El abogado de Puigdemont critica que el PP pretende prohibir los indultos a condenados por rebelión
Rechaza en el Congreso que la ley fije una lista de delitos que no puedan indultarse: «Sólo falta poner nombres y apellidos»
MADRID, 10
El abogado del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, ha criticado este jueves que el PP quiera prohibir los indultos a condenados por rebelión y sedición, delitos que se imputan a buena parte de los procesados por el referéndum independentista catalán. A su juicio, no se debe legislar atendiendo a un «caso concreto» porque, a su entender, solo falta poner «nombres y apellidos».
Alonso-Cuevillas ha comparecido ante la Comisión de Justicia del Congreso para dar su opinión sobre la reforma de la Ley de Indultos de 1870, pero lo ha hecho en su condición de doctor en Derecho y catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona y no como defensa del líder independentista, procesado por el delito de rebelión por el denominado procés en Cataluña en la causa abierta en el Tribunal Supremo.
Precisamente, la Cámara Baja está estudiando si en la modificación legal es pertinente incluir delitos como el de rebelión o sedición como excepciones para la concesión de esta condición de gracia, tal y como ha propuesto el PP. Esta reforma fue impulsada en su día por el PSOE para no dar este perdón a los condenados por corrupción o por violencia machista y su tramitación se ha reactivado tras llevar meses congelada en el Congreso.
Tanto para una serie de conductas penales como para otras, el letrado considera que lo necesario es introducir mecanismos de «transparencia» como la motivación para la concesión o denegación de indultos. En esta línea, ha apuntado que cualquier ciudadano que haga una solicitud a la Administración merece una «respuesta».
LA APLICACIÓN DE LA LEY PUEDE SER «INJUSTA»
De este modo, se ha opuesto a la idea de que la norma prevea un «elenco» de delitos porque considera que en cada caso concreto, aunque sean «execrables» como el terrorismo, la corrupción o delitos sexuales, existen circunstancias que deben analizarse, pues, según ha dicho, la aplicación de la ley en ocasiones puede resultar «injusta».
En este sentido, ha afeado al PP que en su enmienda haya «camuflado» los delitos por los que están acusados los líderes independentistas –a punto de ser juzgados en el Tribunal Supremo– en una larga lista de delitos en la que, según ha ironizado, le ha faltado incluir los delitos de «fauna» y «flora». Así, ha afirmado que «intentar legislar ad hoc , al caso concreto», en un Estado de Derecho «no es admisible»: «Les faltan poner nombre y apellidos», ha lamentado el abogado de Puigdemont.
Concretamente, el diputado del PP Leopoldo Barreda ha señalado que ha encontrado señas de «subjetividad» durante la argumentación de Alonso-Cuevillas. «Subjetivos somos todos», ha contestado el compareciente, al mismo tiempo que ha advertido que de demostrarse que los populares aprovechan la reforma de la ley para «limitar alguna posibilidad de que se puedan indultar los delitos de rebelión y sedición», lo pondrá en conocimiento de los tribunales internacionales «para que vean la falta de neutralidad» que existe en el caso en el que trabaja como abogado del expresidente catalán, huido de la Justicia española.
PIDE MANTENERSE AL MARGEN DEL ACTUAL MOMENTO POLÍTICO «CONVULSO»
«Estamos contaminados por la situación que estamos viviendo, pero una cámara legislativa debe legislar para la generalidad», ha afirmado. Por ello, ha pedido a los diputados que se mantengan en la «abstracción del momento político tan convulso» porque el indulto es una «excepción a la regla general».
«No he venido ni mucho menos a solicitar ningún indulto, ni lo pretendo, ni lo pretenden ni mucho menos mis clientes», ha añadido posteriormente en declaraciones a los medios de comunicación tras concluir su intervención en la Comisión de Justicia.
Es más, Cuevillas, que ha comparecido a petición del PDeCAT, ha recibido la felicitación de algunos de los miembros de la Comisión por haber manifestado su opinión técnica con «rigor» como experto en materia, como ha sido el caso del diputado de Ciudadanos Marcial Gómez.
RECHAZA LOS INFORMES VINCULANTES
Por último, el catedrático ha afirmado que como medida de control sería oportuno que la Cámara Baja tuviese una comunicación previa con el Ministerio de Justicia antes de concederse el perdón a algún reo, pero en ningún momento se ha mostrado partidario a que el Gobierno reciba informes vinculantes a esa decisión.
De hecho, ha rechazado que el tribunal sentenciador tenga que realizar dicho escrito porque su función es «aplicar la ley», extremo que llevaría a los jueces a que «siempre se opongan», y no «hacer política». «El Derecho comparado demuestra que cuando se meten a hacer política tienen malas experiencias».
