Denegados más de un centenar de permisos a facultativos del SUAP para este mes al no poder cubrir sus ausencias

PRC, PP y Vox sacan adelante una iniciativa para pedir al Gobierno regional que la caza sea declarada actividad esencial

El Servicio Cántabro de Salud (SCS) ha denegado, por ahora, 129 jornadas de permisos de médicos de los Servicios de Urgencia de Atención Primaria (SUAP) para el periodo que va del 1 de diciembre de 2020 al 10 de enero de 2021 ante la «imposibilidad» de cubrir su ausencia, lo que supone casi uno de cada cinco de los pedidos.

En cambio, sí se han concedido, al poder cubrirse, otras 400 jornadas de permisos personales de facultativos del SUAP para este mismo periodo, a los que hay que sumar la sustitución además de otras 90 de médicos de baja. Además, hay una treintena de permisos solicitados recientemente que están pendientes de evaluación.

Lo que sí se han cubierto son «el 100%» de ausencias y permisos de otro tipo de personal del SUAP, como enfermeros o celadores.

Así lo ha indicado el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, en el Pleno del Parlamento en respuesta a una interpelación de Ciudadanos en relación, entre otras cuestiones, a las medidas previstas por el Ejecutivo para resolver «los problemas profesionales del SUAP».

El consejero ha reconocido que «el principal problema» en los SUAP es la «dificultad» para cubrir las ausencias de su personal, sobre todo de los médicos ante la falta de facultativos de Atención Primaria que hay. «Si no los hay, no los podemos inventar», ha dicho Rodríguez.

El consejero ha explicado que a la hora de conceder o no los permisos lo que se «prima» es la asistencia a los ciudadanos, con lo que, cuando no es posible sustituir a los profesionales médicos que solicitan el permiso, se les deniega. «Lo que no podemos dejar son los servicios sin cubrir porque los ciudadanos se ponen malos en cualquier momento del año y tienen que acudir a los Servicios de Urgencia de Atención Primaria», ha dicho.

Por otra parte, Rodríguez ha anunciado que, de cara a la Navidad, se ha elaborado un plan de contingencia de cara a la Navidad para cubrir «ausencias imprevistas» en el personal de los Servicios de Urgencia de Atención Primaria (SUAP).

Y también ha informado que este año, en contra de lo que es habitual, los profesionales de los SUAP podrán prorrogar el disfrute de las vacaciones de 2020 más allá del 15 de diciembre, que era la fecha tope habitual, y podrán hacerlo «a lo largo de 2021».

Ha explicado que el objetivo de esta decisión es «evitar que las solicitudes de vacaciones se concentren en muy breve periodo de tiempo, en el periodo de 15 días, y así poder facilitar la sustitución de los permisos.

Por otra parte, también en respuesta a otra parte del objeto de la interpelación de Cs, el consejero de Sanidad ha asegurado que el acuerdo que se alcanzó para la salida de huelga de 2019 en lo que respecta al SUAP se está cumpliendo «en su integridad».

De hecho, ha indicado que la aplicación y cumplimento de dicho acuerdo está suponiendo un «importante coste económico» a las arcas de la comunidad autónoma. De hecho, ha indicado que solo los programas especiales de Atención Primaria de 2019, 2020 y la previsión de 2021 supondrán unos 12 millones de euros.

NO A CREAR POR LEY UNA RESERVA DE MATERIAL SANITARIO

También en lo que respecta al ámbito sanitario, el Pleno del Parlamento ha rechazado este lunes, por el voto en contra del PSOE, el PRC y Vox, la propuesta del PP de crear, por ley, una reserva estratégica de productos sanitarios para emergencias, catástrofes o pandemias, como la actual del coronavirus.

El PP planteaba, con su proposición no de ley (PNL), instar al Gobierno regional a presentar ante el Parlamento en menos de 3 meses un proyecto de ley para crear dicha reserva que regule el suministro y almacenamiento de material tecnológico y de medicamentos para este tipo de situaciones excepecionales.

