y sus sueldos.

«Estamos probablemente ante la última oportunidad para acabar con la ley mordaza y los y las demócratas no tenemos excusa para dejarla pasar», ha enfatizado Santiago.

LAS CONDICIONES DE JUNTS

En nombre de Junts, Josep Pagès, ha recalcado que su formación no acepta «el chantaje de la adhesión total o nada» y, aunque ha anunciado su apoyo a la toma en consideración, ha puesto condiciones para poder respaldar la reforma en su votación final.

Así, ha pedido corregirla porque, a su juicio, si se aprueba como se propone se podrán seguir usando pelotas de goma en Cataluña y se continuará criminalizando la protesta democrática al trasladar la responsabilidad de las acciones de los manifestantes a los convocantes.

También ha reclamado dar marcha atrás en el «marlaskazo», como se ha referido al decreto que introducirá nuevas obligaciones en los registros de turistas en hoteles y para alquiler de vehículos y que, según Junts, supone una «intromisión inaceptable en la intimidad de las personas». «Sin hacer frente a estas cuestiones, anunciamos ya que será muy difícil que la tramitación de la ley pueda llegar a buen puerto», ha advertido Pagès.

PODRÍA SER MENOS AMBIGUA

En representación de ERC, Francesc Marc Álvaro ha admitido que la proposición de ley podría ser menos ambigua si fijara una fecha concreta para la prohibición de las pelotas de goma o eliminara explícitamente las devoluciones en caliente . «Pero la política es ponerse de acuerdo», ha asumido, antes de congratularse de que la Ley de Seguridad Ciudadana pueda dejar de ser la «ley bozal».

El PNV ha criticado que el PSOE y Bildu anunciaran su acuerdo bilateral en vez continuar negociando con los demás para «limar diferencias» y no dejarlas «al escrutinio» del PP y Vox. Además, Mikel Legarda ha adelantado que se reservan «el derecho a la reconsideración, en su caso, de alguna cuestión fruto del equilibrio de cesiones mutuas que quizá ahora pudiera haber quedado algo descompensada» y ha avisado de que no dan por cerrados acuerdos en los que no hayan participado previamente.

Martina Velarde, de Podemos, ha remarcado que lo que considera una «reforma parcial» de la ley llega tarde, es insuficiente porque no supone un «avance» y debe ser mejorada en el trámite de enmiendas. También Néstor Rego, del BNG, ha anunciado que presentará hará aportaciones para que la ley sea «plenamente respetuosa con los derechos democráticos» y que su posición en la votación final dependerá de que así sea.