Delegación Gobierno resolverá la próxima semana la petición de manifestación de Vox con informe policial y sanitario
La Delegación del Gobierno en Madrid resolverá la próxima semana la comunicación de manifestación de Vox, recibida ayer por la tarde, tras el análisis de los informes policiales y sanitarios pertinentes y de la Abogacía del Estado, han indicado a Europa Press fuentes del departamento estatal.
La formación liderada por Santiago Abascal ha enviado los escritos a todas las delegaciones del Gobierno de España para llevar su protesta al centro de todas las capitales de provincia. Quiere que los ciudadanos salgan en sus coches privados a mostrar su rechazo al Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos. En Madrid ya ha adelantado que prevén que una marcha motorizada recorra el Paseo de la Castellana a las 12.00 horas del sábado 23.
El Paseo de la Castellana es precisamente uno de los espacios que el Ayuntamiento de Madrid ha reservado para que los ciudadanos puedan disfrutar de los paseos permitidos. De momento están cerrados al tráfico los fines de semana los tramos entre la calle Goya y la glorieta de Emilio Castelar y otros 650 metros entre la calle Concha Espina y la plaza de Cuzco, aunque el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ya ha adelantado su intención de ampliarlos.
La Delegación de Gobierno en Madrid ha prohibido todas las manifestaciones solicitadas desde el inicio del estado de alarma el 15 de marzo de convocantes tan distintos como La Falange o la Coordinadora del 25S, entre otras, alegando el resguardo y protección a la salud tanto de los manifestantes como de las personas que pudieran estar en contacto con ellos en esta situación de pandemia.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) apoyó esta decisión. En el recurso presentado por La Falange, el Alto Tribunal madrileño aseveró que la decisión de la Delegación del Gobierno no está sustentada en la aplicación del decreto del estado de alarma, sino en la «necesidad de evitar la difusión de la pandemia con sus secuelas de contagios, fallecimientos y enfermos».
De esta manera, la Sala de lo Contencioso consideró que, en las circunstancias actuales, el derecho de reunión choca con los valores constitucionales de salud pública e integridad física, que deben prevalecer frente a la manifestación, como así lo estipulan el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Constitución Española.
Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón autorizó una protesta el 1 de mayo que había sido prohibida por la Delegación del Gobierno de Zaragoza. Argumentaba que la declaración del estado de alarma, a diferencia de un estado de excepción, no limita el derecho de reunión y manifestación. La marcha, que finalmente se realizó por el centro de la capital aragonesa, estaba limitada a 60 personas en coche cubierto con un único ocupante.
