EH Bildu denuncia que el nuevo decreto vasco de residencias fija condiciones y estándares inferiores a los estatales

Pide que la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Nerea Melgosa, informe sobre su contenido en la Cámara vasca

VITORIA, 21

EH Bildu ha denunciado este miércoles que el decreto que prepara el Gobierno Vasco para las residencias de mayores «no llega a los niveles de calidad aprobados en 2022» en el Estado, y «se queda atrás en las ratios de atención a las personas residentes y en el tamaño y condiciones materiales de los centros», por lo que ha anunciado que va a pedir que la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Nerea Melgosa, informe sobre este contenido en la Cámara vasca.

La coordinadora del grupo parlamentario de EH Bildu Nerea Kortajarena ha alertado de que el nuevo decreto del Gobierno Vasco para regular las condiciones y requisitos a cumplir por las residencias de mayores de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, «las sitúa por debajo de los estándares mínimos fijados en el Estado en 2022 en el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia».

«El Gabinete Urkullu votó en contra de ese acuerdo y aborda ahora la revisión de su decreto de residencias de 2019, pero el documento que ha aprobado es una pésima adaptación del acuerdo de hace un año en Madrid», ha criticado.

Según Kortajarena, el nuevo decreto «plantea muy pocas diferencias con respecto al de 2019″ y establece requisitos y estándares inferiores a los aprobados hace un año en Madrid para el conjunto del Estado».

«Lo que plantea el Gobierno PNV-PSE para las residencias vascas es un nivel de atención de peor calidad que en las residencias del Estado; las coloca a la cola del Estado. La situación en estos centros es ya insostenible y además nos estamos quedando atrás», ha insistido.

Por ello, ha anunciado que solicitará por ello que la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Nerea Melgosa, comparezca en el Parlamento Vasco para dar explicaciones al respecto. «¿Esta es la transición a un nuevo modelo de cuidados de la que hablaba? Si esta es su hoja de ruta, vamos a tener los centros residenciales de peor calidad de todo el Estado», ha advertido.

Kortajarena ha explicado que el nuevo decreto señala que las nuevas residencias tendrán como máximo 150 plazas, cuando «eso ya era así en el decreto de 2019». «También dice que los centros estarán organizados en módulos con un máximo de 25 plazas por módulo. Lo que pasa es que esos límites superan con creces los fijados en el Acuerdo de Madrid, que no contempla residencias de más de 120 plazas –75 plazas en zonas rurales y 90 en zonas de densidad intermedia–, ni tampoco módulos que pasen de 15 plazas», ha detallado.

Para la parlamentaria de EH Bildu «es evidente que los residentes vascos salen perdiendo con el nuevo decreto del Gobierno de Urkullu». «La conclusión es la misma si nos fijamos en las ratios que definen el tiempo de atención directa personalizada que reciben al día las personas que viven en las residencias, que también quedan por debajo de los mínimos establecidos por el Consejo Territorial de Servicios Sociales», ha destacado.

En este sentido, ha afirmado que esta situación «es especialmente grave porque en la pandemia se evidenció que en los centros con peores ratios, la tasa de mortalidad fue superior».

RATIOS Y PLAZOS

Asimismo, ha denunciado que el nuevo decreto «fija una ratio de 0,33 y da un plazo de seis años para que las residencias cumplan ese requisito; es decir, para 2029 tendrán que garantizar esa ratio de 0,33, que significa que la atención directa personalizada que recibirá cada residente será equivalente al 0,33% de la jornada laboral de una trabajadora de la residencia».

«En cambio, según el acuerdo del Consejo Territorial, en 2029 la ratio deberá ser 0,49, no 0,33, con lo que PNV-PSE nos están planteando que el nivel de atención en las residencias de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa será peor que en el Estado», ha reiterado.

También ha criticado que las ratios planteadas en el texto «genera desigualdades entre los territorios», ya que «la fórmula con la que se calculan las ratios es un despropósito». «Es la misma que en 1998 y, en vez de los minutos de atención, toma como base las jornadas laborales, lo cual genera desigualdades porque en las residencias de Bizkaia y Gipuzkoa la jornada laboral es de 1.592 horas anuales, mientras que en Araba es de 1.792», ha explicado.

Kortajarena ha insistido en que «el 0,33% es más en Araba que en Bizkaia y Gipuzkoa, con lo que en las residencias alavesas el tiempo de atención seguirá siendo superior mientras no se corrija esa fórmula».

TELEASISTENCIA Y AUXILIARES

La coordinadora del grupo parlamentario ha denunciado asimismo que el nuevo decreto «no refuerza la atención sociosanitaria en los centros residenciales», ya que «contempla la teleasistencia y que auxiliares asuman las tareas propias del personal de Enfermería o que una terapeuta ocupacional cubra la atención correspondiente a las y los trabajadores sociales».

«Este planteamiento no permite garantizar los cuidados sanitarios de calidad que requieren las personas residentes en estos centros. No es aceptable y nos parece grave», ha subrayado.

En cuanto a las condiciones materiales a cumplir en las residencias, ha considerado que el nuevo decreto «no trae grandes cambios» porque «establece una serie de obligaciones, pero deja exentas de su cumplimiento a las residencias que ya están abiertas o en marcha, de modo que la realidad material de la actual red de residencias no va a cambiar».

La parlamentaria de EH Bildu también ha denunciado que el nuevo decreto «no contempla ningún órgano de participación». «En esto también nos estamos quedando atrás. Cataluña, por ejemplo, tiene ya regulada la participación de las personas usuarias y sus familiares en las políticas de cuidados, su planificación y evaluación», ha informado.

Tras afirmar que «la sociedad vasca es una de las más envejecidas del mundo y está inmersa en una crisis de los cuidados que requiere una transición hacia un sistema público comunitario de cuidados», ha subrayado que este es un debate «ineludible» porque «la situación en las residencias es ya insostenible y además nos estamos quedando atrás».

«Tenemos que acordar un nuevo modelo de residencias, qué cuidados se tienen que ofrecer en estos centros, cómo queremos que desarrollen sus proyectos de vida las personas residentes, cómo queremos cuidarlas, quién cuida y en qué condiciones lo hace», ha reclamado.

Por último, ha pedido debatir sobre el modelo de gestión de estos centros «porque no se puede permitir hacer negocio con los cuidados, y es necesario hablar de cómo participan trabajadoras, residentes y sus familiares en el día a día de estos centros y sus decisiones». «En definitiva, necesitamos un debate de país», ha concluido.