Dos años y medio y multa de 3.000 euros por presentar un documento bancario falso para eludir un desahucio

La acusada, que ha reconocido los hechos y ha sido condenada por estafa, debe indemnizar a los propietarios de la casa en 5.560 euros

La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado a dos años y medio de prisión y al pago de una multa de 3.000 euros a una mujer que presentó un certificado bancario falso como prueba en un juicio para evitar un desahucio.

La vista estaba prevista este martes en la Sección Primera de la AP, pero no se ha celebrado porque la Fiscalía ha alcanzado un acuerdo con la Defensa tras reconocer la acusada los hechos y al considerar que concurre la circunstancia atenuante de reparación del daño, ya que consignó 600 euros en el juzgado antes del plenario.

La aplicación de esta atenuante ha llevado al ministerio público a reducir la petición de condena, que inicialmente era de cuatro años y medio de cárcel y la misma multa por un delito de estafa.

Alcanzada la conformidad, la Sala ha dictado sentencia en los términos del acuerdo suscrito por las partes, que conlleva una indemnización a los propietarios del inmueble en 5.560 euros por las facturas impagadas y los perjuicios sufridos al no lograr la restitución de su vivienda.

PRESENTÓ UN DOCUMENTO ELABORADO POR ELLA MISMA

Según el relato de hechos del escrito de acusación, que se ha llevado a la sentencia, la mujer y su pareja vivían en una vivienda arrendada. Tras no abonar algunas rentas y diversos pagos, los propietarios presentaron una demanda de desahucio.

En la respuesta a la demanda, la acusada afirmó haber abonado los pagos de suministros que se le reclamaban y, previamente a la vista oral, presentó un documento elaborado por ella misma en el que constaba un certificado de transferencia que supuestamente había realizado para el pago de los suministros.

Esta «argucia» hizo creer equivocadamente al juez que se habían abonado tales suministros, declarando así la improcedencia del desahucio.

Esto provocó perjuicios económicos a los arrendadores, que han tenido que afrontar el pago de tales suministros y se han visto privados de la posibilidad de recuperar la vivienda.

Por ello, la acusada es condenada ahora como autora de un delito de estafa, con la agravante de reincidencia, ya que había sido condenada por delitos similares en otras ocasiones.