Defensora del Pueblo UE avisa de que inacción de Frontex hará a la UE parecer «cómplice» de muertes de migrantes

BRUSELAS, 28

La Defensora del Pueblo de la Unión Europea, Emily O Reilly, ha alertado este miércoles del riesgo de que la Unión Europea sea vista como «cómplice» de las muertes de migrantes en alta mar si no se revisan las reglas que limitan la acción de la agencia europea de control de fronteras (Frontex), que puede ofrecer apoyo a los Estados miembro en las operaciones de salvamento pero no intervenir sin el permiso de las autoridades nacionales.

De este modo, lamenta que la agencia incluya en su definición la palabra «guardacostas» pero su mandato y misión «claramente no lleguen a eso» y advierte de que para que Frontex pueda cumplir el deber de salvar vidas en el mar es necesario que los legisladores europeos tomen medidas para asegurar que cuenta con las «herramientas» de las que ahora carece.

«Hay una clara tensión entre las obligaciones de Frontex con los Derechos Fundamentales y su obligación de apoyar a los Estados miembro en el control y gestión fronteriza», indica O Reilly en un escrito tras la investigación abierta el pasado julio para evaluar el papel de la agencia europea en la respuesta al naufragio en el mar Jónico, frente a la costa griega, que costó la vida a centenares de migrantes.

«Debemos preguntarnos por qué un barco que necesitaba ayuda de forma tan evidente nunca recibió esa ayuda a pesar de que una agencia de la UE, las autoridades de dos Estados miembro (Italia y Grecia), la sociedad civil y barcos privados sabían de su existencia», critica la mediadora europea.

La Defensora del Pueblo de la UE inició su investigación semanas después de que en junio de 2023 murieran unas 600 personas por el naufragio de la embarcación Adriana en el Jónico, porque entonces ya se pudo constatar que Frontex alertó a las autoridades helenas del suceso y ofreció su asistencia, sin que quedara claro si pudo haber hecho más.

El organismo comunitario cuestiona que Frontex no tenga capacidad de decidir sobre el modo en que se organizan y llevan a cabo las operaciones de salvamento en alta mar, un asunto que la propia Comisión Europea recalca con frecuencia que depende de la competencia exclusiva de los Estados miembro.

Bruselas, que ha «tomado nota» de las conclusiones de O Reilly, según ha indicado la portavoz comunitaria de Interior, Anitta Hipper, quien ha evitado comentar este miércoles el fondo del informe y se ha limitado a asegurar que responderá «a su debido tiempo» al escrito remitido por la Defensora del Pueblo europeo.

En todo caso, las conclusiones de la mediadora europea apuntan que las reglas actuales dejan a Frontex en una situación de ser «incapaz de cumplir plenamente sus obligaciones en materia de Derechos Fundamentales y demasiado dependiente de los Estados miembro para actuar cuando los barcos que transportan inmigrantes están en peligro».

Según la información recogida por este organismos sobre la tragedia del Jónico, Frontex llegó a ofrecer apoyo a las autoridades griegas hasta en cuatro ocasiones, incluido con vigilancia aérea, «pero no recibió respuesta».

«Las reglas actuales suponen que a Frontex no se le permitía ir a la ubicación de Adriana en períodos críticos sin el permiso de las autoridades griegas», remacha la Defensora del Pueblo de la UE, que detalla que los guardacostas europeos llegaron a la zona en dos momentos, en uno lo hicieron «brevemente» en avión tras la primera alerta de las autoridades italianas y el segundo, 18 horas después con un dron cuando la embarcación ya se había hundido.

La investigación de la mediadora europea también apunta que Frontex carece de directrices internas respecto a cómo emitir señales de emergencia y que hay deficiencias en cómo garantizar que quien vigila el cumplimiento de los Derechos Fundamentales en la agencia se impliquen suficientemente en la toma de decisiones de las emergencias marítimas.

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