Educación no convocará una mesa de negociación sobre la adecuación docente «salvo que hubiera algo extraordinario»
Mantiene por escrito su propuesta de 100 euros hasta el día 31 y cree que «merece ser aceptada»
El consejero de Educación, Sergio Silva, ve la huelga convocada por la Junta de Personal Docente para el próximo 3 de abril como un «golpe a un posible acuerdo», entiende que si no contestan a su última propuesta de subida salarial de 100,23 euros mensuales, que se mantiene hasta el 31 de marzo, es que «la desechan» y, por tanto, no cree que su departamento vaya a convocar una mesa de negociación «salvo que hubiera algo extraordinario».
«Una vez que se ha dado la convocatoria entendemos que la situación cambia, que supone, en cierto modo, una renuncia por parte de la Junta a llegar a un acuerdo», ha insistido Silva este martes en declaraciones a la prensa, previas a las reuniones del equipo directivo de la Consejería con los más de 200 directores de centros de Educación Infantil, Primaria y Secundaria de Cantabria, que se celebran con carácter trimestral.
El titular de Educación ha informado que ya ha llegado a la Consejería la notificación oficial sobre la huelga convocada por la Junta de Personal Docente para el 3 de abril, que les ha «cogido por sorpresa», no la esperaban «en absoluto» y «menos a través de unos medios de comunicación», y ni siquiera les ha «dado tiempo» a responder a la nueva propuesta que había hecho la Junta de Personal Docente, ha reiterado.
Según ha explicado, aunque desde la Consejería no descartan «la posibilidad de llegar a un acuerdo» porque su propuesta «merece ser aceptada», entienden esta convocatoria como «una renuncia» de las organizaciones sindicales convocantes a la posibilidad de «continuar con la tónica habitual de mesas de negociación», en las que han ido «acercando posturas».
Silva ha indicado que se van a fijar unos servicios mínimos de cara a la huelga, en función del número de alumnos y de la tipología del centro; y aunque entiende y respeta este derecho, ha advertido que esta «va a tener una repercusión directa en los alumnos y en las familias.
«No es algo gratificante para mí, como todo el mundo entenderá, pero creo que estamos hablando de un servicio público y que debemos estar especialmente atentos a que esa afección sea lo menor posible», ha dicho Silva, que teme que, «de la misma manera» que ha llegado esta huelga, «quizás» la Junta de Personal Docente «piense en otro calendario o cuestiones similares».
UN IMPACTO «INASUMIBLE» DE 40 MILLONES
Ante esta situación, la Consejería ha optado por enviar una comunicación por escrito a la Junta de Personal Docente, que hoy da a conocer a los directores y a todos los profesores de Cantabria, en la que pone «en valor» que la Junta «se mueva» de los 325,66 euros de incremento salarial que reclamaba inicialmente, pero explica «con datos concretos» por qué no puede asumir esa nueva propuesta de 295,66 euros mensuales, que tendría un impacto presupuestario de unos «40 millones de euros».
En este punto, Silva sostiene que la propuesta de la Junta de Personal Docente no es viable en la medida en que hay que detraer esos fondos de otros servicios educativos, como transporte escolar, comedores o infraestructuras, mientras que la de la Consejería, de 100,23 euros a partir del 1 de septiembre, con un impacto presupuestario aproximado superior a los 10 millones de euros, es «asumible y es viable sin, de alguna manera, comprometer la viabilidad del resto de servicios».
Así, en el texto trasladado, Educación se compromete «por escrito» a mantener la propuesta de 100,23 euros que hizo a principios de mes hasta las 23.59 horas del próximo 31 de marzo.
Además, contextualiza esa oferta en el entorno nacional, ya que se sitúa «en la horquilla de 150 a 200 euros por encima de la media de lo que cobrarían los docentes de este país, con unas retribuciones brutas de algo más de 2.700 euros para maestros y de algo más de 3.000 euros para profesores de Secundaria», ha aseverado.
A juicio del consejero, se trata de «una oportunidad» que «no se ha dado en 17 años» y cree que «sería un error dejarla escapar por una demanda que nosotros no podemos asumir, como se explica motivadamente en el documento».
Silva ha subrayado que las propuestas que se han hecho desde Educación, «tanto la primera negociación, la segunda de los 90 euros, como la tercera de los 100 euros», que se acompaña además de los complementos de ruralidad y educación especial, además de la mejora de los sexenios, «están motivadas, justificadas y, sobre todo, son viables presupuestariamente», por lo que «merece ser aceptada».
