Díaz niega que el incentivo a empresas ligado al SMI sea una ayuda fiscal: «Va de repartir la riqueza»
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha negado que el incentivo fiscal a empresas que el Ministerio de Trabajo puso sobre la mesa de negociación para la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) de 2026 sea una «ayuda fiscal» y asegura que la medida «va de repartir la riqueza».
«Se trata de que esas licitaciones (públicas) que han existido se vean corregidas o esos pequeños autónomos que concursan y también con ese compromiso, que está esbozando Hacienda, de que saquen del salario mínimo a gente trabajadora en nuestro país», ha expuesto en una entrevista en RNE recogida por Europa Press.
El Ministerio de Trabajo ofreció ayer a los agentes sociales un incentivo fiscal para las empresas con mayor afectación del SMI condicionada al mantenimiento del empleo y a que suban los salarios más bajos de sus plantillas.
Sobre la cuestión, Díaz ha indicado que la subida del SMI afecta a los contratos públicos, que se resienten, porque se firman en condiciones que se ven alteradas con la subida del salario mínimo. «Lo saben muy bien las trabajadoras de la ayuda a domicilio, de los cuidados, de la agricultura, de los sectores de deportes, de un montón de sectores», ha expuesto.
En este sentido, ha indicado que el Ministerio de Trabajo y los agentes sociales han defendido la indexación a los contratos públicos de la subida del salario mínimo a través de una reforma de la Ley de Desindexación, una materia con la que «hay disonancia» con el Ministerio de Hacienda y el PSOE.
«Es verdad que Hacienda no ve esta vía, ve otra vía que no tiene que ver con bonificaciones fiscales, todo lo contrario. Tiene que ver con que hay una diferencia salarial, como dijimos, del 25% con Europa y lo que le pedimos a los empresarios es que hagan el esfuerzo de sacar del salario mínimo a un porcentaje importante de la gente trabajadora en sus empresas», ha expuesto.
Así, la titular de Trabajo ha defendido que la medida no es una «bonificación fiscal» y el requisito es que las empresas se comprometan a sacar del SMI a los trabajadores, junto al mantenimiento de las plantillas.
