El Banco de España reclama más impuestos medioambientales para avanzar en la transición ecológica
La mayor recaudación permitiría reducir la fiscalidad del trabajo e implantar medidas compensatorias para hogares vulnerables
El Banco de España considera «imprescindible» potenciar y mejorar la fiscalidad medioambiental en España para que la economía pueda avanzar eficientemente y con menores costes en el proceso de transición ecológica, y sostiene que un aumento de la recaudación en este ámbito podría destinarse a reducir otros impuestos y a compensar los costes de transición de las empresas y familias más vulnerables.
En un capítulo sobre cambio climático contenido en su Informe Anual, el supervisor recalca que son las políticas públicas, especialmente en materia fiscal y en el ámbito de la regulación de la actividad económica, las que deben desempeñar «un papel protagonista» en la transición ecológica.
Esto es así dado que los gobiernos y los parlamentos gozan de la necesaria legitimidad para establecer los tiempos y la forma con los que la economía y la sociedad han de acometer la transformación estructural y disponen del conjunto de instrumentos «más amplio, granular y adecuado» para alcanzar los objetivos propuestos de la manera más eficiente.
El director general de Economía y Estadística del Banco de España, Ángel Gavilán, ha indicado que el principal instrumento que deben utilizar los gobiernos es la imposición medioambiental, un campo en el que España tiene «mucho recorrido», pues se encuentra, de manera persistente, en el grupo de economías de la UE-27 en las con menor recaudación relativa de la fiscalidad medioambiental, con una brecha de casi 1 punto porcentual frente a la media durante las últimas dos décadas.
En 2019, el diferencial negativo de España fue de 0,8 puntos, debido, en un 67%, a los menores impuestos sobre la energía y, en particular, sobre los hidrocarburos.
«La fiscalidad medioambiental es clave para la transición ecológica. Hay que avanzar en este terreno, hay que rediseñar y optimizar la fiscalidad medioambiental», ha insistido Gavilán, quien ha apuntado que el Libro Blanco sobre la Reforma Tributaria publicado el pasado mes de marzo es un punto de partida para valorar una posible revisión integral de la fiscalidad medioambiental en España.
Según Gavilán, una mayor recaudación medioambiental podría permitir reducir las distorsiones impositivas que generan otros impuestos en la economía. «Si al tiempo que aumentas la fiscalidad medioambiental, que te permite una mayor recaudación, reduces los impuestos al trabajo, que son muy distorsionadores, puedes llegar a tener un impacto positivo sobre la actividad», ha explicado el director general de Economía y Estadística.
COMPENSAR TEMPORALMENTE LOS COSTES DE EMPRESAS Y HOGARES VULNERABLES
Por otro lado, el Banco de España ha advertido de que el impacto de los riesgos físicos y de transición, con el previsiblemente incremento en el precio de los bienes y servicios más contaminantes, será heterogéneo entre sectores, empresas y hogares.
En el caso de las familias, el impacto será más acusado sobre los hogares con menor nivel de renta, aquellos cuyo cabeza de familia tiene entre 35 y 45 años, los que residen en zonas rurales, los que tienen un menor nivel educativo y los que presentan un mayor número de miembros.
En cuanto a las empresas, el modelo CATS del Banco de España refleja que, si aumentase el precio de los derechos de emisión de forma similar a los últimos años (de 25 euros a 100 euros por tonelada de CO2 entre 2019 y febrero de 2022), los sectores más afectados, tras los energéticos, serían otros productos minerales no metálicos, el transporte aéreo y el papel.
Si además a ello se añadiese una generalización de la cobertura del sistema, por detrás de los energéticos se verían más afectados el sector de transporte (marítimo, aéreo y terrestre) y el de agricultura, ganadería y pesca. Asimismo, las empresas de menor tamaño se verían más afectadas que las más grandes.
El Banco de España cree que sería conveniente que las políticas públicas articulasen mecanismos para compensar, con carácter temporal, a los hogares y empresas más vulnerables.
«Por motivos de equidad, porque no tienen culpa y deberíamos ayudarles a que en el corto plazo esa transición sea más duradera, y por motivos de eficiencia, porque si los grupos más afectados por la transición ecológica no apoyan este proceso, no se va a llegar a producir o no lo va a hacer con la velocidad e intensidad necesaria para que sea eficiente», ha advertido Gavilán.
En este contexto, el Banco de España indica que parte del aumento de la recaudación derivada de una mayor fiscalidad medioambiental podría destinarse a desplegar medidas compensatorias que redujeran los costes de la transición ecológica para los hogares y empresas más vulnerables.
NECESIDAD DE EVALUAR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
Además de desincentivar las actividades medioambientalmente más dañinas a través de la imposición medioambiental, el Banco de España ha resaltado que la política fiscal también debe desempeñar un papel fundamental en el impulso del cuantioso volumen de inversiones que son necesarias para facilitar la transición y ve «deseable» fomentar también la inversión privada en tecnologías verdes mediante subvenciones.
El supervisor también propone intervenciones de las autoridades públicas en el ámbito de la regulación para impulsar la transición ecológica, como las iniciativas que establecen objetivos de calidad del aire, las normas de rendimiento energético en la promoción y renovación de edificios, las normas que exigen ciertos estándares en la fabricación de automóviles y los objetivos de penetración de fuentes de energía renovable en la generación de energía eléctrica.
En cualquier caso, en este contexto de un proceso de transformación estructural «extraordinariamente incierto», el Banco de España ve imprescindible que las políticas públicas proporcionen «certidumbre» a los distintos agentes económicos y favorezcan un marco operativo estable en el que estos puedan adoptar sus decisiones de consumo, inversión y producción con las máximas garantías.
Además, el supervisor ha avisado de que para alcanzar los objetivos medioambientales propuestos sin malgastar recursos y evitando efectos indeseados sobre la actividad debe hacerse una evaluación continua de las políticas públicas, lo que a su vez exige elevar el volumen y la calidad de información granular disponible en materia medioambiental. «Esto no existe a día de hoy», ha reconocido Gavilán.
EL SECTOR FINANCIERO, IMPRESCINDIBLE
El informe del Banco de España también hace hincapié en que, para movilizar el enorme volumen de recursos que requieren la lucha contra el cambio climático y la transición ecológica, es imprescindible la participación activa del sector financiero.
«Para realizar esta tarea de forma eficiente, es indispensable que todos los participantes en el sistema financiero y en los mercados de capitales puedan identificar correctamente el grado de exposición que ellos mismos y el resto de los agentes económicos presentan a los distintos riesgos físicos y de transición asociados al cambio climático y que incorporen esa información activamente en su gestión de riesgos», señala.
En materia de regulación y de supervisión prudencial, el Banco de España recuerda que se está trabajando para que las entidades de crédito estén preparadas para identificar, medir, gestionar e informar adecuadamente sobre los riesgos financieros asociados al cambio climático, lo que contribuye al proceso de transición ecológica.
El sector bancario está expuesto a los riesgos derivados del cambio climático y de la transición ecológica, fundamentalmente, a través del crédito concedido a las actividades productivas. En cualquier caso, el análisis top-down del Banco de España muestra un impacto moderado en el sector bancario español de los riesgos climáticos en el corto plazo.