Los populares han considerado «imprescindible» garantizar que para la gestión de emergencias, catástrofes y pandemias exista material suficiente durante un periodo de tiempo amplio para evitar problemas de suministro o transporte, y que dicho material se puede repartir de forma segura.

Y en este sentido ven «necesario» que Cantabria cuente con una ley sobre esta reserva ya que, a su juicio, ello aportaría «seguridad jurídica».

La propuesta del PP ha contado solo con el respaldo de Cs, que considera que «lo extraño es que no se haya hecho ya» puesto que, como ha dicho la diputada naranja Marta García, «no se puede permitir» que los sanitarios vuelvan a protegerse con bolsas de basura como en la primera ola por falta de suministro.

En este sentido, García ha asegurado que España «no tiene garantizado» el abastecimiento de productos sanitarios ante una eventual tercera ola de COVID-19.

Por ello, ha señalado que si Cantabria para garantizar este material se precisa una ley, su grupo está de acuerdo con que se apruebe.

Sin embargo, PRC y PSOE no están de acuerdo en que haga falta una ley para poder garantizar el contar con estos suministros y, de hecho, considera que contar con una norma como la que reclama el PP supondría «más trámites» y «burocracia» y menos agilidad.

Además, regionalistas y socialistas han afirmado que Cantabria está «preparada» en cuanto a material sanitario ya que hay una reserva «suficiente» de Equipos de Protección Individual (EPIs), pruebas diagnósticas y otro tipo de material sanitario y han asegurado que Cantabria está «preparada».

El diputado del PP considera que esta afirmación de los partidos que sustentan al Gobierno es «un tanto osada y gratuita» ya que «no se sabe» ni cómo va a evolucionar la pandemia ni tampoco la producción de este tipo de materiales.

Además, ha insistido en que contar con esta ley aportaría «seguridad jurídica» y no «burocracia».

Por su parte, Vox ha votado también en contra de la propuesta del PP ya que cree que la solución «no es que cada comunidad haga acopio» de material sino que sea el Gobierno central el que se encargue de comprarlo y distribuirlo en función de las necesidades de cada territorio.

EL PARLAMENTO PIDE QUE LA CAZA SEA ACTIVIDAD ESENCIAL

Lo que sí se ha aprobado es una PNL de Vox para pedir al Gobierno regional que declare la caza como actividad esencial y que los desplazamientos de los cazadores sean exceptuados de las posibles normativas de confinamiento, que ha contado con el apoyo del PRC y del PP.

Los tres partidos han coincidido en que la caza es una actividad importante para controlar la superpoblación de algunas especies, evitar problemas para la seguridad vial y daños agrícolas y ganaderos y controlar enfermedades y plagas que introducen algunos animales.

Además, han puesto en valor el aporte económico de esta actividad, con unos 12.000 cazadores en Cantabria que dan beneficios a sectores como el de la hostelería, transporte o veterinario, además de lo que se genera con la venta de carne de caza.

Por su parte, el PSOE se ha desmarcado de nuevo en el voto de su socio en el Gobierno de Cantabria (PRC) asegurando que la caza «puede ser muchas cosas, pero no es esencial». Y aunque no se ha posicionado totalmente en contra y cree que la actividad cinegética «puede ser aceptable», considera que debe estar «controlada y regulada rigurosamente» porque «implica un impacto en los ecosistemas».

En este sentido, ha recordado las especies que se han extinguido en Cantabria debido a la caza y ha opinado que no sirve para controlar poblaciones de especies.

Cs tampoco ha apoyado la PNL para permitir la libre movilidad a los cazadores y se ha abstenido ya que, aunque está a favor de la caza y coincide con PRC, PP y Vox en los beneficios que han enumerado, opina que la situación provocada por la pandemia es «complicada» y «todos» los sectores han sufrido restricciones a pesar de su aporte a la economía. «No puede ser que unos sí y otros no», ha dicho.