Denuncian como «crimen de Estado» la muerte de una universitaria por la Policía en Honduras
MADRID, 8
El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) ha denunciado la muerte de la universitaria Keyla Patricia Martínez ocurrido en la madrugada del 7 de febrero en la ciudad de La Esperanza como un «crimen de Estado» que atribuyen a la Policía Nacional de Honduras.
«El Estado de Honduras es responsable de la muerte de Keyla Patricia Martínez, este es indudablemente un crimen de Estado, una ejecución extrajudicial y un femicidio ejecutado por miembros de la policía ubicados en la unidad policial UDEP 10 de la ciudad de La Esperanza, Intibucá», ha denunciado el COPINH en un comunicado.
La Policía ha anunciado una investigación sobre la muerte de Martínez. «Garantizamos a los familiares y a la población el esclarecimiento de este caso», ha destacado el comisionado de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Rommel Martínez, en rueda de prensa recogida por la prensa hondureña.
«Desde el primer momento en que se registra una muerte bajo la custodia policial se investiga como homicidio y se debe hacer tal cual dicta la ley», ha añadido. «Se aplicará la Ley a los policías que podrían haber tenido una relación en este caso», ha advertido.
La estudiante fue detenida y encarcelada y posteriormente llegó sin vida al hospital departamental, según el testimonio de personal del centro médico citado por COPINH, una tesis que contradice la de la Policía, que sostiene que la muerte se produjo en el hospital.
Martínez, de 26 años de edad y estudiante de Enfermería en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, fue detenida por la policía hondureña a las 23.30 horas del sábado, ingresada en una celda 10 minutos más tarde y encontrada moribunda a las 3.30 del domingo, según la versión de la Policía.
«El asesinato de Keyla ha despertado una ola de denuncias de mujeres que denuncian haber sido capturadas por la policía de la ciudad de La Esperanza, robadas sus pertenencias y abusadas sexualmente en el marco del toque de queda instaurado por el régimen del presidente Juan Orlando Hernández», ha asegurado la COPINH.
«A pocos días del quinto aniversario del asesinato de Berta Cáceres, se repite un femicidio a manos del Estado de Honduras en esta ciudad (…). Exigimos que se haga justicia junto al pueblo intibucano que se encuentra indignado por este crimen», ha añadido la organización.
