Defensa de la Sanidad Pública lamenta que Función Pública «ceda al chantaje» de las aseguradoras en el acuerdo de Muface
La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública ha manifestado su «asombro y rechazo» a que el Ministerio para la Transición Digital y de la Función Pública «haya cedido a la presión chantajista de las principales aseguradoras» que contratan la asistencia al personal funcionario público a través de Muface.
«Resulta inaceptable que el Ministerio para la transición Digital y la Función Pública, que nada tiene que ver con la sanidad, presuma de haber salvado a Muface», afirma la federación que considera que este modelo es «un sistema obsoleto e ineficiente, que no existe en ningún lugar del mundo por ser un subsistema privado dentro de un sistema sanitario público (pagado por este último)».
Lamenta que el acuerdo aumente la prima en un 41,2% mientras que el gasto sanitario total ha crecido un 4,5%. «De esta manera se perpetúa un modelo que favorece a tan solo 1,5 millones de ciudadanos que mantienen el derecho a recibir mayores prestaciones (prótesis, gafas, atención dental..) que el resto de la población y al que se permite cambiar a la sanidad pública en caso de sufrir enfermedades graves para ser atendidos en los hospitales públicos (mejor equipados y que ofrece una mayor calidad y seguridad que los privados)», afirman.
Por otro lado, consideran que esta decisión «potencia» a un sector privado «cada vez más concentrado en grandes grupos hospitalarios en manos de fondos de inversión y capital riesgo y que han ganado miles de millones de euros en transacciones». «Estas empresas pretenden alcanzar una posición de oligopolio para negociar con las aseguradoras desde una posición de fuerza (los conciertos con las aseguradoras suponen el 65% de los ingresos de estos hospitales, un 25% procede de conciertos con la sanidad pública y un 10% de pacientes privados)», añaden.
Para la federación, perpetuar Muface supone «mantener la desigualdad y la ineficiencia» en la atención sanitaria y supone «un paso adelante en el camino de la privatización sanitaria».
