El Ayuntamiento: «La sentencia conmina a devolver las facturas y no es un sobrecoste»
«La intención ha sido ahorrar a los vecinos casi 2,3 millones en las deducciones de las facturas», dice el Consistorio
El Ayuntamiento de Santander ha indicado que la sentencia conocida ayer, jueves, del Juzgado de lo Contencioso número 2 que condena al Consistorio a devolver más de 2 millones de euros a la anterior adjudicataria del servicio de parques y jardines de la ciudad, la UTE-Jardines Santander, «conmina a devolver las cantidades retenidas que se aplicaron a las facturas de los años 2019 a 2021 en base al informe de control financiero de Intervención», y «no es un sobrecoste del servicio».
En un comunicado difundido este viernes, la administración local ha precisado que el auto, que no es firme ya que cabe interponer recurso, «obliga a devolver esas retenciones –unos 2,3 millones– que se aplicaron por responsabilidad, fruto de informes del servicio económico municipal que evidenciaban que no se estaba llevando a cabo el cumplimiento estricto del servicio», cuantías a las que según fuentes sindicales habría que sumar los intereses, unos 600.000 euros, que elevarían el total a cerca de 3 millones.
«La intención del Consistorio ha sido ahorrar a los santanderinos casi 2,3 millones de euros en las deducciones de las facturas, aunque, si el Juzgado considera que no eran correctas, se procederá a su devolución tras el análisis de la sentencia por parte de los servicios jurídicos y en el caso de que no se considere recurrir al Tribunal Superior de Justicia de Cantabria», ha apuntado el Ayuntamiento, que cree que «debe velar por los intereses económicos de todos los santanderinos».
Así, «si existe un informe de control financiero con datos objetivos detectados por Intervención tiene la obligación de actuar, ya que se trata de una decisión justificada en un expediente y nunca atendiendo a criterios caprichosos o arbitrarios».
Desde el Consistorio santanderino, añaden, «se mantiene la firmeza en la exigencia del cumplimiento de los contratos que las empresas mantienen con la Administración local para la prestación de los diferentes servicios».
Por eso, ha avisado, «se adoptarán todas aquellas medidas que, de acuerdo a lo que establezcan los diferentes departamentos técnicos municipales, haya que poner en práctica para asegurar la prestación con las máximas garantías y estándares de calidad de los servicios públicos en la ciudad».
A este respecto, el Ayuntamiento ha indicado que los servicios jurídicos municipales van a analizar «exhaustivamente» la sentencia, lo que permitirá que en los próximos días el equipo de gobierno del PP realice la pertinente valoración.
POSTURA DESTRUCTIVA DE LA OPOSICIÓN
No obstante, el Consistorio ha lamentado la postura «destructiva» de la oposición, que «únicamente se limita a criticar toda la gestión municipal sin aportar alternativas», cuando precisamente y a su juicio, esta sentencia «constata que se ha ejercido con rigor esa tarea de controlar el cumplimiento de los contratos firmados por el Consistorio con empresas externas».
«La oposición parece desconocer que existen unos sistemas muy rigurosos del control del gasto municipal y, ante la mínima duda de que un servicio no cumpla con sus obligaciones contractuales y siempre que existan informes técnicos que lo justifiquen adecuadamente, se debe actuar».
Y según el equipo de gobierno, «la oposición quiere otra vez y como ya están acostumbrados, que se adopten acuerdos en contra de lo indicado por los servicios de fiscalización».
A la sentencia han reaccionado, hasta ahora, el PSOE, que ha exigido dimisiones en el equipo del gobierno del PP por la «gestión negligente» y la «cadena de errores políticos» en el contrato, y el PRC, que ha tachado de «demoledora» la resolución judicial y ha criticado la «incapacidad» del PP.
