Dimite el Gobierno de Haití en plena crisis política y ante el aumento de la inseguridad

La Iglesia Católica convoca una huelga este jueves ante la «dictadura del secuestro»

La crisis política y de inseguridad que atraviesa Haití se ha llevado por delante al actual Gobierno, que ha dimitido ante la presión creciente de diversos sectores, entre ellos la Iglesia Católica, crítica con una «dictadura del secuestro» que se ha traducido recientemente en el rapto de varios religiosos.

El presidente haitiano, Jovenel Moise, que gobierna por decreto por la ausencia de un Parlamento electo, ha anunciado en su cuenta de Twitter la dimisión del Gobierno. Confía en que «permitirá resolver el problema flagrante de la inseguridad y proseguir las discusiones para lograr el consenso necesario hacia la estabilidad política e institucional».

El mandatario se ha pronunciado poco después de que el primer ministro, Joseph Joute, hiciese pública también en redes sociales su salida, con un mensaje en el que ha destacado que ha sido «un honor» servir a su país y en el que ha dado las gracias tanto a su equipo como a quienes le han apoyado en este tiempo, sin entrar en polémicas.

Moise ha designado como nuevo primer ministro al actual responsable de Exteriores y antiguo embajador en España, Claude Joseph, que ocupará el cargo de forma interina.

Haití suma de esta forma un nuevo capítulo de una larga crisis que se disparó a principios de año, después de que la oposición alegase que el mandato de Moise expiraba el 7 de febrero. El presidente sostiene que el plazo no comenzó a correr hasta la celebración de unas elecciones válidas y que, por tanto, tiene derecho a seguir en el puesto hasta febrero de 2022.

Moise defiende su hoja de ruta para la transición, según la cual el 27 de junio –la cita iba a celebrarse dos meses antes, pero fue aplazada– los haitianos están llamados a votar el borrador para una nueva Constitución que instauraría un régimen presidencialista.

El proyecto ya ha suscitado protestas, como las vividas el 28 de marzo en Puerto Príncipe y la Oficina Integrada de la ONU en Haití (BINUH) advirtió esta misma semana de que «el proceso no es suficientemente inclusivo, participativo o transparente». «La apropiación nacional del proyecto de Constitución exige el compromiso de un abanico más amplio de actores políticos y sociales, incluidos los grupos y mujeres y religiosos de todo el país», señaló en un tuit.

La hoja de ruta de Moise plantea también elecciones presidenciales y parlamentarias en septiembre, a las que en principio el actual presidente no concurrirá.

AUMENTO DE LA INSEGURIDAD

El terremoto político coincide también con una creciente inseguridad y una violencia de la que se responsabiliza tanto a bandas organizadas como a facciones radicales de las propias fuerzas de seguridad. El Gobierno ha reconocido públicamente el problema, pero día tras día el país sigue sumando víctimas.

La Conferencia Episcopal de Haití ha convocado para este jueves una huelga para protestar contra la creciente inseguridad en el país caribeño, una «dictadura del secuestro» de la que han sido víctimas recientes varios religiosos, entre ellos dos personas de nacionalidad francesa.

El domingo, siete religiosos y otras tres personas fueron raptadas en la zona de Croix-des-Bouquets, en el departamento de Oeste. El ataque ha sido atribuido a la banda 400 Mawozo y, según testimonios recogidos por los medios galos, el objetivo sería económico –un testigo ha contado a la televisión pública de Francia que reclaman un millón de dólares–.

«No podemos dejar que unos bandidos nos asesinen, violen y secuestren», ha lamentado la Conferencia Episcopal haitiana, en un mensaje con el que ha trascendido la mera condena y ha convocado a todas las instituciones católicas, incluidas las educativas, que cierren sus puertas este jueves como señal de protesta, según el diario Le Nouvelliste .

Sí se celebrarán misas, «para pedir a Dios un cambio por Haití», y las campanas de los templos sonarán a mediodía en señal de repulsa por una inseguridad que ha desbordado a las autoridades, en un momento clave ante la inminencia de un referéndum constitucional y de unas elecciones generales que están llamadas a poner fin a años de parálisis.