El anteproyecto de ley de Policía Local elimina la estatura mínima y crea prácticas evaluables

Incluye medidas para que no desaparezca el servicio en municipios pequeños y facilita contratar agentes en momentos de aumento de población

El anteproyecto de Ley de Coordinación de los Cuerpos de Policía Local de Cantabria, que se encuentra en fase de información pública desde su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) el pasado viernes, incluye varias novedades como la eliminación del requisito de la estatura mínima o la creación de prácticas evaluables por parte de los ayuntamientos en los periodos selectivos de los agentes.

Además, da «especial protagonismo» a los mecanismos de coordinación que el Gobierno utiliza para homogeneizar las policías locales de la región, y en línea con su estrategia de lucha contra el despoblamiento incluye medidas para asegurar la prestación del servicio en los municipios pequeños, entre las que destacan la colaboración entre ayuntamientos o la posibilidad de su asociacionismo.

El documento supone una «modificación integral» de la ley actual, que data del año 2000 y ha sufrido tres modificaciones puntuales, para adaptarla a los cambios sociales, las demandas vecinales y las modificaciones en las disposiciones legales que la afectan.

Así, entre las principales novedades incluye la regulación por primera vez del derecho a prestar el servicio de policía en condiciones adecuadas de seguridad e higiene en el trabajo, estableciendo la necesidad de justificar el ejercicio del servicio mediante patrullas unipersonales; así como una regulación «mucho más exhaustiva» de la segunda actividad para mejorar la retribución de los policías en esta situación que no ocupan puesto en el mismo cuerpo de policía local, estableciendo que percibirán el 100% de las retribuciones correspondientes al puesto de procedencia en el momento de resolver el procedimiento de reconocimiento de esa segunda actividad.

También se dan facilidades para el nombramiento de auxiliares de policía en periodos de aumento de población de forma estacional. En la regulación anterior tenían la condición de personal contratado laboral, lo que «no era compatible» con las labores de autoridad propias del cuerpo, con las que ahora sí contarán porque tendrán la condición de interinos.

Igualmente, se establecen procesos de promoción interna mediante concurso oposición para que los auxiliares puedan acceder al cuerpo de Policía de cara a evitar la simultaneidad en los ayuntamientos; y se ofrece a los agentes de movilidad del Ayuntamiento de Santander la posibilidad de acceder a cuerpos de Policía Local posibilitando realizar procesos de promoción interna a través de concurso oposición.

Y se crea una regulación del periodo de prácticas en los ayuntamientos como una nueva fase del proceso selectivo que será también evaluable, además de que se elimina el requisito de la estatura mínima al considerar que es un «perjuicio injustificado» y una discriminación arbitraria entre hombres y mujeres», de modo que bastará con superar las pruebas físicas.

Para incentivar a los ayuntamientos a poner en práctica estos mandatos, el Gobierno incluye un disposición mediante la que se establece que el cumplimiento de esta ley se valorará a la hora de conseguir ayudas a la homogeneización de medios técnicos de policías locales en Cantabria, con el fin de evitar que sean «papel mojado».

Así lo ha señalado la consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández, que ha presentado el anteproyecto de ley este lunes en rueda de prensa acompañada por la directora general de Administración Local, Rosa Valdés.

Ambas han destacado el «intenso trabajo» realizado para modificar esta ley y hacerla «lo más sensata posible» con el «ánimo de mejorar las policías locales de Cantabria», así como el «buen ambiente» entre las partes implicadas.

La mesa de trabajo, formada por el Gobierno, la Federación de Municipios de Cantabria, los ayuntamientos de Santander y Torrelavega, los jefes de los cuerpos de Policía y los sindicatos, se reunió por primera vez en octubre de 2020 y el Ejecutivo ha intentado «recoger los intereses de todos los colectivos», aunque a veces es «difícil» porque son «contradictorios», ha señalado la consejera, destacando que el texto ha recibido 83 aportaciones y se han realizado 39 modificaciones.

AL PARLAMENTO «ANTES DE AGOSTO»

Por ello, ha incidido en que ha llevado «muchísimo trabajo» y muchísimo tiempo» sacar a información pública un texto «consensuado» entre todas las partes. Tras este periodo, se analizarán las alegaciones que se reciban y se elevará el texto a la asesoría jurídica. A continuación se abordará en el Consejo de Gobierno para finalmente remitirlo al Parlamento regional para su aprobación.

Fernández ha aclarado que «el trabajo más duro está hecho», pero se está a la espera del informe jurídico que determinará si es necesario someter la ley a Consejo de Estado, de modo que los plazos estarán marcados por la Administración central si ésta tiene que intervenir. El objetivo, según ha dicho, es llevar la norma a la Cámara en el siguiente periodo de sesiones, que será antes del mes de agosto.