Una docena de organizaciones médicas, sociales y ONG han reclamado al Gobierno a través de una carta que «apoye e impulse» a nivel europeo la «suspensión temporal» de las patentes de la vacunas contra la COVID-19 para que «pueda aumentar su producción mientras dure la pandemia».

De la misma forma, estas asociaciones exigen «más transparencia en los contratos con la industria farmacéutica, más control sobre la inversión pública que se está haciendo en I+D de medicamentos y vacunas contra la COVID-19».

«Los Estados han hecho enormes inversiones en I+D de vacunas y en ensayos clínicos a gran escala, han apoyado a las compañías para que puedan aumentar su capacidad de producción y han facilitado la regulación, la aprobación y comercialización de las vacunas. Sin embargo, los productos de toda esa inversión han pasado directamente a manos de la industria, una pérdida de control que es consecuencia de la falta de transparencia con la que habitualmente se negocian los contratos entre los Estados y las farmacéuticas», denuncian.

A las organizaciones les preocupa que las patentes y los derechos de explotación de las licencias se ceden «completamente a las empresas, lo que significa que todas las ganancias son exclusivamente para estos laboratorios (a pesar de la inversión pública que hay detrás)». «Las empresas quedan exentas de responsabilidad si se producen reclamaciones por falta de eficacia o por efectos adversos o daños y perjuicios de cualquier tipo, y todas las indemnizaciones corren a cargo de los Estados miembros, es decir, de la ciudadanía», critican.

Así, denuncian que «se estén incumpliendo por parte de las farmacéuticas los acuerdos alcanzados en cuanto al número de dosis de vacunas en un plazo y a un precio establecido».

Por ello, piden al Gobierno que «asuma estos compromisos» e insista en la «transparencia en todos los contratos firmados entre la Comisión Europea y las compañías farmacéuticas». También solicitan «criterios de retorno público de toda la inversión realizada por los Estados que aseguren, entre otros, que el conocimiento generado se comparte».

En este mismo sentido, solicitan «precios a coste de fabricación, debidamente auditados y descontando las ayudas públicas donde se reflejen de manera clara y precisa las inversiones tanto públicas como privadas»; así como asegurar que la salud pública «está en el centro del debate y por encima de los intereses económicos». «Nuestro ordenamiento jurídico posibilita, por ejemplo, que pueda declararse la utilidad pública o interés social para expropiar una patente mediante una justa indemnización para el fabricante de vacunas», recuerdan.

En este contexto, piden a España que apoye la propuesta de suspender temporalmente las patentes de la Covid-19 plateada en la Organización Mundial del Comercio (OMC) por India y Sudáfrica y promueva un «cambio de postura» por parte de la Comisión Europea.

Las organizaciones firmantes de la misiva son Salud por Derecho, Asociación por un Acceso Justo al Medicamento, Sociedad Española de Epidemiología, Asociación Madrileña de Salud Pública, Asociación de Enfermería Comunitaria, Médicos Sin Fronteras, Médicos del Mundo, Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, Confederación de Consumidores y Usuarios, No Gracias, Red Española de Atención Primaria y Sociedad Española de Sanidad Ambiental.