Díaz aboga por «intervenir» el precio de la vivienda y «meter mano» a los fondos de inversión

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha advertido este lunes de que la vivienda es «la principal fábrica de desigualdad en España» y un problema «gravísimo», que requiere «intervenir» los precios, como se ha hecho con la energía, y «meter mano» a los fondos de inversión.

En el coloquio Pioneras , organizado por el diario digital Artículo 14 , Díaz ha defendido la necesidad de hacer «una gran reforma» en España para garantizar el acceso a la vivienda y ha lamentado que en España, a lo largo de la democracia, no haya habido una política ni de vivienda ni de familias. «Son dos graves agujeros que tenemos en España y ahora tenemos que corregir lo que no se ha hecho», ha denunciado.

Así, ha señalado que «no queda otra» que intervenir en el precio de la vivienda, pues no se trata ya sólo de un problema de salarios, sino de que «no puede vivir en prácticamente ninguna ciudad española» con los precios actuales de los pisos.

Junto a la intervención en el precio, esa «gran reforma» que propugna Díaz requiere «meter mano a los fondos de inversión». «El problema de España no es el salario mínimo, son los fondos de inversión. Y hay que regularlos. Creo, además, que se puede alcanzar un acuerdo con los fondos de inversión cuando hay incentivos, porque cuando uno va a actuar, siempre se responde», ha asegurado.

La tercera pata de esa reforma en vivienda sería revisar la fiscalidad, sobre todo de los pisos turísticos, que están haciendo «imposible vivir» en determinadas ciudades.

«La presión turística es brutal. Ahí sí que tenemos que hacer pedagogía fiscal», ha señalado Díaz, en clara alusión a las palabras de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, cuando le pidió a Díaz que hiciera «pedagogía fiscal» por la tributación del salario mínimo en el IRPF.

CUMPLIR LA LEY DE VIVIENDA

Junto a todo ello, la ministra de Trabajo ha insistido en que las comunidades autónomas deben cumplir con la Ley de Vivienda «por el bien de España». En este sentido, ha recordado que hay once comunidades gobernadas por el PP, entre ellas la de Galicia, que se niegan a aplicar esta norma para bajar los precios de la vivienda en zonas tensionadas.

«Tenemos esas comunidades autónomas que son rebeldes», ha denunciado la ministra, que ha abogado por penalizarlas con la no recepción de fondos públicos por no cumplir con la Ley de Vivienda.

Díaz ha negado que la regulación del precio de la vivienda provoque una disminución de la oferta. «No es verdad. Ciudades que no son sospechosas de ser progresistas han tenido que tomar estas medidas. Porque es que lo otro nos lleva a la barbarie. Es que da igual que las empresas se esfuercen, da igual que las administraciones públicas se esfuercen», ha indicado.

NO PERMITIR COMPRAS ESPECULATIVAS EN ZONAS TENSIONADAS

Al mismo tiempo, ha apostado por impedir las compras «especulativas» de vivienda en zonas tensionadas, respetando las normas forales y la Constitución, y por acometer una política de vivienda «que vaya de la mano de la construcción».

«Y luego hay que hacer cambios normativos y hay que cambiar la cultura del país. Pero para cambiar la cultura del país en materia de vivienda, es que personas que pensamos diferentes, de distintas formaciones políticas, tenemos que decir algo que es sentido común. Y es que esto es un grave problema para España y que estamos dispuestas a cambiarlo», ha subrayado.

Díaz ha apuntado que «hay centenares y centenares y centenares de viviendas vacías» y que se pueden tomar medidas para sacarlas al mercado, como se ha hecho en Asturias.

«Lo que no vale es no hacer nada o dejar a los españoles al albur de los fondos de inversión. Los fondos de inversión atienden a los intereses que atienden, pero el derecho a la vivienda es un derecho fundamental, que no sólo es de jóvenes. Yo ahí sí que me sentaría en una mesa, y no me levantaría, con las comunidades autónomas, con los actores sindicales, con los actores políticos, con los actores empresariales, porque hay salida, porque nos va la vida en ello», ha recalcado.

Díaz ha argumentado que hay funcionarios del Servicio Público de Empleo (SEPE) que no pueden ir a trabajar a algunos lugares por el coste que tiene una vivienda.

REBAJA DE JORNADA Y SMI

En lo que respecta a la rebaja de la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales, Díaz se ha reafirmado en que se trata de una medida «universal», de la que podrán disfrutar todos los trabajadores, incluidas las empleadas de hogar.

«La norma, en una de sus disposiciones, conlleva la modificación de algo que es muy apasionante para los laboralistas (…), que son las jornadas especiales y ahí vamos a hacer un reglamento específico expost en las jornadas especiales para hacer el control horario», ha explicado.

Sobre la fiscalidad del salario mínimo interprofesional (SMI), Díaz ha expresado su confianza en que pueda producirse un acuerdo dentro del Gobierno pero, si no se consigue, ha señalado que tendrá que resolverse en el Congreso, donde se han presentado varias iniciativas, una de Sumar, el partido impulsado por Díaz, para que el SMI quede exento de tributación en el IRPF.