Diputado del PDeCAT presuntamente espiado exige al Gobierno que aclare si está detrás y busca el amparo del Congreso
El portavoz del PDeCAT en el Congreso, Ferrán Bel, uno de los 65 políticos independentistas presuntamente espiados por el software Pegasus, ha dicho este martes que «quiere creer» que el Gobierno de Pedro Sánchez no está detrás de lo que considera «una anomalía de dimensiones espectaculares» pero, como no tiene la seguridad, le urge a clarificarlo. Además, está analizando cómo solicitar amparo a la Cámara Baja.
Bel figura junto a otros políticos independentistas catalanes y vascos entre los más de 60 representantes independentistas presuntamente espiados por Pegasus a través de la empresa israelí NSO Group, según una investigación publicada por The New Yorker y The Citizen Lab .
En rueda de prensa, Bel ha subrayado que «quiere pensar» que el Gobierno «no ha tenido nada que ver» con este presunto espionaje masivo ni con la compra del citado sistema software, que la empresa señalada asegura que sólo vende a Estados. No obstante, ha recalcado que no se le ocurre «qué Estado puede tener interés en espiar a 65 políticos catalanes, mayoritariamente independentistas, que no sea el español».
¿QUÉ OTRO ESTADO MÁS INTERESADO QUE EL ESPAÑOL?
«El Estado debe aclarar si se nos ha espiado, quién ha autorizado ese espionaje, con qué finalidad, si había o no autorización judicial y quiénes son los responsables» porque, a su juicio, un asunto de este calado el Gobierno no va a poder despacharlo diciendo que no es el responsable y que no ha comprado nada, como han asegurado ya los ministerios de Defensa e Interior, sino que debe investigar lo ocurrido.
«Confío en que Sánchez sea sensible y no piense que esto no va él», ha insistido Bel, quien ha abundado en el que el Gobierno debería hacer «lo posible y lo imposible» por clarificar «en los próximos días» todos los detalles que rodean a un asunto que debería ser «una cuestión de Estado» en el que todas las instituciones deberían «tomar medidas».
Y LA FISCALÍA
Singularmente, ha pedido a la Fiscalía General del Estado, «que por mucho menos ha abierto investigaciones», a que sea «más proactiva» y actúe motu proprio al margen de las iniciativas que los propios afectados lleven adelante no sólo a nivel judicial sino político.
En su caso concreto, Bel ha explicado que va a ponerse en contacto con los otros tres diputados en ejercicio del Congreso que aparecen en el listado de políticos presuntamente espiados –Albert Botran (CUP), Jon Iñarritu (Bildu) y Miriam Nogueras (Junts)– para ver qué amparo puedan solicitar al Congreso y para comprobar qué posibilidades hay de actuar de forma conjunta.
Tras analizar cómo pueden actuar juntos a nivel parlamentario y recabar las correspondientes explicaciones del Gobierno, desde el PDeCAT no descartan incluso promover una comisión de investigación en el Congreso sobre este asunto.
