Defensa de Sanidad Pública denuncia el déficit de camas hospitalarias antes de la pandemia y pide hasta 80.000 más

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) ha reclamado un incremento «importante» del número de camas hospitalarias en España, con el objetivo de conseguir entre 4,5 y 5 camas por 1.000 habitantes, así como que en ninguna comunidad autónoma ese ratio esté por debajo de 3,5. Según sus cálculos, en España son necesarias «entre 50.000 y 80.000 camas más» para acercarse a unos niveles similares a los de otros países de la Unión Europea y la OCDE.

De hecho, según un informe con datos de los Ministerios de Sanidad y Hacienda presentado este viernes en rueda de prensa por el secretario de Organización de FADSP, Marciano Sánchez Bayle, en España el número de camas hospitalarias por 1.000 habitantes entre 2010 y 2018 descendió de 3,96 a 3,69.

«España es uno de los países de la OCDE y la UE con peor número de camas por 1.000 habitantes. No parece razonable que se produzca una disminución justamente cuando el número de partida ya es insuficiente. Esto ha producido un problema muy importante cuando llegó la pandemia de COVID-19. Teníamos unos recursos hospitalarios muy por debajo de lo razonable», ha denunciado.

El documento lamenta también que el número de camas en funcionamiento disminuyó durante ese período, pasando de 8,06 a 15,19 por 1.000 habitantes. Otra de las reivindicaciones de FADSP es el aumento de camas de larga estancia, que también descendió de 0,32 a 0,29. «El incremento de camas hospitalarias debe de realizarse especialmente en camas de media y larga estancia, para lograr al menos 1 por 1.000 habitantes. En la UE el número de camas de larga estancia es de 1,5 y nosotros estamos en 0,29», ha criticado Sánchez Bayle.

La organización reclama que estas nuevas camas hospitalarias «deberían ser de titularidad y gestión pública». De acuerdo a las cifras recogidas en su informe, en 2018 el 80,7 por ciento de las camas en funcionamiento eran públicas, con una variación desde un 43,09 por ciento en Cataluña hasta un 94,19 por ciento en Extremadura.

AUMENTO DEL PERSONAL

Por otra parte, el informe señala que el personal de atención especializada aumentó en todas las comunidades, desde 9,82 por 1.000 habitantes en Comunidad Valenciana hasta 16,59 en País Vasco. Sin embargo, alerta de que existe una «gran variabilidad» de dotación de personal. Por ejemplo, la tasa de médicos por 1.000 habitantes en Andalucía es de 1,62 mientras en Navarra es de 2,53 (media nacional de 1,98).

En Enfermería, se pasa de una tasa de 3 en Comunidad Valenciana a 5,1 en País Vasco (media nacional 3,56); en técnicos sanitarios de 2,56 en Comunidad Valenciana a 4,49 en País Vasco (media 3,31); y en MIR de 0,29 en La Rioja a 0,64 en Madrid (media 0,45). En cuanto al personal por cama, los centros públicos ganan a los privados, con 4,83 frente a 2,57.

«Debe garantizarse la dotación necesaria de personal en los centros sanitarios para garantizar una atención sanitaria de calidad. Debería también establecerse una dotación mínima de personal de los centros sanitarios privados para una adecuada atención sanitaria. Hay que asegurar la convocatoria y dotación económica de todas las plazas de formación especializada acreditadas», ha aconsejado Sánchez Bayle.

TAMBIÉN CRECE EL GASTO EN ATENCIÓN ESPECIALIZADA Y CONCIERTOS

El documento estable un aumento del 12,88 por ciento a nivel nacional en gasto por habitante en Atención Especializada entre 2010 y 2018, con variaciones desde 1,23 por ciento más en Castilla-La Mancha hasta +23,29 por ciento en Castilla y León. El mínimo se da en Andalucía (750.45 euros/habitante) y el máximo en País Vasco (1.107,97).

Así, el porcentaje de gasto en Atención Especializada sobre el sanitario total aumentó un 9,54 por ciento, aunque se produjeron oscilaciones entre el 56,6 por ciento que representa en Extremadura y el 68,6 por ciento de Madrid, con un promedio nacional del 62,8 por ciento.

