Dos años para el principal acusado de usar una ONG para enriquecerse y un año y 9 meses para los otros cuatro
Los acusados aceptan la rebaja de penas de la Fiscalía y el juicio queda visto para sentencia
Los cinco acusados de usar una ONG ( Música por la paz ) para enriquecerse han aceptado la rebaja de penas de la Fiscalía, que la ha dejado en dos años de prisión y multa de 29.000 euros para el responsable de la entidad y en un año y 9 meses para los cuatro restantes. Todos ellos, además, deberán abonar, de forma solidaria, una indemnización de 58.000 euros.
Tras la rebaja de penas de la Fiscalía, que inicialmente pedía en total 20 años y 6 meses para los acusados –cuatro de ellos de una misma familia–, ha habido acuerdo de conformidad y el juicio, que estaba previsto que arrancara este lunes y se desarrollara a lo largo de toda la semana, ha quedado visto para sentencia.
El fiscal ha retirado para la acusación por el delito de pertenencia a grupo criminal, manteniendo únicamente el de apropiación indebida y también, para el principal acusado, el de blanqueo de capitales.
Además, ha aplicado las atenuantes de diligencias indebidas por el retraso de la causa, que data de 2017, y el de reparación del daño al haberse entregado ya parte del dinero reclamado y comprometerse a devolver todos lo indebidamente apropiado.
De esta forma, el principal acusado será condenado a un año y 9 meses de cárcel por el delito de apropiación indebida y a tres meses y multa de 29.000 euros por blanqueo de capitales. Además, queda inhabilitado para administrar empresas o asociaciones durante año y medio.
Inicialmente, el Ministerio Fiscal le pedía 8 años de prisión, multa de 14.400 euros e inhabilitación para administrar empresas o asociaciones por un periodo de tres años.
Los otros cuatro acusados –una hija, un hijo y la nuera del principal acusado y otra persona que representaba a la asociación– serán condenados a un año y 9 meses de prisión por apropiación indebida.
Además, el fiscal ha retirado su petición de penas para otras dos personas –la mujer del principal acusado y otra de sus hijas– a las que, pese a no pertenecer a la asociación, se les consideraba partícipes a título lucrativo y se les reclamaba una indemnización.
Según se relataba en el escrito inicial de calificación del fiscal, la ONG, dedicada a atender en 16 centros repartidos por todo el país a personas en riesgo de exclusión, principalmente niños y personas sin trabajo, fue creada en 2013 por el principal acusado.
Se indicaba que «a pesar de desarrollar materialmente una verdadera labor prestacional, destinaba la mayor parte de sus ingresos para subvenir las necesidades y gastos» de los acusados.
