De la Fuente (Fedea) cree que la desigual financiación regional ha alentado la deriva independentista catalana

El director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Ángel de la Fuente, considera que la «enorme» diferencia existente entre la financiación por habitante de los territorios forales y las comunidades de régimen común supone una sensación de agravio que ha contribuido a la deriva independentista en Cataluña en los últimos años.

Así lo señala en un documento de propuesta de reforma integral de la financiación territorial con criterios de «transparencia, equidad, gradualidad y responsabilidad», en el que aboga por buscar un mejor encaje entre el sistema común y el foral en materia de «nivelación o solidaridad interterritorial».

De la Fuente señala que el sistema de financiación es tan complicado que resulta «prácticamente incomprensible» para el ciudadano medio, por lo que pide avanzar a uno más sencillo y entendible, así como resolver la distribución de recursos «muy poco equitativa» entre comunidades autónomas, municipios y provincias.

Aunque la situación ha mejorado «apreciablemente» con los dos últimos acuerdos de financiación, avisa de que el grado de autonomía tributaria de las CCAA de régimen común sigue siendo menor de lo que sería deseable, ya que solo algo más de la mitad de los recursos ordinarios provienen de tributos que pueden subir o bajar. Por ello, propone dotar a gobiernos autonómicos y locales de mejores instrumentos de control sobre sus ingresos.

«PRIVILEGIADA SITUACIÓN» EN PAÍS VASCO Y NAVARRA

El documento se refiere a la «privilegiada situación» de las comunidades forales (País Vasco y Navarra), que, con datos de 2014, disponían respectivamente de un 128% y un 82% más de recursos por habitante ajustado que el promedio de las comunidades de régimen común a igualdad de competencias y de esfuerzo fiscal.

Dentro del régimen común la desigualdad es elevada, con un abanico de unos 25 puntos porcentuales entre las regiones mejor y peor tratadas por el sistema en términos de financiación homogénea por habitante ajustado.

Por ejemplo, la Comunidad Valenciana estaría en 92 sobre una media de 100 para el conjunto de régimen común, mientras que Cantabria y La Rioja están en 118 y 114, respectivamente, sin que existan razones que lo justifiquen.

Además, De la fuente apunta que la aplicación de los fondos verticales altera «arbitrariamente» la ordenación de las CCAA hasta hacer que el reparto final se parezca «más bien poco» a la distribución inicial de los ingresos tributarios brutos.

Ante esta situación, propone realizar cambios de forma gradual, de forma que nadie pierda recursos en términos absolutos e inmediata, pero sí que se acometan reajustes que sean necesarios para alcanzar en un tiempo razonable el reparto de las nuevas normas.

De la Fuente recuerda que el Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) nunca llegó a desarrollarse como un instrumento redistributivo importante porque la política de fomento del desarrollo regional se financió fundamentalmente con fondos europeos y la nivelación interterritorial se ha canalizado por otras vías, entre las que han ganado peso las transferencias horizontales entre comunidades autónomas.

Estas transferencias, explica, pasan por los Presupuestos Generales del Estado, una forma «peculiar que no ayuda a hacer transparente la contribución de los distintos territorios y administraciones a la nivelación y no encajan bien en el esquema existente de cálculo del cupo y la aportación».

Como resultado, subraya que las comunidades forales «se han visto totalmente exentas de su obligación constitucional de contribuir a la solidaridad territorial», algo que aboga por solventar mediante la regulación explícita de la obligación a través de la inclusión de las regiones en un mecanismo general de nivelación horizontal en condiciones de igualdad con las CCAA de régimen común.

REVISAR COMPETENCIAS

En el documento aboga por una revisión o clarificación del actual esquema de distribución de competencias, ya que aunque las competencias sobre áreas como servicios sociales y educación infantil corresponden a las comunidades autónomas, muchos ayuntamientos y otras entidades locales han jugado un papel «muy activo» en la provisión de estos servicios.

Así, ve aconsejable transferir a las corporaciones locales la gestión de al menos parte de estas actividades y, en cambio, unificar en manos de las CCAA todas las competencias de gestión sanitaria, transfiriéndoles los servicios e instalaciones que todavía mantienen las diputaciones y entes asimilados.

También a escala local cree que convendría revisar la función de las diputaciones provinciales, consejos insulares y cabildos, concentrándose en una labor de apoyo a ayuntamientos de menor tamaño.

Por último, propone eliminar gradualmente el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y mecanismos similares de financiación blanda a las CCAA, dejando solo una auténtica ventanilla de emergencia para proporcionar liquidez en situaciones de crisis bajo condiciones «muy estrictas».