EEUU sanciona a más de una veintena de funcionarios cercanos a Maduro por fraude electoral y represión
Entre los sancionados se encuentra Daniella Desiree Cabello Contreras, hija del ministro del Interior venezolano
Las autoridades de Estados Unidos han impuesto este miércoles un paquete de sanciones contra 21 funcionarios del Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y miembros de su aparato de seguridad por su implicación en el «fraude electoral» y en las acciones «represivas» adoptadas tras los comicios del 28 de julio.
El Departamento del Tesoro ha indicado en un comunicado que todos ellos –entre los que se encuentra Daniella Desiree Cabello Contreras, la hija del ministro del Interior venezolano–, han sido sancionados debido a que mantienen vínculos con las autoridades del país caribeño y han «apoyado y contribuido a sacar adelante las órdenes de Maduro para reprimir a la sociedad civil en sus esfuerzos por declararse ganador de forma fraudulenta de las elecciones venezolanas».
«Han ayudado a ignorar la voluntad de la mayoría de los votantes, que han elegido a Edmundo González Urrutia como su próximo presidente», recoge el texto, que apunta a que las fuerzas de seguridad –de las que forman parte algunos de los sancionados– han detenido de forma arbitraria a algunos opositores de forma masiva y violenta, negando a la población el derecho a reunirse pacíficamente», ha señalado el Tesoro.
Entre las tácticas utilizadas por estos funcionarios se encuentran los «arrestos arbitrarios», incluido el del propio González, que se «vio obligado a abandonar Venezuela», indica el comunicado. «Todo esto supone un intento desesperado de silenciar las voces de los ciudadanos», ha indicado el subsecretario del Tesoro para Asuntos de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Bradley T. Smith.
«Estados Unidos seguirá señalando a aquellos que usan la violencia y la intimidación para socavar la democracia y el derecho legítimo a la libertad de expresión», ha apuntado el Tesoro, que sitúa ya en 2.000 las personas que han visto restringidos por «verse implicados en actos de corrupción o haber violado los Derechos Humanos del pueblo venezolano».
Entre los sancionados se encuentra el ministro de Despacho de la Presidencia, Aníbal Coronado; el de Comunicación, Freddy Ñáñez; y el de Servicios Penitenciarios, Julio García Zerpa, además de varios altos cargos de la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).