Al respecto, el representante de FADSP ha indicado que el gasto sanitario en Atención Especializada «no debería superar el 60 por ciento del gasto sanitario público, siempre y cuando se cumplan 3 condiciones: un aumento del gasto sanitario público en torno a 1.000 euros por habitante y año para homologarnos con el promedio de la UE; reducción del gasto farmacéutico hospitalario para colocarlo por debajo del 14 por ciento del total del gasto en Especializada, que ahora está por encima del 17%); y disminución del gasto en privatizaciones».

El informe advierte de un aumento del 5,33 por ciento entre 2010 y 2018 del gasto en conciertos, con un rango entre -30,63 por ciento en Comunidad Valenciana y el 103,23 por ciento más en Baleares. El porcentaje sobre el gasto sanitario total en conciertos se sitúa en el 9,09 por ciento, pero oscila entre el 3,49 por ciento de Cantabria y el 25,34 por ciento de Cataluña, la comunidad autónoma que tradicionalmente lidera esta categoría.

«Hay que disminuir de manera significativa el gasto en conciertos para que no supere el 5 por ciento en 2023. Deben de paralizarse las privatizaciones en Atención Especializada e iniciar un proceso de recuperación de lo privatizado hasta el presente», ha pedido Sánchez Bayle.

Sobre la dotación tecnológica, el documento apunta que ha aumentado tanto en centros públicos (25 por millón de habitantes) como en privados (5 por millón de habitantes). «Debería realizarse por parte de las administraciones sanitarias un análisis de la dotación tecnológica de los centros sanitarios y de su adecuación a las necesidades asistenciales, así como un plan para asegurar su actualización», ha instado.

MEJOR UTILIZACIÓN DE LOS QUIRÓFANOS

La asociación opta por «mejorar de manera sustancial la utilización de los quirófanos y la tecnología en los centros sanitarios públicos e incrementar las intervenciones por cirugía mayor ambulatoria». Según los datos de FADSP, entre 2010 y 2018, no obstante, aumentó un 14,7 por ciento el número de este tipo de cirugías. El porcentaje de estas intervenciones con respeto al total se situó en un promedio de 32,82 por ciento, que varía entre un 23,02 por ciento en La Rioja y un 41,41 por ciento en Asturias.

FADSP también pide «arbitrar mecanismos y protocolos de actuación para disminuir la tasa de cesáreas, tanto en los centros públicos como en los privados para acercarnos al objetivo de la Organización Mundial de la Salud de un 15 por ciento sobre el total de partos, realizando inspecciones en aquellos centros que se desvíen de manera muy significativa del objetivo marcado». El porcentaje de cesáreas oscila entre un 14,63 por ciento en País Vasco a un 29,22 por ciento en Extremadura. En los centros públicos, la tasa en 2018 era de un 21,83 por ciento y en los privados del 36,51 por ciento.

EL GASTO FARMACÉUTICO, AL ALZA

Según los datos aportados por la asociación, entre 2014 y 2019 se produjo un aumento del 43,34 por ciento en el gasto farmacéutico, que va desde el 16,25 por ciento en La Rioja hasta el 66,29 por ciento en Baleares. En 2020, a excepción de noviembre y diciembre, se incrementó un 4,7 por ciento, alerta FADSP.

De esta forma, el gasto per cápita en farmacia hospitalaria se situaría en 157,08 euros por persona y año, con rango entre 129,8 (Andalucía) y 199,8 (Asturias). «Debe garantizarse que el aumento del gasto farmacéutico se sitúe al menos un punto por debajo del crecimiento presupuestario de este nivel asistencial, con el objetivo de disminuir el porcentaje de gasto farmacéutico progresivamente hasta alcanzar el 14 por ciento», ha esgrimido Sánchez Bayle.

En este contexto, ha apostado por «incrementar la utilización de genéricos y biosimilares» y por «promocionar las compras agregadas de medicamentos de uso hospitalario por parte de todas las comunidades autónomas».