El acuerdo de PP y Vox en Extremadura apunta a la derogación de la ley de memoria y reducir fondos a sindicatos

MÉRIDA, 30

El acuerdo suscrito por PP y Vox para formar el futuro gobierno de la Junta de Extremadura contempla un total de 60 medidas entre las que se encuentran la supresión de la ley extremeña de memoria democrática, la supresión de organismos «innecesarios» que no justifique un «bien general», una revisión de las políticas de subvenciones para acabar con el «despilfarro ideológico», y se acometerá una «considerable» reducción de las subvenciones a patronal y sindicatos.

Dicho acuerdo, suscrito este viernes en Mérida por los candidatos a la Presidencia de la Junta de ambas formaciones, la popular María Guardiola y Ángel Pelayo Gordillo Moreno, de Vox, contempla, tal y como han avanzado ambos, primero a través de un comunicado, y posteriormente en rueda de prensa, la entrada de la formación de ultraderecha en el Ejecutivo extremeño.

En concreto, Vox dirigirá la consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, y asimismo dispondrá de la elección del senador por designación autonómica que corresponde al PP. Igualmente, acuerda una modificación del reglamento de la Asamblea para que todos los partidos tengan representación en la Mesa de la Cámara regional.

Esto se traduce en que Vox entrará en dicho órgano de gobierno del parlamento autonómico, después de que quedara fuera de la misma en el pleno de constitución de la Asamblea, debido al desacuerdo entre ambas formaciones que entregó la Presidencia de la misma al PSOE.

El pacto contempla que en los presupuestos generales de la comunidad se blinde las partidas que garanticen el efectivo cumplimiento de todas las medidas acordadas; así como la creación de un órgano de control y seguimiento del pacto, presidido por el consejero designado por Vox.

En dicho pacto se sitúa el «interés general» de los extremeños por encima de las «diferencias ideológicas y programáticas» de ambas formaciones.

REBAJA FISCAL

Las 60 medidas recogidas en ocho epígrafes. El primero de ellos, dedicado a la Economía, Fiscalidad y Empleo, contempla una «rebaja fiscal integral de impuestos» en los términos que ha venido defendiendo el PP durante toda la campaña, que se llevará al parlamento autonómico en los primeros cien días de gobierno.

Una reforma que incluye la reducción del impuestos de Transmisiones Patrimoniales y el Impuesto de Matriculación; así como se suprimirá el 100% del impuesto sobre el patrimonio y s eliminará el de sucesiones y donaciones para la «mayoría» de los ciudadanos.

Además, entre otras medidas, se comprometen a reducir «drásticamente» el IRPF especialmente a los salarios medios y bajos, o una tarifa cero de dos años para autónomos cuyos rendimientos económicos anuales se sitúen por debajo del salario mínimo interprofesional.

ELIMINAR TRABAS EN MATERIA CLIMÁTICA

El segundo de los apartados es el de mundo rural, agua y patrimonio natural, cuyas competencias recaerán en Vox, y que recoge, entre otras medidas, una revisión de las prohibiciones y limitaciones de la Red Natura para compatibilizar la conservación con el desarrollo de las zonas rurales.

También recoge la puesta en marcha de un política forestal que permita usos y actividades tradicionales en los montes; así como una revisión de las «políticas verdes» y la PAC para evitar las perdidas de producción y el sobrecoste que soportan los productores extremeños.

Asimismo, se eliminará «cualquier traba burocrática o legislativa en materia climática que afecte a la prosperidad del campo o la libertad de los extremeños».

Otro punto contempla la protección de activo energéticos e industriales amenazados por motivos ideológicos, y se paralizará «por todos los medios posibles» la demolición de la presa de Valdecaballeros así como se exigirá que se rectifique el plan de desmantelamiento de la central nuclear de Almaraz.

También se expone la puesta en marcha de las reformas necesarias para contrarrestar los «perjucios» de la Ley de Bienestar Animal y preservar los derechos de los cazadores; y se priorizará la seguridad de las explotaciones agrarias frente a «cualquier tipo de delincuencia».

En Educación y Cultura, se garantizará la «neutralidad ideológica» de la enseñanza y se fomentará la igualdad de oportunidades asegurando la libre elección de centro en todas las etapas; así como el derecho constitucional que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación que esté de acuerdo con sus convicciones.

El pacto pretende avanzar en la «educación libre, gratuita y universal» desde los 0 grados y que no excluya a la red privada.

En Sanidad, se desarrollará un pan estratégico de lucha contra las listas de espera, que incluye una lista de espera única y voluntaria, además de la aprobación de un nuevo marco de Atención Primaria.

POLÍTICAS SOCIALES

La coalición acuerda la aprobación de una ley integral de proyección a la familia que incluya medidas para el fomento de la natalidad; y se revisará todo el sistema y la normativa vigente en materia social con el fin de garantizar que las ayudas públicas llegan a las familias que más lo necesitan.

En otro punto, se acuerda defender los derechos de las familias, y trabajar para erradicar los discursos machistas, ya sean en el ámbito civil o religioso, que promuevan o justifiquen la violencia contra la mujer.

El epígrafe sobre Libertad, Desarrollo Social y Económico refleja entre sus medida una nueva ley que sirva de reconciliación y a la concordia «real», y que derogue la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura aprobada en 2018.

MEDIDAS CONTRA EL «DESPILFARRO IDEOLÓGICO»

Por otro lado, entre las medidas para reducir el Gasto político, acuerdan suprimir los organismos «innecesarios que no reportan en el bien general»; y revisarán la política de subvenciones de la Junta para acabar con el «despilfarro político e ideológico», de tal forma que «toda organización que reciba dinero público debe tener una utilizad pública demostrada».

Además, contempla una reducción «considerable» de las subvenciones a la patronal y a los sindicatos respecto a lo percibido en 2022.

Por último, en materia de Seguridad, plantean medidas contra la ocupación ilegal de viviendas, de modo que recogen que los poderes públicos garantizarán el derecho a la propiedad poniendo a disposición de la justicia todos los medios personal es y materiales necesarios para proteger al afectado

Igualmente, estudiarán la creación d un punto de atención especializada para el asesoramiento y acompañamiento de todas las víctimas frente a la ocupación ilegal.