El 86,6% de los trabajadores en ERTE se dedican al sector servicios, según UGT
El 86,6% de las más de 270.000 personas que permanecen en Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) en España pertenecen al sector servicios y, de ellos, cuatro de cada diez trabajan en la hostelería, según los datos publicados este lunes por la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de la Unión General de Trabajadores (FeSMC-UGT).
El secretario de Acción Sindical y Comunicación de FeSMC-UGT, Álvaro Vicioso, ha recordado en un vídeo que «casi la mitad de las personas acogidas a un ERTE en España en 2020 trabajaban en el sector del comercio y la hostelería», aunque se ha registrado un «descenso notable» en los últimos meses.
El sindicato se ha mostrado «optimista» con los datos provisionales de los ERTE en el primer semestre del año, con una caída del 97,4% respecto al primer semestre de 2020, que refleja «la mejora de la situación económica y de empleo de nuestro país», según un comunicado publicado en su web.
UGT ha valorado en este comunicado la utilidad de este instrumento «en materia de protección por desempleo de las personas trabajadoras», para evitar los despidos y la destrucción de empleo.
Para el sindicato, eso se demuestra en la comparación de los datos de abril de 2020, el pico más alto de los ERTE, con 3,6 millones de afectados, y la última cifra publicada, correspondiente a agosto de este año, con 272.190 trabajadores en ERTE.
«Consideramos que el ejercicio del diálogo social mediante la escucha, el acuerdo y el consenso debe prolongarse mucho más en el tiempo de nuestro país», ha solicitado Vicioso en su vídeo.
El secretario de Acción Sindical y Comunicación de FeSMC-UGT también ha recalcado que la suspensión temporal del trabajo afecta más a las mujeres que a los hombres, debido a que la presencia de ellas es «mucho más en sectores precarios y precarizados por la crisis».
El Gobierno y los agentes sociales se encuentran en conversaciones para extender los ERTE, prorrogados el pasado mayo hasta el 30 de septiembre de este año. Los sindicatos coinciden en la necesidad de mantener este instrumento hasta enero de 2022.
