Dos ingenieros de Gesvican se concertaron con tres constructores para cobrar a cambio de favores, según el juez
Concreta la imputación a los técnicos de la sociedad, rechaza el archivo que piden las defensas y acuerda nueva declaración de los cinco investigados
El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Santander ha dictado el auto que concreta la imputación de dos ingenieros de la empresa pública Gesvican, dependiente de la Consejería de Fomento del Gobierno de Cantabria, y de tres administradores de dos constructoras de la región -uno de Senor y los otros dos de Rucecan- quienes, presuntamente, se concertaron para que los primeros cobraran cantidades -hasta 9.500 euros- a cambio de elaborar documentos para los segundos y favorecerles así en la valoración de las ofertas que presentaban a concurso público.
Esto pudo influir en el proceso de contratación pública entre 2018 y 2022, y las cantidades supuestamente pactadas oscilaban entre los 2.000 euros, si las empresas resultaban ser las mejor valoradas, y los 5.000, para el caso de que fueran adjudicatarias.
La resolución judicial, contra la que cabe interponer recurso de reforma ante el propio instructor o de apelación ante la Audiencia Provincial, rechaza la petición de sobreseimiento de las defensas, puesto que las diligencias ya practicadas «ofrecen indicios más que suficientes para continuar el procedimiento».
Además, el juez acuerda tomar declaración nuevamente a los cinco investigados, dado que en los hechos objeto de este proceso se han incluido dos contratos que no figuraban en los informes de los investigadores.
Finalmente, se solicita al Juzgado de Instrucción número 5 de Santander –que investiga la trama de Obras Públicas, por la presunta adjudicación irregular de contratos de Carreteras– testimonio de las diligencias que instruye este órgano en las que aparecen conversaciones y mensajes telefónicos de los cinco.
Por otro lado, el magistrado rechaza la práctica de más testificales solicitada por una de las defensas pues las diligencias practicadas y la documental que ahora se acuerda «se revelan más que suficientes para resolver sobre la apertura del juicio oral». Entonces, recuerda, la defensa podrá desplegar los medios que considere oportuno ante los jurados que valorarán la prueba.
CONCERTACIÓN ENTRE 2018 Y 2022
La imputación se concreta en la concertación de dos técnicos de Gesvican con los administradores de Senor y Rucecan para el cobro de cantidades a cambio de prepararles la documentación a presentar en las licitaciones de obras públicas y favorecerles en la valoración de las ofertas presentadas, lo que pudo influir en el proceso de contratación pública entre los años 2018 y 2022.
Esa valoración la realizaban los dos ingenieros de la empresa pública en virtud de una encomienda de gestión suscrita entre la administración de la comunidad autónoma y Gesvican, entre otros fines para estudiar y analizar las ofertas recibidas en contratos licitados por la Consejería de Obras Públicas.
DE 2.000 euro POR LA VALORACIÓN DE LA OFERTA A 5.000 POR LA ADJUDICACIÓN
De las diligencias practicadas se desprende que los técnicos se concertaron con el administrador de Senor y con los dos de Rucecan para favorecer a ambas empresas cuando formaron una UTE, como pudo ocurrir en obras de mejora del trazado de tres carreteras autonómicas.
Las cantidades presuntamente pactadas se concretaron en 2.500 euros por la elaboración del proyecto, otros 2.000 euros si la UTE resultaba como mejor valorada y 5.000 euros para el caso de que resultara adjudicataria, es decir, hasta un total de 9.500 euros.
Y en similares términos se concertaron presuntamente los dos técnicos con los dos administradores de Rucecan «para que esta última resultara beneficiada en varios procesos de contratación en detrimento del resto de licitadores», como pudo ocurrir en otras seis actuaciones de acondicionamiento de viales.
Además, «ninguna de las mercantiles investigadas contaba con un modelo de vigilancia y gestión adecuados para prevenir las conductas delictivas descritas», según concluye el auto del magistrado.
PIEZA SEPARADA DE LA TRAMA DE CARRETERAS
Estas diligencias se enmarcan en la pieza separada de la trama de Obras Públicas que el Juzgado de Instrucción 2 de Santander abrió hace ahora un año, por presunto fraude en la contratación pública y cohecho.
En el marco de la investigación principal, iniciada hace dos años y dirigida por la jueza de Instrucción 5, fueron detenidas ocho personas, entre ellas un funcionario del Servicio de Carreteras Autonómicas, Miguel Ángel Díez, supuesto cabecilla de la red y que estuvo en prisión provisional por estos hechos varios meses, desde que se destaparon, en febrero de 2023, y hasta septiembre de 2024.
Se le atribuyen los delitos de cohecho, fraude en la contratación pública, blanqueo de capitales, prevaricación y falsedad documental, que podrían suponer hasta seis años de cárcel cada uno de ellos. En la trama estarían también involucradas su mujer e hijas y responsables de cuatro empresas de la región que igualmente están siendo investigadas: Rucecan, Api Movilidad, Cannor y La Encina.
