El acceso al agua, una cuestión de supervivencia para millones de personas en zonas de conflicto, según el CICR

El Comité Internacional de Cruz Roja (CICR) ha alertado este lunes de que el acceso al agua supone ya una cuestión de «supervivencia» para los millones de personas que residen en zonas de conflicto en el mundo.

En un comunicado, el vicepresidente del CICR, Giller Carbonnier, ha señalado que el acceso al agua «se ha convertido en uno de los principales retos humanitarios» dado que actualmente los conflictos tienden a ser de larga duración y a librarse en contextos urbanos, una cuestión a la que se suma el impacto del cambio climático.

Por ello, ha señalado que es necesario «innovar y entablar nuevas asociaciones para responder a ese reto». Además de tener que afrontar los efectos de la violencia armada, la población sufre el deterioro de los servicios esenciales. En Siria, por ejemplo, más de diez años de conflicto han afectado gravemente la producción de agua potable, que se ha reducido entre un 30 y un 40 por ciento.

«La urbanización de la guerra es una grave tendencia, tal como puede observarse en Ucrania», ha alertado antes de referirse a la situación en zonas como Mariúpol, donde los habitantes se han quedado atrapados a raíz de fuertes combates. Al no tener agua corriente, muchos han tenido que tomar agua de nieve hervida o agua de los radiadores.

El CICR ha advertido así de que cuando la guerra se desplaza a zonas urbanas, se multiplica el riesgo de que la infraestructura civil crítica resulte dañada o destruida, sobre todo cuando se emplean armas explosivas con área de impacto extensa. Así, ha pedido a las partes evitar el empleo de armas de ese tipo en zonas pobladas dada la alta probabilidad de causar efectos indiscriminados, que son contrarios al Derecho Internacional.

En este sentido, ha lamentado que en algunas ocasiones las partes en conflicto tomen el control del agua y los recursos agrícolas. «El hecho de restringir el acceso al agua como táctica de guerra o dañar las instalaciones de abastecimiento de agua, de tratamiento de aguas residuales o de suministro de electricidad, tiene efectos negativos inmediatos y a largo plazo para la salud pública de personas que ya son muy vulnerables. La falta de agua potable es una de las causas principales de los desplazamientos forzados de población», señala el texto.

De los veinticinco Estados considerados más vulnerables y menos preparados para adaptarse al cambio climático, catorce están sumidos en conflictos armados. Si bien el acceso al agua nunca es, según el CICR, la causa directa de un conflicto armado, la ausencia de instituciones o de mecanismos capaces de arbitrar las tensiones y de gestionar equitativamente los recursos hídricos puede contribuir a definir la dinámica de la violencia y alterar profundamente el tejido social.

Por eso, en la región del Sahel, por ejemplo, el deterioro y la escasez de los recursos, agravados por los choques climáticos, generan tensiones entre las comunidades por el acceso a las fuentes de agua, así como a las tierras agrícolas. El cambio climático ha reducido estas últimas a un ritmo preocupante debido a los efectos combinados del aumento de las temperaturas y un nivel de precipitaciones deficiente.

«Evidentemente, las escasas, incluso nulas, inversiones públicas en infraestructura pública contribuyen en gran medida a mantener disparidades flagrantes y tensiones peligrosas entre las comunidades», ha indicado la organización, que insiste en que para apaciguar o incluso prevenir esas tensiones deberían considerarse prioridades el tratamiento y la distribución del agua en países muy afectados por el cambio climático y por un conflicto armado a la vez.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

El CICR calcula que para 2050 la demanda mundial de agua aumentará un 30 por ciento. Además, las organizaciones humanitarias carecen, por sí solas, de la capacidad para responder a necesidades que aumentan permanentemente.

En este sentido, ha instado a respetar el Derecho Internacional y «priorizar y apoyar las asociaciones eficaces entre los sectores para garantizar que los servicios hídricos sean resistentes a los conflictos y otras adversidades, incluido el cambio climático».

Para esto es importante, a su vez, «fortalecer la acción y la financiación climáticas en los Estados frágiles y afectados por conflictos». «Pese al impacto desproporcionado que sufren las comunidades y a su menor resiliencia, la acción climática en los Estados afectados por conflictos ha sido escasa debido a las dificultades que implica trabajar en entornos frágiles», ha alertado.

«Los Estados y los organismos internacionales deben incrementar su apoyo a las medidas de adaptación y anticipación en los Estados frágiles, lo que fortalecería la resiliencia de las poblaciones frente al cambio climático», ha recalcado antes de matizar que dichos países deben asegurarse también de que su financiación llega a las comunidades más vulnerables y aisladas».

