El acuerdo entre PP y Vox sobre la Ley de Simplificación mantiene el uso de los PSIR para construir viviendas

Presentadas unas 220 enmiendas al proyecto de ley: 20 del PP; 82 del PRC; unas 50 del PSOE; 40 de Vox y 27 del diputado no adscrito Palacio

El acuerdo entre PP y Vox para aprobar la Ley de Simplificación Administrativa mantiene la modificación de la Ley del Suelo para permitir construir vivienda libre en el marco de un Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR) vinculado a un equipamiento de interés regional.

En base al acuerdo entre estos dos grupos se introduce que el Gobierno tendrá que presentar los PSIRs en el Parlamento.

Este viernes finalizaba el plazo para registrar enmiendas parciales al proyecto de ley. En este sentido, los firmantes del acuerdo –PP y Vox– han presentado 20 y 40, respectivamente; 82 el PRC; el PSOE más de medio centenar, y 27 el diputado no adscrito, Cristóbal Palacio.

PP y Vox verán aprobadas todas sus enmiendas ya que, en base al acuerdo suscrito, los populares apoyarán todas las de Vox y viceversa. Además, también se prevé la posibilidad de respaldar alguna de los otros grupos si ambos están de acuerdo.

EL PP ESPERA QUE LA LEY PUEDA APROBARSE EL 10 DE MARZO

El portavoz del PP, Juan José Alonso, se ha felicitado del acuerdo alcanzado entre su grupo y Vox para poder sacar adelante esta ley que «transformará Cantabria» y la pondrá como «una comunidad del siglo XXI». Además, ha confiado en que la norma pueda aprobarse en el Pleno del 10 de marzo.

En cuanto a las 20 enmiendas de su grupo, ha indicado que van dirigidas a «reforzar, matizar y concretar» este proyecto de ley del Gobierno regional (que es de su mismo partido).

Especialmente, ha destacado una para modificar la Ley de Derechos y Servicios Sociales para simplificar el procedimiento de valoración y reconocimiento de los grados de discapacidad.

Así, se establece que el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) dictará instrucciones en las que «se procurará el establecimiento de criterios de homologación y equivalencia», lo que significa que cuando deba reconocerse un grado de discapacidad en las situaciones de dependencia se presumirá con carácter general que serán aplicables una equivalencia entre el grado de dependencia y el de discapacidad.

El grado I de dependencia equivaldría a uno de discapacidad del 33% como mínimo; el II a uno de al menos el 66%, y el III a uno de no menos del 80%.

Además, las enmiendas del PP introducen la posibilidad de autorizar áreas de autocaravanas en el Parque Natural de Oyambre y algunos cambios en el Plan de Ordenación del Litoral (POL).

EL PRC TILDA DE «ESCÁNDALO» ALGUNOS CONTENIDOS DE LAS ENMIENDAS

Precisamente, el portavoz del PRC, Pedro Hernando, ha tildado de «escándalo» algunas de estas enmiendas del PP a esta ley, que, a su juicio, más que una norma de simplificación administrativa es una «ley de simplificación urbanística», con 34 cambios en la Ley del suelo que auguran «especulación y chanchullos» y ha culpado de ello al consejero de Fomento, Roberto Media.

Hernando ha criticado la cantidad de modificaciones de la Ley del Suelo que se pretenden llevar a cabo a través de la Ley de Simplificación, un volumen tal de cambios que, a su juicio, justificaría que se tramitase ante el Parlamento una nueva ley del suelo que se debata «con luz y taquígrafos».

Los regionalistas han presentado 82 enmiendas a la Ley de Simplificación ya que, según su portavoz, al examinar el proyecto de ley del Gobierno los regionalistas han comprobado que es «mucho peor de lo que pensaban».

Según ha indicado, las enmiendas van dedicadas a «adelgazar» la ley; quitar de ella «todo lo que no simplifica», y hacer que esta norma sea «un instrumento verdaderamente útil», introduciendo medidas «que garanticen «agilidad y la eficiencia» en la relación de particulares, instituciones y empresas con la Administración autonómica.

