El anterior Gobierno canario dice que Salud avaló el contrato de la trama Koldo y repitió por «buenos resultados»
Defiende que hubo mascarillas que no cumplían lo pactado y se pagaron por debajo del precio contemplado, pese a las quejas de la empresa
El exviceconsejero de Presidencia de Canarias y actual jefe de gabinete del ministro Ángel Víctor Torres, Antonio José Olivera, ha explicado este lunes que la empresa vinculada a la trama Koldo se puso en contacto con él para el contrato de mascarillas a través de una propuesta económica que posteriormente fue avalada por el Servicio Canario de la Salud. Y ha explicado que se volvió a contratar por segunda vez con Soluciones de Gestión «dados los buenos resultados» en la entrega del primer pedido.
Así lo ha expuesto Antonio José Olivera en la comisión del Congreso que está investigando la compra de material sanitario durante la pandemia. Desde aquí, ha precisado que a partir del Covid se convirtió en director del Servicio Canario de la Salud.
En este contexto, el administrador único de la empresa vinculada a la trama Koldo, Íñigo Rotaeche, se pone en contacto con él el 21 de abril de 2020 para trasladarle que iban a realizar una entrega de mascarillas a Puertos del Estado y que tenían capacidad de suministrar mascarillas adicionales, aunque no recuerda si le mencionó al ex asesor ministerial, Koldo García.
Según ha explicado, Antonio José Olivera le pide que le envie un correo electrónico con la propuesta económica concreta y las características técnicas, que se remitió a la Dirección General de Recursos Económicos del Servicio de Salud, que valió estos términos y trasladó a la Dirección General de Servicios Asistenciales las especificaciones técnicas del producto.
«Una vez contado con el visto bueno de Servicios Asistenciales, y teniendo en cuenta que el precio del producto ofrecido era muy razonable para los estándares de aquel momento y que la capacidad de entrega era casi inmediata se formaliza el pedido», ha añadido.
EL MATERIAL LLEGÓ EN TRES ENTREGAS
El que fuera viceconsejero de Presidencia durante la pandemia ha continuado explicando que el material contratado con la empresa de la trama Koldo llegó en tres entregas a finales de abril «de forma inmediata».
Por ello, ha defendido que se volvió a hacer un segundo pedido de dos millones de mascarillas «dado los buenos resultados en la entrega del primer pedido», que llegaron también a partir de la segunda quincena de mayo, «cumpliendo también de forma rápida».
Eso sí, ha querido aclarar que «no se adelantó ningún euro» en ninguno de los dos pedidos realizados a esta empresa y se iba pagando a medida que se iban confirmando por parte de los servicios de prevención la validez de los diferentes lotes de mascarillas recibidos, según ha precisado.
Sin embargo, el jefe de gabinete de Torres ha puntualizado que los servicios de prevención decidieron mandar muestras al Centro Nacional de Medidas de Protección ante las «dudas surgidas sobre algunos de los modelos recibidos».
«UN PRECIO MUY RAZONABLE»
Ante esto, ha explicado que la empresa vinculada a la trama Koldo protestó incluso a través de una carta, aunque el Servicio de Salud de Canarias insistió en que «solo se iba a pagar lo que tuviera el visto bueno en la intervención».
En total, la empresa entregó 5,3 millones de mascarillas a Canarias, aunque 4,4 millones fueron consideradas FPP2 y se pagaron como tal, mientras que 837.000 mascarillas fueron como FPP1 y se pagaron a un 66% por debajo del precio inicialmente contemplado.
«Queda bastante claro que la empresa Soluciones de Gestión se limitó a suministrarnos mascarillas a un precio muy razonable en lo peor de la pandemia y se les fue pagando a medida que se iban contrastando por los servicios de prevención correspondientes a la calidad del material entregado, el material que no cumplía los estándares se pagó al de la calidad que efectivamente tenía», ha sentenciado.
NO HABÍA QUE VERIFICAR LA SOLVENCIA
Asimismo, Olivera ha aprovechado para recordar que en las contrataciones de emergencia que se establecieron durante la pandemia de la Covid-19 no era necesario hacer una verificación de la solvencia de los contratistas y ni tampoco valorar la relación de la actividad con el objeto del contrato que se pretendía celebrar.
Según ha enumerado, las condiciones para poder formalizar los contratos en aquel momento eran: «La actividad contratada debe ser estrictamente indispensable para prevenir y remediar los daños de la situación de emergencia, el inicio de la expectación no debe demorarse más de un mes y la exigencia de comunicar al órgano de gobierno».
Por lo tanto, la empresa «no tenía que demostrar la capacidad de obrar», aún así ha insistido en que la empresa de la trama Koldo, Soluciones de Gestión, cumplieron «bien» su cometido.
LOS CUATRO MILLONES DE RR7
Durante su comparecencia, el exviceconsejero también ha sido preguntado por el contrato que firmó la administración canaria con la empresa RR7 United. Según ha explicado, él «no participó» en ese contrato y se ha enterado de todo por la prensa.
Lo que sí que ha explicado es que fue el exdirector del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez, quien trasladó la propuesta a la que era en aquel momento directora general de los Servicios de Recursos Económicos, Ana María Pérez. A partir de ahí fue Pérez la encargada de firmar el contrato con RR7, y «el consejo de Gobierno no tenía conocimiento –de dicho contrato–«, ha insistido.
Posteriormente, al ver que la empresa no cumplía con el compromiso adquirido en el contrato y con la entrega del material, según ha explicado Olivera, desde la administración insular se puso en marcha la recuperación del importe pagado y actualmente el proceso continúa abierto.
Ante preguntas de los grupos, Olivera ha defendido que Conrado Domínguez «tenía buena fama» en Canarias: «Había una opinión generalizada en Canarias en aquel momento que era un servidor público y un buen funcionario».
