El Banco de Españ a pide evaluar los incentivos al empleo y concentrarlos en colectivos especí ficos

El Banco de España considera necesario realizar una evaluación detallada de los distintos programas de bonificaciones que se aplican en España como incentivos a la contratación para comprobar si son o no realmente eficaces. Además, insta a concentrarlos en colectivos muy específicos, con especiales dificultades de empleo, para maximizar su efectividad y minimizar su coste para las finanzas públicas.

Así lo demanda en un artículo en el que realiza una evaluación del programa de bonificaciones sociales que estuvo vigente entre 2006 y 2012 para el colectivo de mayores de 60 años.

La entidad precisa que, aunque los resultados contenidos en este artículo se circunscriben únicamente a este programa de incentivos y no son extensibles a las bonificaciones actualmente en vigor, sí que ponen de manifiesto la necesidad de evaluar los distintos incentivos que se aplican para detectar aquellos que son más eficaces.

El Banco de España recuerda que la evidencia empírica internacional sobre la efectividad de este tipo de programas tiende a mostrar que, en general, éstos tienen un «elevado» coste presupuestario, con «efectos reducidos, aunque positivos», sobre los colectivos a los que se dirigen, sin afectar al nivel de empleo agregado.

El programa concreto que analiza en este artículo la institución que gobierna Luis María Linde fue introducido en el año 2006 con la intención de ayudar a mantener en el empleo a los trabajadores de 60 años o más, con un contrato indefinido y con al menos cinco años de antigüedad en la empresa.

Para ello se bonificaban las cotizaciones de las empresas a la Seguridad Social en un 50% para los trabajadores de 60 años, con un aumento de 10 puntos por año hasta un máximo del 100% al alcanzar los 64 años.

El Banco de España señala que la eliminación de este programa de cotizaciones en julio de 2012 provocó un aumento «inesperado» del coste laboral de las empresas que empleaban a trabajadores afectados por estos incentivos de entre el 10% y el 22,2% en función de la edad del trabajador.

COSTE ALTO, BENIFICIO REDUCIDO Y MUY CONCENTRADO

Además, coincidiendo con la eliminación de los incentivos, el organismo emisor observa un aumento de la probabilidad de perder el empleo para el colectivo afectado. Así, señala que la probabilidad de que un trabajador perdiera su empleo entre agosto y diciembre de 2012 aumentó del 6,7% al 8,5% una vez suprimidas las bonificaciones.

«El fin de los subsidios al mantenimiento del empleo originó un aumento reducido, de 1,8 puntos, aunque estadísticamente significativo, en la probabilidad de que un trabajador mayor de 60 años perdiera su empleo», apunta.

El colectivo que experimentó el mayor incremento en la probabilidad de perder su empleo después de la supresión de las bonificaciones fue el de los trabajadores de 64 años, lo que demuestra que el impacto de la eliminación de las bonificaciones tiende a ser creciente con la edad, según el Banco de España.

También aprecia que la probabilidad de perder el empleo aumentó para aquellos trabajadores con baja cualificación (del 6,8% al 8,8%), frente a un resultado poco significativo entre los de alta cualificación.

Por antigüedad, el análisis revela que, tras desaparecer los incentivos, los trabajadores con menor antigüedad en la empresa elevaron su probabilidad de perder el empleo en 2,7 puntos, frente al incremento de 1,9 puntos de quienes llevaban entre 10 y 17 años en la empresa.

En cambio, para los que llevaban más de 18 años en la empresa, el impacto de la supresión de las bonificaciones no fue significativo, lo que podría sugerir, según el Banco de España, que los «elevados costes del despido asociados a los trabajadores con mayor nivel de antigüedad habrían actuado como incentivo suficiente» para mantenerles en la empresa.

En cuanto al coste, el Banco de España estima que la eliminación de este programa de bonificaciones conllevó una pérdida de salarios por valor de 3,1 millones de euros en diciembre de 2012 como consecuencia de los trabajadores que perdieron su empleo, lo que a su vez supuso un recorte de 1,1 millones en ingresos en cotizaciones. Al mismo tiempo, los gastos en prestaciones por desempleo derivados de la destrucción de puestos de trabajo en el colectivo se incrementaron en 1,1 millones. En el lado contrario, la Seguridad Social ahorró 41,7 millones de euros por la desaparición de estos incentivos, una cifra que la entidad ve «significativa».

Así, para el Banco de España, estos datos apoyan la evidencia empírica de que estos programas de bonificaciones tienden a mostrar un «elevado peso muerto», dado que no afectan de manera significativa a las decisiones de empleo de las empresas y de que su coste no se recupera en términos de mayores salarios o cotizaciones o en menores prestaciones por desempleo.

Entre 2004 y 2011, España fue uno de los países de la OCDE que más gastó, en porcentaje del PIB, en incentivos al empleo, con un 0,3% de media en el periodo, sólo superado por Bélgica, Suecia, Dinamarca y Luxemburgo. En cuanto al porcentaje del empleo afectado por bonificaciones, España ocupó el primer puesto en estos años, con un 8,6% del empleo, frente al 1,7% de media en la OCDE.