EEUU prohíbe la entrada a su territorio a una veintena de funcionarios extranjeros por violaciones de los DDHH
La Secretaría de Estado de Estados Unidos ha anunciado este jueves nuevas sanciones contra 17 funcionarios extranjeros y sus familias, a quienes se les prohíbe la entrada en territorio estadounidense, por haber cometido supuestas violaciones de los Derechos Humanos en el ejercicio de sus funciones, entre ellos el del diputado salvadoreño del Partido de Concertación Nacional (PCN) José Antonio Almendáriz.
A través de un comunicado firmado por el secretario de Estado, Mike Pompeo, se explica que Almendáriz estaría relacionado con una serie de violaciones contra los Derechos Humanos, entre las cuales está el asesinato extrajudicial de la doctora de nacionalidad española Begoña García de Arandigoyen, el 10 de septiembre de 1990 en El Salvador.
Almendáriz se suma a una lista de otros trece funcionarios salvadoreños que han sido sancionados recientemente por la Secretaría de Estado estadounidense, en su caso «por su participación en graves violaciones a los Derechos Humanos», se lee en el texto.
«Estados Unidos condena todos los abusos contra los Derechos Humanos perpetrados por ambos lados durante la brutal guerra civil en El Salvador, incluidos los cometidos por actores gubernamentales y no gubernamentales», explica en relación al conflicto armado que asoló la pequeña nación centroamericana entre 1979 y 1992 y en el que Washington también participó del lado del oficialismo.
El Departamento de Estado también ha prohibido la entrada en su territorio a los oficiales de la Policía de Jamaica Devon Orlando Bernard, Reneto DeCordiva Adams, Patrick Anthony Coke, Shayne St Aubyn Lyons, Leford Gordon y Roderick Anthony Collier por su participación en cuatro ejecuciones extrajudiciales el 7 de mayo de 2003.
Por último, también ha sido señalado y sancionado al jefe de la Policía de Xiamen, Huang Yuanxiong, quien está relacionado «con violaciones particularmente graves contra la libertad religiosa» de quienes siguen los preceptos espirituales de Falun Gong, a través de «detenciones arbitrarias e interrogatorios».
«El mundo no puede quedarse de brazos cruzados mientras el Gobierno de la República Popular China perpetra abusos horrendos y sistemáticos, incluidas violaciones contra derechos internacionalmente reconocidos como la libertad de pensamiento y religión», cierra el comunicado.