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El acceso al agua, una cuestión de supervivencia para millones de personas en zonas de conflicto, según el CICR

El Comité Internacional de Cruz Roja (CICR) ha alertado este lunes de que el acceso al agua supone ya una cuestión de «supervivencia» para los millones de personas que residen en zonas de conflicto en el mundo.

En un comunicado, el vicepresidente del CICR, Giller Carbonnier, ha señalado que el acceso al agua «se ha convertido en uno de los principales retos humanitarios» dado que actualmente los conflictos tienden a ser de larga duración y a librarse en contextos urbanos, una cuestión a la que se suma el impacto del cambio climático.

Por ello, ha señalado que es necesario «innovar y entablar nuevas asociaciones para responder a ese reto». Además de tener que afrontar los efectos de la violencia armada, la población sufre el deterioro de los servicios esenciales. En Siria, por ejemplo, más de diez años de conflicto han afectado gravemente la producción de agua potable, que se ha reducido entre un 30 y un 40 por ciento.

«La urbanización de la guerra es una grave tendencia, tal como puede observarse en Ucrania», ha alertado antes de referirse a la situación en zonas como Mariúpol, donde los habitantes se han quedado atrapados a raíz de fuertes combates. Al no tener agua corriente, muchos han tenido que tomar agua de nieve hervida o agua de los radiadores.

El CICR ha advertido así de que cuando la guerra se desplaza a zonas urbanas, se multiplica el riesgo de que la infraestructura civil crítica resulte dañada o destruida, sobre todo cuando se emplean armas explosivas con área de impacto extensa. Así, ha pedido a las partes evitar el empleo de armas de ese tipo en zonas pobladas dada la alta probabilidad de causar efectos indiscriminados, que son contrarios al Derecho Internacional.

En este sentido, ha lamentado que en algunas ocasiones las partes en conflicto tomen el control del agua y los recursos agrícolas. «El hecho de restringir el acceso al agua como táctica de guerra o dañar las instalaciones de abastecimiento de agua, de tratamiento de aguas residuales o de suministro de electricidad, tiene efectos negativos inmediatos y a largo plazo para la salud pública de personas que ya son muy vulnerables. La falta de agua potable es una de las causas principales de los desplazamientos forzados de población», señala el texto.

De los veinticinco Estados considerados más vulnerables y menos preparados para adaptarse al cambio climático, catorce están sumidos en conflictos armados. Si bien el acceso al agua nunca es, según el CICR, la causa directa de un conflicto armado, la ausencia de instituciones o de mecanismos capaces de arbitrar las tensiones y de gestionar equitativamente los recursos hídricos puede contribuir a definir la dinámica de la violencia y alterar profundamente el tejido social.

Por eso, en la región del Sahel, por ejemplo, el deterioro y la escasez de los recursos, agravados por los choques climáticos, generan tensiones entre las comunidades por el acceso a las fuentes de agua, así como a las tierras agrícolas. El cambio climático ha reducido estas últimas a un ritmo preocupante debido a los efectos combinados del aumento de las temperaturas y un nivel de precipitaciones deficiente.

«Evidentemente, las escasas, incluso nulas, inversiones públicas en infraestructura pública contribuyen en gran medida a mantener disparidades flagrantes y tensiones peligrosas entre las comunidades», ha indicado la organización, que insiste en que para apaciguar o incluso prevenir esas tensiones deberían considerarse prioridades el tratamiento y la distribución del agua en países muy afectados por el cambio climático y por un conflicto armado a la vez.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

El CICR calcula que para 2050 la demanda mundial de agua aumentará un 30 por ciento. Además, las organizaciones humanitarias carecen, por sí solas, de la capacidad para responder a necesidades que aumentan permanentemente.

En este sentido, ha instado a respetar el Derecho Internacional y «priorizar y apoyar las asociaciones eficaces entre los sectores para garantizar que los servicios hídricos sean resistentes a los conflictos y otras adversidades, incluido el cambio climático».

Para esto es importante, a su vez, «fortalecer la acción y la financiación climáticas en los Estados frágiles y afectados por conflictos». «Pese al impacto desproporcionado que sufren las comunidades y a su menor resiliencia, la acción climática en los Estados afectados por conflictos ha sido escasa debido a las dificultades que implica trabajar en entornos frágiles», ha alertado.

«Los Estados y los organismos internacionales deben incrementar su apoyo a las medidas de adaptación y anticipación en los Estados frágiles, lo que fortalecería la resiliencia de las poblaciones frente al cambio climático», ha recalcado antes de matizar que dichos países deben asegurarse también de que su financiación llega a las comunidades más vulnerables y aisladas».

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