En ellas, se apuesta por la supresión de los silencios administrativos negativos y por la introducción de los positivos en cuestiones que, por ejemplo, tienen que ver con el reconocimiento de los grados de discapacidad o en la concesión de subvenciones.

También los regionalistas plantean modificaciones de la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas para que aquellos con menos de mil personas no tengan que cumplir todos los requisitos que se les impone en la actualidad; la creación por parte del Gobierno de una Oficina de Atención a la Simplificación que asesore a los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes, o que se garantice la ventanilla única presencial en aquellos lugares donde la brecha digital impida el acceso de la población a los trámites con la Administración.

Además, en relación a las declaraciones responsables que podrán utilizar ciudadanos y empresas para iniciar actividades económicas sin necesidad de obtener licencias o autorizaciones previas, proponen que tengan que ir acompañada de la documentación acreditativa del cumplimiento de dichas obligaciones.

También dada la «complejidad» de la futura Ley de Simplificación Administrativa, el PRC plantea establecer un periodo transitorio de seis meses entre la aprobación de la norma y su aplicación efectiva.

VOX ACUSA AL PRC DE COMPORTARSE COMO UNA «NOVIA DESPECHADA»

Por su parte, la portavoz de Vox, Leticia Díaz también se ha felicitado del acuerdo para aprobar esta ley.

Ha señalado que su grupo ha intentado «cambiar al máximo» el proyecto de ley para que, en lugar de «un brindis al sol», sea una «norma que contenga plazos, requisitos específicos y que realmente cambie la vida de los ciudadanos y de las empresas».

«Y es lo que hemos hecho», ha señalado Díaz, que ha acusado al PRC de estar comportándose «como esa novia despechada a la que no le están haciendo caso» y ha asegurado que lo que los regionalistas tildan como «escándalos» no son tal.

Díaz ha señalado que las modificaciones que se introducirán en la ley que plantea Vox son «cambios concretos» y «muy exigentes» para el Gobierno. Así, el Ejecutivo tendrá que presentar en seis meses su Plan de Simplificación, que debe incorporar medidas económicas asociadas, y en tres el Catálogo de Silencios Positivos.

EL PSOE NO DESCARTA LLEVAR LA LEY AL CONSTITUCIONAL

Por su parte, el portavoz del PSOE, Pablo Zuloaga, ha explicado que a los socialistas les «preocupa y mucho»el acuerdo entre PP y Vox para aprobar una ley que, a su juicio, «no es buena» para el futuro de la comunidad y «no piensa» en los ciudadanos, «sino en los bolsillos de los especuladores que pretendan hacer de Cantabria su negocio».

Ha explicado que las más de 50 enmiendas del PSOE buscan garantizar que la Ley de Simplificación «no cercene los derechos de los cántabros y no dé pasos atrás en materia de igualdad, de participación para la ciudadanía de Cantabria y para los ayuntamientos e instituciones públicas» de la comunidad.

Además, ha avisado de que, en función del contenido de la ley que apruebe el Parlamento, los socialistas acudirán a las instancias que sean necesarias, incluido el Tribunal Constitucional, para garantizar que los derechos de los cántabros, amparados por leyes estatales, «no se vulneran en Cantabria».

LAS ENMIENDAS DE PALACIO Por su parte, el diputado no adscrito Cristóbal Palacio propone, en sus enmiendas, facilitar la puesta en marcha de negocios y nuevas actividades, reduciendo los tiempos de espera y los costes asociados a los procedimientos administrativos.

Para ello, propone que, en determinados casos, como la construcción de viviendas unifamiliares o el arreglo de viviendas ya existentes, se pueda sustituir la necesidad de licencia por un régimen de comunicación previa.

Asimismo, ha exigido un «adelgazamiento» de la Administración para hacerla «más eficiente» y «menos costosa para el ciudadano», proponiendo al Gobierno la reducción del número de empresas públicas, en las que plantea que su personal directivo de sea seleccionado por un tribunal imparcial.