El acuerdo PP y Vox sobre la Ley de Simplificación mantiene el uso de los PSIR para construir viviendas

Presentadas casi 200 enmiendas al proyecto de ley: 20 del PP; 82 del PRC; más de 50 del PSOE, y 40 de Vox

El acuerdo PP y Vox para aprobar la Ley de Simplificación Administrativa mantiene la modificación de la Ley del Suelo para permitir construir vivienda libre en el marco de un Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR) vinculado a un equipamiento de interés regional.

En base al acuerdo alcanzado entre estos dos grupos se introduce que el Gobierno de Cantabria tendrá que presentar los PSIRs en el Parlamento.

Así lo ha dado este viernes en declaraciones a los medios de comunicación el portavoz del grupo popular, Juan José Alonso, que ha defendido que el PSIR es un instrumento «tremendamente eficaz» para la consecución de los grandes proyectos y será «fundamental» para la transformación en la ejecución de iniciativas que puedan llevarse a cabo en la región a través de la colaboración público-privada, como pueden ser hospitales o centros de investigación de relevancia, es decir, son proyectos estratégicos y excepcionales».

Además, ha informado de las 20 enmiendas que ha registrado el PP al proyecto de ley del Gobierno regional (que es de su mismo partido).

Este viernes finalizaba el plazo para registrar enmiendas parciales al proyecto de ley. En este sentido, los firmantes del acuerdo –PP y Vox– han presentado 20 y 40, respectivamente; 82 el PRC, y el PSOE más de medio centenar.

PP y Vox verán aprobadas todas sus enmiendas ya que, en base al acuerdo suscrito, los populares apoyarán todas las de Vox y viceversa. Además, también se prevé la posibilidad de respaldar alguna de los otros grupos si ambos están de acuerdo.

EL PP ESPERA QUE LA LEY PUEDA APROBARSE EL 10 DE MARZO

Alonso se ha felicitado del acuerdo alcanzado entre su grupo y Vox para poder sacar adelante esta ley, que, según ha dicho, «transformará Cantabria» y ha confiado en que pueda aprobarse en el Pleno del 10 de marzo.

En cuanto a las 20 enmiendas, ha indicado que van dirigidas a «reforzar, matizar y concretar» este proyecto de ley del Gobierno regional (que es de su mismo partido).

Especialmente, ha destacado una enmienda para modificar la Ley de Derechos y Servicios Sociales para simplificar el procedimiento de valoración y reconocimiento de los grados de discapacidad.

Así, se establece que el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) dictará instrucciones en las que «se procurará el establecimiento de criterios de homologación y equivalencia», lo que significa que cuando deba reconocerse un grado de discapacidad en las situaciones de dependencia se presumirá con carácter general que serán aplicables una equivalencia entre el grado de dependencia y el de discapacidad.

El grado I de dependencia equivaldría a uno de discapacidad del 33% como mínimo; el II a uno de al menos el 66%, y el III a uno de no menos del 80%.

Las enmiendas populares, consultadas por Europa Press, introducen, además, la posibilidad de autorizar áreas de autocaravanas en el Parque Natural de Oyambre y algunos cambios en el Plan de Ordenación del Litoral sobre los usos autorizados, entre otras cuestiones.

EL PRC TILDA DE «ESCÁNDALO» ALGUNOS CONTENIDOS DE LAS ENMIENDAS

El PRC ha tildado de «escándalo» algunas de estas enmiendas del PP a esta ley, que, a su juicio, más que una norma de simplificación administrativa es una «ley de simplificación urbanística».

Así lo ha señalado su portavoz parlamentario, Pedro Hernando, que ha criticado la cantidad de modificaciones de la ley del suelo que se pretenden llevar a cabo a través de la Ley de Simplificación y que ha cifrado en 34.

En su opinión, se trata de un volumen tal de cambios que, a su juicio, justificaría que se tramitase ante el Parlamento una nueva ley del suelo.

Los regionalistas han presentado 82 enmiendas a la Ley de Simplificación ya que, según Hernando, al examinar el proyecto de ley del Gobierno los regionalistas han comprobado que es «mucho peor de lo que pensaban».

Según ha indicado, hay varias enmiendas dedicadas a «adelgazar» la ley y quitar de ella «todo lo que no simplifique».

Otras, precisamente, buscan que esta ley sea «un instrumento verdaderamente útil» e introducir cuestiones que realmente supongan una simplificación administrativa.

Por ejemplo, los regionalistas apuestan por la supresión de los silencios administrativos negativos y por la introducción de los positivos en cuestiones que, por ejemplo, tienen que ver con el reconocimiento de los grados de discapacidad o en la concesión de subvenciones.

En sus enmiendas, también plantean modificaciones de la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas para que aquellos con menos de 1.000 personas no tengan que cumplir todos los requisitos que se les impone en la actualidad, o la creación por parte del Gobierno de una Oficina de Atención a la Simplificación que asesore a los ayuntamientos.

EL PSOE NO DESCARTA LLEVAR LA LEY AL CONSTITUCIONAL

Por su parte, el portavoz del grupo socialista, Pablo Zuloaga, ha explicado que las enmiendas del PSOE buscan garantizar que la Ley de Simplificación «no cercene los derechos de los cántabros y no dé pasos atrás en materia de igualdad, de participación para la ciudadanía de Cantabria y para los ayuntamientos e instituciones públicas» de la comunidad.

Además, ha avisado de que, en función del contenido de la ley que apruebe el Parlamento, los socialistas acudirán a las instancias que sean necesarias, incluido el Tribunal Constitucional, para garantizar que los derechos de los cántabros, amparados por leyes estatales, «no se vulneran en Cantabria».

VOX ACUSA AL PRC DE COMPORTARSE COMO UNA «NOVIA DESPECHADA»

Por su parte, la portavoz de Vox, Leticia Díaz, al igual que ha hecho su homólogo del PP, también se ha felicitado del acuerdo para aprobar esta ley.

Ha señalado que su grupo ha intentado «cambiar al máximo» esta norma para que, en lugar de «un brindis al sol», sea una «norma que contenga plazos, requisitos específicos y que realmente cambie la vida de los ciudadanos y de las empresas».

«Y es lo que hemos hecho», ha señalado Díaz, que ha acusado al PRC de estar comportándose «como esa novia despechada a la que no le están haciendo caso» y ha asegurado que lo que los regionalistas tildan como «escándalos» no son tal.

Díaz ha señalado que las modificaciones que se introducirán en la ley que plantea Vox son «cambios concretos» y «muy exigentes» para el Gobierno.

Así, el Ejecutivo tendrá que presentar en 6 meses su Plan de Simplificación, que debe incorporar medidas económicas asociadas, y en tres meses el Catálogo de Silencios Positivos.