Declaran testigo protegido a una funcionaria del Gobierno mexicano de Peña Nieto en el caso Estafa Maestra
La antigua secretaria de Desarrollo Social del Gobierno de México, Rosario Robles, se ha acogido a la figura de testigo protegido de la Fiscalía para colaborar en la investigación del caso conocido como Estafa Maestra , en el que habrían participado importantes cargos del Gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).
«He decidido acogerme a la figura de testigo colaborador. Por el momento es lo único que puedo informar. Lo que sí debo decir es que hablaré con la verdad», ha anunciado en su cuenta de Twitter Rosario Robles, en prisión desde el pasado 13 de agosto.
«Ella no tiene el ánimo de perjudicar a nadie, simplemente va a dar conocimiento a la autoridad de lo que ella realmente sabe qué pasó, cómo pasó y cómo sabe que se utilizaron esos recursos», ha explicado el abogado de Robles, Sergio Arturo Ramírez.
Si bien Ramírez ha asegurado ante los medios mexicanos que «al expresidente Peña Nieto no se le va a buscar de ninguna manera», Robles ha escrito posteriormente en redes sociales, que «se han hecho declaraciones que no han sido acordadas» con ella y ha instruido a sus abogados para que ajustasen al procedimiento judicial.
Robles dispondría de información que demostraría cómo se desviaron fondos públicos para las campañas presidenciales del Partido Revolucionario Institucional (PRI), de José Antonio Meade, así como de Alfredo del Mazo, actual gobernador de Estado de México, cumpliendo instrucciones del que fuera ministro de Hacienda y Exteriores durante el sexenio de Peña Nieto, Luis Videgaray, quien ha utilizado sus redes sociales para negar estas acusaciones.
El escándalo estalló en 2017, cuando la organización no gubernamental Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), en colaboración con el portal de noticias Animal Político , destapó como a través de empresas ficticias se simularon una serie de contratos con universidades públicas por valor de 7.760 millones de pesos mexicanos (unos 325 millones de euros).
La investigación, galardonada con el Premio de Periodismo Ortega y Gasset del año 2108, evidencia una trama diseñada para malversar fondos con empresas ficticias, que habían sido subcontratadas por un grupo de doce universidades públicas, las cuales sellaron 73 convenios colaboración con once dependencias del Gobierno de Peña Nieto, entre ellas la dos que dirigió Robles, Desarrollo Social y Desarrollo Agrario Territorial y Urbano.
