Díaz dice que 1,6 millones de asalariados y 3 millones de funcionarios trabajan ya 37,5 horas o menos

Asegura que muchas de las bajas por IT tienen que ver con la falta de tiempo de los trabajadores y la salud mental

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha afirmado este miércoles que la jornada de 37,5 horas semanales que quiere implantar para 2025 será el «suelo mínimo legal» para todos los trabajadores y beneficiará a 12 millones de asalariados que por ahora tienen una jornada superior a ésta.

De hecho, algo más de 1,6 millones de asalariados del sector privado y los tres millones de empleados públicos son los únicos que actualmente cuentan con una jornada semanal igual o inferior a las 37,5 horas a la semana, según ha detallado la ministra.

Durante la clausura del acto de presentación del Plan Integral de Impulso de la Economía Social 2024-2025, Díaz ha reconocido que son pocos los convenios colectivos que hoy en día contemplan una jornada de 40 horas a la semana, situándose la jornada media pactada en convenio en 38,2 horas semanales para 2022.

Aunque el Ministerio «fomentará absolutamente la negociación colectiva», el ámbito donde sindicatos y empresarios pactan las condiciones de los trabajadores, Díaz ha afirmado que «esto no obsta para que tenga que haber unos mínimos legales».

Se trataría, en definitiva, de garantizar que el derecho a las 37,5 horas sea efectivo para los trabajadores que no están amparados por un convenio colectivo o que trabajan en sectores sin capacidad de negociación. Además, la reducción legal de la jornada a 37,5 horas garantizará ese «mínimo» en los procesos de negociación colectiva.

La vicepresidenta ha recurrido a los datos para «avalar» el objetivo de reducir, legalmente, la jornada laboral, «congelada» en España desde hace 40 años.

Así, ha dicho que más de 1,6 millones de trabajadores del sector privado tienen ya una jornada pactada en su convenio colectivo inferior a 37,5 horas a la semana. «Lo hacen las empresas porque saben que es mejor, porque hay un factor en las relaciones humanas que es la motivación, que es la productividad y que lo tienen muy en cuenta», ha apuntado la ministra.

Junto a estos 1,6 millones de asalariados, los empleados públicos ya cuentan con una jornada de 37,5 horas, aunque «están trabajando para mejorar esta situación» y reducirla.

Pero, exceptuando estos colectivos mencionados, «la mayoría de las personas asalariadas tiene jornadas superiores» a las 37,5 horas semanales, ha añadido Díaz.

«Por este motivo, reducir la jornada en términos semanales afectaría de modo directo a 12 millones de personas asalariadas. Este enorme avance social serviría para corregir una parte del desfase de 40 años entre la jornada y la productividad y además va a propiciar el necesario cambio en los usos del tiempo y también los usos sociales en nuestro país», ha subrayado la ministra.

En este sentido, ha afirmado que España es «un país poco europeo», pues convocar reuniones «a las ocho de la tarde es una profunda anomalía» en Europa. «No se trata de trabajar sólo menos, se trata de trabajar mejor, en buenas condiciones. Es un debate de altura que en el resto de países europeos está más que planteado», ha indicado.

BAJAS POR IT POR FALTA DE TIEMPO PARA LA VIDA

La vicepresidenta segunda ha argumentado además que hay que ganar tiempo para la vida y, en este punto, ha advertido de que «muchísimas de las bajas» de incapacidad temporal (IT) en España tienen que ver con la salud mental, con no tener tiempo y «trabajar en condiciones que son absolutamente imposibles a veces» para las personas.

La propuesta del Gobierno para la reducción de jornada (primero a 38,5 horas en 2024 y luego a 37,5 horas semanales en 2025) se abordará mañana con sindicatos y empresarios en el marco del diálogo social, con el objetivo de establecer «un suelo mínimo de derechos» para todos los trabajadores en lo que concierne a la jornada.

«Lamentablemente, existen en la actualidad actividades, muchas de ellas feminizadas y muchas de ellas precarizadas, sin apenas capacidad de negociación o que sencillamente no están amparadas por un convenio colectivo. Y esto es una realidad que nos tiene que hacer pensar. Las personas que trabajan en estos sectores merecen una jornada que les permita mejorar sus vidas y disponer de tiempo para la vida», ha remarcado.