El Ayuntamiento de Santander rechaza la privatización del Palacio de Cortiguera y «no desiste» de su uso municipal

Acata la sentencia que pone fin a la comisión de investigación de basuras pese a la negativa de la oposición

El equipo de Gobierno de Santander (PP) ha trasladado que «no considera acertada» la posible privatización del Palacio de Cortiguera, propiedad del Estado, y aunque se ha anunciado que saldrá a subasta el Consistorio «no ha desistido» de que el edificio pueda destinarse a usos de carácter sociocultural.

Así lo ha manifestado el concejal de Fomento, Agustín Navarro, en el Pleno municipal celebrado este miércoles, cuestionado por Vox sobre este asunto después de que a comienzos de este mes se anunciara tras una reunión entre la delegada del Gobierno en Cantabria, Eugenia Gómez de Diego (PSOE), y la alcaldesa, Gema Igual (PP), que el Ejecutivo central ya no iba a rehabilitar el inmueble sino que lo sacaría a subasta, y que el Ayuntamiento no pujaría.

Para dar cabida a esa rehabilitación era necesario que el Consistorio hiciera una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que, según el edil, aún no se ha concluido porque «sigue pendiente la emisión de un informe por parte del Ministerio del Interior».

Por otro lado, el Pleno ha acordado este miércoles su conformidad con la reciente sentencia judicial que zanja el pleito sobre la comisión de investigación del contrato de basuras y ha acordado no recurrir, aunque lo ha hecho solo con los votos del equipo de Gobierno del PP en mayoría y sin el visto bueno de la oposición.

En este sentido, la alcaldesa y el concejal Daniel Portilla han trasladado a los grupos que «se han llevado tres sentencias y tres bofetadas» respecto a este asunto, en el que entienden que ya «no cabe más debate» después de que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Santander ha considerado que las comisiones anteriores a la Corporación actual que salió en mayo de las urnas están extinguidas y de que el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha declarado nula la modificación del Reglamento municipal que permitió la creación de citada comisión de investigación.

La Secretaría General, los servicios jurídicos del Ayuntamiento y «por tres veces los jueces les han quitado la razón», ha señalado la regidora a la oposición, reiterando que si el PP no quería esa comisión era por los informes de estos órganos que apuntaban a que «no se puede cambiar el Reglamento orgánico del pleno» de la forma en la que se hizo.

Desde la oposición, el PSOE ha criticado que el Ayuntamiento acuerde no recurrir la sentencia por voluntad de «la alcaldesa y los concejales del PP» tras haber «dado vueltas para demandar» y ahora «allanarse, y todo queda en casa».

En la sesión plenaria de hoy se han debatido además seis mociones de la oposición de las que han salido adelante dos, una del PSOE -gracias al único apoyo del PP- en torno a la delimitación de las zonas acústicamente saturadas (ZAS) de cara a su incorporación en el futuro Plan de Acción contra el ruido, y otra de Vox que ha logrado la unanimidad, para detectar las zonas de la ciudad con iluminación deficiente y mejorarlas para aumentar la seguridad vial y de los peatones.

En este punto varios grupos han coincidido en que la falta de iluminación es una de las quejas recurrentes de los vecinos, y el equipo de Gobierno han apoyado la propuesta dado que las medidas que pide ya «se vienen desarrollando de forma habitual». No obstante, la concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo, ha apuntado que, de un total de 2616 accidentes registrados desde 2019, en apenas 18 de se puede considerar como factor influyente la iluminación.

CARRIL BICI REINA VICTORIA

De las seis mociones debatidas, la que ha generado más discusión ha sido la del PRC para pedir que el carril bici entre Gamazo y La Magdalena –que parte del CEAR de Vela y sube por la Cuesta del Gas y San Martín para continuar por Reina Victoria– recupere su trazado original y transcurra por la playa de Los Peligros con el objetivo de garantizar la seguridad de ciclistas, viandantes y usuarios del TUS, así como para recuperar las más de 150 plazas de aparcamientos eliminadas.

Para los regionalistas este tramo es un «punto negro de la circulación viaria» dada la confluencia con autobuses y la velocidad a la que circulan los vehículos, «provocando incidentes de manera habitual», pero éstos solo han recabado el apoyo de Vox, mientras que el resto han opinado que plantea una visión «cochecentrista» y supone «una vuelta al pasado».

«Que nos cuestionemos si tiene que haber carril bici o no, es arcaico», ha sentenciado la alcaldesa, que en este punto también ha criticado al PSOE por «acreditarse» el mérito de que las nacionales N-611 y N-623 vayan a contar con nuevos carriles bici tras el anuncio del Ministerio de Transportes de que invertirá casi 12 millones en estas carreteras, cuando «no querían» habilitarlos.

CENSO DE EDIFICIOS CON AMIANTO, EN 3 MESES

Por otro lado, el PP ha tumbado una moción de IU-Podemos –que sí han apoyado el resto de la oposición– que pedía un informe de los edificios con amianto de la ciudad, porque según el equipo de Gobierno ya se está trabajando en ello y se dispondrá de un censo en un plazo de tres meses, según han anunciado.

De hecho, han explicado que ya hay un pliego redactado para el contrato, que será menor, e incluirá la elaboración de un censo preliminar y uno detallado. En el primero se incluirán las instalaciones que podrían contener amianto y en el segundo se comprobará si es así.

Y también los populares han avanzado que en la próxima Junta de Gobierno Local se aprobará la nueva regulación de las ayudas económicas municipales para situaciones de urgente necesidad. Lo han dado a conocer en el debate de otra moción de IU-Podemos que tampoco ha salido adelante, en la que el grupo reclamaba aprobar a la mayor brevedad esa ordenanza e incorporar un procedimiento de urgencia que simplifique los trámites.

EL REGIMIENTO

En el turno de preguntas se han abordado los problemas surgidos tras la renovación del campo de fútbol de El Regimiento, donde los usuarios se han quejado de que el nuevo césped mancha y tiñe de negro tanto la piel como las equipaciones de los jugadores, además de que se producen inundaciones en algunos sectores pese a la reciente obra o que la iluminación está «mal enfocada», como ha denunciado el portavoz socialista, Daniel Fernández.

Como ya dijo ayer la alcaldesa, la concejala de Deportes, Beatriz Pellón, ha señalado que el director de obra y técnicos municipales están «en constantes conversaciones» con la empresa que ha realizado los trabajos para buscar soluciones «lo antes posible», por lo que «para las reuniones de los próximos días esperemos tener mejores noticias».

Y ha reiterado que la actuación cuenta con todos los informes técnicos favorables y que no se ha encontrado ninguna sustancia que sea tóxica en el césped, por lo que el problema se achaca a la «excesiva humedad producida por las abundantes lluvias» en el periodo de secado.

Y entre otros asuntos, el regionalista Felipe Piña ha preguntado al equipo de Gobierno por el estado del proyecto del edificio de la Calle Limón, propiedad del Obispado y sujeto un convenio con el Ayuntamiento para la construcción de un albergue de peregrinos.

Pero, como se ha señalado, está «paralizado» porque tras aprobarse el derribo en diciembre de 2022 una empresa hostelera presentó un recurso al convenio y se está «a la espera del dictamen del Consejo de Estado».