Celaá «jamás» intuyó un pacto para encarecer el servicio de comedores en Euskadi cuando era consejera

La actual ministra dice que el Gobierno Vasco no tenía «medios ni competencias» para descubrir el acuerdo empresarial

VITORIA, 29

La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha asegurado que durante su mandato como consejera del Gobierno Vasco (2009-2012), se respetaron los principios de contratación pública en las adjudicaciones del servicio de comedores escolares, y que «jamás» se llegó a intuir la existencia de un pacto de las empresas adjudicatarias para encarecer el servicio, tal y como ha sentenciado el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV).

Celaá ha comparecido este lunes ante la comisión de investigación del Parlamento Vasco sobre el caso de los comedores escolares , por el que varias empresas fueron sancionadas con más de siete millones de euros por el TSJPV por un acuerdo para encarecer el servicio de comedores de centros de enseñanza públicos en Euskadi entre 2003 y 2015.

La sanción del TSJPV rebajaba en un 60% el importe de la multa interpuesta inicialmente por la Autoridad Vasca de la Competencia, al considerar que la actuación del Gobierno Vasco contribuyó a que las empresas estimaran que actuaban de una manera «asumible ante el interés público», y que desde el Ejecutivo no se planteó «reacción, indagación, consulta, prevención ni denuncia» en contra del proceder de las adjudicatarias.

La intervención de la exconsejera de Educación del PSE-EE ha estado precedida por las de Ánjeles Iztueta, que fue responsable autonómica de Educación por EA entre 2001 y 2005; y la de Tontxu Campos, también de EA, que ejerció el cargo entre 2005 y 2009. La sesión de este lunes de la comisión de investigación se cerrará con la comparecencia de la actual consejera, Cristina Uriarte (PNV).

«COLUSIÓN»

La actual ministra ha asegurado que, durante su mandato, la cuestión sobre «la colusión o pacto» entre las empresas adjudicatarias del servicio «jamás fue intuida por el Gobierno, la oposición ni la opinión pública».

Celaá ha destacado que no fue hasta 2012, una vez concluida su etapa como consejera, cuando la Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) inició la investigación que destapó la existencia de un acuerdo emrpesarial que vulneraba las reglas de la competencia.

La exconsejera no se ha limitado a defender la actuación del Departamento de Educación durante su mandato, sino que ha afirmado que considera que, desde la aprobación en 2000 de la orden que regula los comedores de gestión directa, «todos los gobiernos» respetaron los principios de contratación pública en las adjudicaciones de este servicio.

INVESTIGACIÓN «DIFÍCIL»

Respecto a la actuación de las empresas, ha subrayado que «hoy sabemos lo que no sabíamos antes», y que incluso para la AVC, pese a disponer de «personal especializado» en esta materia, ha resultado muy «difícil» descubrir el pacto de las adjudicatarias para encarecer el contrato.

«En el Departamento de Educación no teníamos medios ni competencias para haberlo logrado. En mi época como consejera, esa competencia correspondía a la Comisión Nacional de la Competencia; y es absolutamente irreal llegar a pensar lo contrario», ha manifestado.

Por ese motivo, ha considerado que «no sería procedente ni justo analizar lo ocurrido con un sesgo retroactivo», ni tampoco «juzgar el pasado con la información del presente». Además, ha destacado que en la actualidad, existe una mayor «sensibilidad» respecto a cuestiones como la contratación pública y la libertad de competencia que la que se tenía hace unos años.

La exconsejera ha rechazado que su departamento pecara de «inacción o pasividad» en este caso, y ha subrayado que no se ha acreditado que el proceder de las adjudicatarias haya tenido un «impacto económico negativo» en las familias de los alumnos que utilizaban el servicio, ni que existe «connivencia» alguna entre la Administración y las empresas sancionadas.

Celaá ha explicado que las modificaciones introducidas en el procedimiento de adjudicaciones durante su mandato no obedecían a la existencia de «sospechas» por posibles irregularidades de las empresas, aunque ha destacado que dichos cambios posibilitaron un ahorro en el coste del servicio.