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El Banco de España tramita 9 expedientes sancionadores en 2024 y multas por valor de 2,5 millones


El Banco de España tramitó nueve expedientes sancionadores contra 18 entidades y 37 cargos o personas físicas durante 2024, según los datos que se recogen en la Memoria de Supervisión que el supervisor ha publicado este martes.

El organismo también ha explicado que resolvió cinco expedientes en 2024, de los cuales dos se habían incoado ese mismo año. Esos expedientes estaban dirigidos contra cinco entidades y 25 cargos o personas físicas.

Banco de España ha explicado que ejerce su potestad sancionadora «tanto en el ámbito prudencial como en el ámbito de la transparencia y la protección de la clientela». Así, se impusieron multas por un importe agregado de 2,5 millones de euros, así como otro tipo de sanciones, como la inhabilitación.

En el ámbito prudencial, Banco de España puso el foco en el control interno de las entidades, la gestión de sus riesgos y su gobernanza –con especial atención a la gestión de los conflictos de interés y al cumplimiento de los requisitos en materia de remuneraciones–, así como en la lucha contra el intrusismo.

En este sentido, en el año 2024 se resolvió un expediente frente a una cooperativa de crédito y sus cargos de administración y dirección. Además, al cierre del año se encontraba en tramitación otro expediente dirigido a una entidad de crédito significativa y sus cargos de administración, cuya incoación, en 2024, había sido solicitada por el Banco Central Europeo, de acuerdo con el reparto de competencias supervisoras del Mecanismo Único de Supervisión.

También en 2024 se incoó un expediente frente a una entidad de pago y su administrador único, así como frente a titulares de participaciones significativas. El motivo es el posible incumplimiento de sus obligaciones de comunicación y notificación previa, que permiten al Banco de España la valoración de la idoneidad de los accionistas de este tipo de entidades.

Respecto a realizar sin autorización actividades reservadas, se resolvieron dos expedientes en 2024: uno por captación de fondos reembolsables del público –incoado en ese mismo año– y otro por cambio de moneda. Respecto a la utilización de denominaciones reservadas a las entidades de crédito y a los supuestos de falta de cooperación con la inspección, se resolvió un expediente en 2024. Además, el año pasado se incoaron otros tres expedientes, que se encontraban en tramitación al finalizar el año.

El supervisor ha explicado que las sociedades de tasación y sus cargos de administración siguieron siendo una prioridad supervisora; en particular, respecto a control interno, independencia, cumplimiento de las incompatibilidades y a la correcta aplicación de los métodos de valoración. En 2024 se incoaron dos expedientes en esta materia, habiéndose resuelto uno de ellos y encontrándose el otro en tramitación al terminar el año.

En lo referente a la transparencia y protección de la clientela bancaria, al cierre del año se encontraba en tramitación un expediente incoado en 2024 en el que se investiga, entre otras cosas, la presunta vulneración de la prohibición de realizar ventas vinculadas de préstamos hipotecarios y seguros

SUPERVISIÓN DE CONDUCTA

Sobre la supervisión de conducta –labor que tiene como objetivo verificar si las entidades se ajustan a la normativa de transparencia y protección de la clientela–, se llevaron a cabo actuaciones sobre aplicación de normas para atender a clientes en dificultades, sobre la venta conjunta de seguros e hipotecas, sobre el modelo de negocio de bancos digitales y sobre el funcionamiento de los servicios de atención al cliente, entre otros.

«En un contexto de rápidas subidas de los tipos de interés, que pueden impactar negativamente en la capacidad de pago de los deudores, las actuaciones relativas a los clientes bancarios en posible situación de dificultad financiera tuvieron un carácter continuista respecto a años anteriores», explica el Banco de España en el documento.

En las actuaciones realizadas en el ámbito hipotecario se analizó el grado de aplicación de las medidas de protección establecidas en los Códigos de Buenas Prácticas a los que están adheridas las entidades, así como la información facilitada a los clientes sobre la posibilidad de acogerse a ellas.

En total, se llevaron a cabo 85 actuaciones supervisoras concentradas, fundamentalmente, en crédito inmobiliario (26), servicios de pago (15), crédito al consumo (12) y cuentas y depósitos (9). Otras 23 fueron para publicidad, servicios de atención al cliente, financiación a pymes, etc.

Como resultado de las actuaciones supervisoras realizadas, Banco de España incoó un expediente sancionador y formuló 144 escritos de requerimientos y de solicitudes de cese o rectificación de conducta, de los que 53 se realizaron en el marco de la supervisión de la actividad publicitaria, y 72 escritos con recomendaciones y aclaraciones.

La Memoria de Supervisión del Banco de España también hace mención al proceso de revisión y evaluación supervisora (SREP, por sus siglas en inglés) de las entidades, un proceso anual por el que se determina el perfil de riesgo de una entidad y sirve para asignar el requerimiento de capital (P2R y P2G).

Como resultado del SREP, en 2024 se han realizado un total de 70 requerimientos y recomendaciones de carácter cuantitativo y cualitativo, de los que 23 son requerimientos vinculantes.

Respecto al riesgo de crédito, no se identificaron entidades con alto nivel de activos dudosos. No obstante, en algunos sectores residuales las exposiciones dudosas continuaban siendo elevadas, por lo que se requirió o recomendó a las entidades afectadas la introducción de una estrategia de reducción de estas. En dos casos se incluyó un requerimiento de capital adicional específico por la diferencia entre la expectativa supervisora de cobertura de exposiciones dudosas y las provisiones contables registradas.

En materia de riesgo operacional, se instó a tres entidades significativas a reforzar el sistema de provisiones para cubrir, anticipada y suficientemente, las contingencias legales por la conducta de mercado, con especial atención a los gastos hipotecarios.

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