Cuatro asociaciones presentan un recurso judicial para anular el convenio singular con Santa Clotilde
Denuncian que el documento es «irregular» y «oscuro»
Cuatro asociaciones han presentado el pasado 14 de enero un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) en el que piden la nulidad del convenio singular que la Consejería de Salud (PP) ha firmado con el Hospital Santa Clotilde, por el que éste recibirá 256 millones de euros en un periodo de 16 años, ampliables a 20.
En concreto, estas entidades son la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública, la Asamblea de Mujeres de Cantabria, Ecologistas en Acción y la Asociación Cultural Ágora Solidaria, a iniciativa y bajo la coordinación de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública, a las que posiblemente se unirán más colectivos.
Así lo han dado a conocer este miércoles en rueda de prensa los representantes de la plataforma, que han calificado este convenio singular de «irregular» y «oscuro», y han denunciado que «sustrae» del servicio público una porción «importante» de determinadas áreas asistenciales, que «precisan de un seguimiento unitario y coordinado, no fragmentario», para desviarlas a la empresa privada, con el correspondiente «perjuicio» a los profesionales y a los ciudadanos cántabros.
Y es que han advertido que el Gobierno «entregará» a Santa Clotilde una «generosa dotación» para servicios «menores» que ya prestaba (hospitalización de pacientes crónicos, geriátricos y dependientes, entre otros), más la derivación de otros nuevos e «importantes», como los cribados de cáncer de mama y de colon, que la sanidad pública «venía realizando hasta ahora de manera exclusiva e integrada, con fiabilidad y eficacia».
Al respecto, las entidades han lamentado que este «hurto» en la sanidad pública «impide la mejora de los servicios» que le corresponden a los hospitales que «se pagan con nuestros impuestos».
«¿Cómo vamos a paliar los acuciantes problemas de dotación de material y de personal que nuestro sistema público padece si el dinero destinado a tales mejoras se destina a un hospital privado y a un negocio particular?», se han preguntado.
En este sentido, también han criticado que, en base a unas declaraciones del consejero del área, César Pascual, la dotación se efectúa para «dar estabilidad» a la orden religiosa San Juan de Dios que gestiona Santa Clotilde y debido a que realizará una inversión de 60 millones para nuevas infraestructuras y para dotarse de tecnología que no tenía.
SIN INFORMES
Por otra parte, la plataforma ha denunciado que el documento se ha publicado en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) «con urgencia y con grandes dosis de ocultismo», y han detallado que esta vía excepcional solo puede utilizarse cuando existen razones «objetivas, concretas y debidamente acreditadas».
Sin embargo, han alertado que «se ocultan previamente» informes que son «imprescindibles» para ello, como parte del jurídico, la memoria técnica que defina y especifique el motivo del convenio singular, la memoria económica y el certificado de crédito adecuado y suficiente, en un contexto en el que no han sido aprobados los presupuestos autonómicos para 2026.
Además, han denunciado que el pacto se hizo «rehuyendo» el concurso con otros posibles prestadores y que externaliza las competencias estatutarias del Gobierno de Cantabria, como es la obligación de dar la asistencia sanitaria.
UNA INVITACIÓN A LA CORRUPCIÓN
La plataforma y las asociaciones han afirmado que la adjudicación a Santa Clotilde puede considerarse «un auténtico regalo o un chollo» en cuanto a las exigencias de calidad, pues la adenda publicada en el BOC establece que la máxima penalización económica por posibles incumplimientos será del 1 por ciento, si no se alcanza el 80% de los objetivos pactados, y ninguna si se supera ese umbral.
«Una tomadura de pelo a los cántabros», ha calificado uno de los portavoces de la plataforma, Fernando Rodero, quien ha enfatizado que «si no cumplo el 20% de los compromisos, no pasa nada… Es una invitación total y absolutamente a la corrupción», ha aseverado.
Además, la plataforma y las asociaciones han afirmado que la «cesión» a Santa Clotilde «hipoteca» una parte de la asistencia sanitaria en Cantabria por un mínimo de 16 años, y hasta un total de 20, en un escenario «de constante cambio de las necesidades asistenciales y de las formas de afrontarlas».
Por último y a preguntas de los medios de comunicación sobre las lecturas externalizadas de mamografías, han señalado que el 13 de noviembre se hicieron las primeras cuando las radiólogas del Servicio Cántabro de Salud «habían sacado la lista de espera adelante». Por ello, han afirmado que se han hecho «cuando ya estaba claro que no se necesitaba ningún apoyo externo para dar respuesta rápida y en tiempo» a las lecturas.
