Economistas piden más autonomía en organismos reguladores y supervisores y un filtro técnico en nombramientos

Ven «inadecuado» el diseño de la CNMC

Expertos y economistas proponen modificaciones en los organismos reguladores y supervisores para ganar en independencia y transparencia, como un filtro técnico para los nombramientos, y que sean los propios organismos los que determinen su reglamento interno, los procedimientos de actuación, la plantilla y las retribuciones del personal, así como que elaboren sus presupuestos sin intervención gubernamental y mejoras en el sistema de sanciones.

Estas son algunas de las conclusiones del libro Reguladores y supervisores económicos independientes: el caso español , editado por la Fundación Ramón Areces, en el que el grupo de expertos coordinado por el expresidente de la CNMV, Julio Segura, señala que el principal objetivo de una sanción económica al infractor de una norma es que sea disuasoria, por lo considera que el criterio de cuantificación debería estar en proporción al daño causado y no al rango de la norma infringida.

Los expertos advierten de que, en muchas ocasiones, con los criterios existentes, resulta más beneficioso para el infractor pagar la sanción e incumplir la norma que respetarla, por lo que recuerdan que aunque el instrumento sancionador fundamental en casos de incumplimientos es la imposición de multas, existe gran heterogeneidad en los criterios utilizados para su cuantificación, lo que da lugar a un porcentaje relevante de recursos ganados.

En el grupo de expertos, coordinado por Julio Segura, han participado los economistas Pilar Sánchez, Miguel Ángel García Díaz, José Federico Geli, Miguel Angel Lasheras Merino, Juan Delgado, Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado y Carlota Tarín, que apuesta por que, en los casos en que sea posible, la penalización incluyera la obligación de resarcir a los perjudicados de forma automática».

Asimismo, reclaman mayor publicidad del inicio de un expediente por el daño reputacional que ello conlleva.

FILTRO TÉCNICO EN NOMBRAMIENTOS

En cuanto a la independencia personal, exigen que los máximos responsables (presidentes y consejeros) lo sean realmente tanto del Gobierno como de los sectores que se encargan de regular, por lo que abogan por un sistema que favorezca el principio de mérito, periodos en el cargo largos y en todo caso superiores al ciclo electoral, no renovables y que los candidatos pasen un filtro previo efectivo de carácter técnico.

También consideran que los nombramientos deben ser elegidos por mayorías parlamentarias reforzadas y que no pueden ser cesados más que en condiciones muy tasadas como la comisión de delitos o la incapacidad severa. Reformas más ambiciosas irían en la dirección de la creación de una Comisión de nombramientos públicos similar a la británica, en su opinión.

Para alcanzar la independencia organizativa, proponen que sean los propios organismos quienes determinen su reglamento interno, los procedimientos de actuación, la plantilla orgánica y las retribuciones del personal. A su juicio, los baremos de los funcionarios no constituyen una orientación salarial adecuada, aparte del hecho de que las contrataciones no tienen carácter permanente.

En cuanto a la independencia financiera, señalan que los organismos supervisores deben elaborar y liquidar sus presupuestos sin intervención gubernamental y que estos no requieran la aprobación del Gobierno o Parlamento, aunque sí su conocimiento y, en todo caso, justificación razonada.

Para ello, ven como sistema «idóneo» el cobro de tasas por los servicios prestados a los supervisados, la prohibición de incurrir en déficits y la existencia de un mecanismo de financiación extraordinario y automático en caso de que se produzca un déficit debido a circunstancias excepcionales e imprevisibles debidamente justificadas y que no pueda cubrirse con reservas de ejercicios anteriores.

Para los expertos todos los procedimientos deben estar reglamentados y ser públicos, ha de poderse seguir en cualquier caso la trazabilidad de las decisiones y, en todos los casos posibles es conveniente que se publiquen las actas de los consejos, siempre que ello sea compatible con la confidencialidad de ciertas decisiones. A la hora de rendir cuentas sobre sus actividades, Julio Segura señala que debe realizarse en sede parlamentaria.

DISEÑO «INADECUADO» DE LA CNMC

De igual forma, en el libro se refieren al «inadecuado» diseño de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC), ya que, en su opinión, el Gobierno no tuvo en cuenta los costes de reorganización, fusión y aprendizaje e «insuficiente especialización» cuando en 2012 fusionó en un solo organismo la defensa de la competencia y los reguladores y supervisores de las industrias de red para ahorrar en costes.

«Las sinergias son prácticamente inexistentes, al menos entre defensa de la competencia e industrias de red e, incluso, presentan un potencial conflicto de interés, como lo prueba que la CNMC haya separado en dos salas distintas ambos tipos de asuntos, lo que merma su eficacia y transparencia», señala.

Los economistas consideran que en los organismos reguladores españoles «no ha habido una independencia real, salvo en contadas ocasiones, porque ni la sociedad ni los partidos políticos han empujado lo suficiente en esta dirección». «No lo han hecho porque la ausencia de mecanismos de control, más allá de los realizados por los propios Gobiernos, han estado ausentes y ofrecían la coartada necesaria para quienes se han opuesto a esta independencia real», subrayan.