CSIF y JUPOL se concentran este lunes para protestar por los recortes sanitarios en las mutuas de funcionarios

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) y el sindicato de Policía Nacional JUPOL se concentrarán este lunes 18 de abril, a las 12.00 horas, frente a la Dirección General de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) para protestar por los recortes sanitarios en las mutuas de funcionarios.

La semana pasada, CSIF, JUPOL y la asociación de la Guardia Civil JUCIL entregaron al Defensor del Pueblo «miles de quejas» por los recortes sanitarios que han sufrido los cuadros médicos y centros sanitarios en MUFACE, de la Justicia (MUGEJU) y de las Fuerzas Armadas (ISFAS) en toda España.

Según denunciaron las tres entidades en rueda de prensa, estos recortes se han producido tras la firma del concierto sanitario 2022-2024 el pasado diciembre entre MUFACE y las aseguradoras sanitarias. «Esto viene derivado de la infrafinanciación del modelo por parte del Gobierno. Las aseguradoras dicen que no tienen dinero suficiente y no pueden llegar a acuerdos con los grupos hospitalarios con los que antes tenían convenios. Con lo cual los pacientes que se atendían hasta ahora no pueden acudir a sus centros habituales», explicó el presidente nacional de CSIF, Miguel Borra.

Según una encuesta realizada por las tres entidades, hasta el 50 por ciento de los funcionarios han sufrido recortes en su prestación sanitaria «sin previo aviso».

Venimos desde hace tiempo haciendo hincapié en la pérdida de condiciones sanitarias que tenemos los policías y guardias civiles. No tenemos la suficiente aportación para MUFACE, lo que supone una pérdida muy importante en los derechos asistenciales y sanitarios. Se están eliminando coberturas. El mutualismo es un derecho de los funcionarios y es un deber del Gobierno mantenerlo», reivindicó el secretario general de JUPOL, Aarón Rivero.

A lo largo del último mes, CSIF, JUPOL y JUCIL han recogido más de 5.000 encuestas donde se han constatado que en provincias de toda España se ha producido «pérdida de especialidades, reducción de médicos y especialistas, retirada de centros hospitalarios, problemas para la autorización de intervenciones o sellado de recetas y reducción en definitiva de la cartera asistencial».

De acuerdo con los datos recabados, el 50 por ciento de los funcionarios «han sufrido recortes sin previo aviso, han dejado de recibir asistencia por sus médicos habituales o han sufrido incidencias relacionadas con su asistencia sanitaria», lamentó Borra.

Asimismo, el presidente nacional de la organización sindical apuntó que un 14 por ciento ha visto limitado el acceso a su hospital habitual y le han propuesto que pague por una consulta médica o por continuar recibiendo un tratamiento. En la misma línea, el 25 por ciento de los encuestados asegura que le han limitado las pruebas para detección de la COVID-19.

Las situaciones más recurrentes que denuncia la encuesta son «la pérdida de médicos y especialidades en localidades», que implican el incremento de las listas de espera y el desplazamiento a otra ciudad para recibir atención.

Los ámbitos y especialidades más citadas son Atención Primaria Dermatología, Digestivo, Psicología, Fisioterapia, Traumatología, Analítica, Pediatría o las urgencias durante los fines de semana.

El secretario general de JUCIL, Ernesto Vilariño, recodró que la mayor parte de los guardias civiles trabaja en el entorno rural, donde hay limitada expansión de los centros sanitarios que trabajan con mutuas. «Esto obliga a veces a realizar desplazamientos para una urgencia a poblaciones que están a 60 u 80 kilómetros. Hacemos un llamamiento a la administración y a las mutuas para que no dejen abandonados a los funcionarios en algo tan importante como la sanidad», insistió.

Otro de los puntos que resaltan desde CSIF, JUPOL y JUCIL es la necesidad de mejorar los plazos para poder cambiar desde la mutualidad hasta el Sistema Nacional de Salud (SNS), teniendo en cuenta que «el 80 por ciento de los funcionarios sigue eligiendo la asistencia a través de la mutua», detalló Borra.

«El plazo que tenemos para cambiarnos es en enero. Solicitamos que un funcionario pueda realizarlo cuando quiera oportuno, no solo en una fecha concreta», afirmó Rivero. «El funcionario está sujeto a traslados de provincia, creemos que debería darse la opción de cambiar en cualquier momento sin plazo alguno», añadió Vilariño.

QUEJAS EN PACIENTES ONCOLÓGICOS

Las tres organizaciones denunciaron especialmente las quejas recibidas por parte de pacientes oncológicos que. «A partir de ahora, en muchos casos, y sin previo aviso, no podrán ir a sus revisiones médicas en sus centros habituales. En muchos casos, después de años siendo tratados por mismo equipo médico, tienen que buscarse otras alternativas, con las incertidumbres que generan este tipo de cambios en el seguimiento de su enfermedad», criticó Borra.

En el caso concreto de estos pacientes, CSIF, JUPOL y JUCIL reclaman que se concreten «el número de personas atendidas en 2021 y de estas cuántas siguen en tratamiento; y que concrete cómo se realizará un seguimiento efectivo de las personas que a día de hoy no están en tratamiento pero requieren de revisiones».

«Hay compañeros que en mitad de un tratamiento oncológico han perdido el acceso a su equipo médico y a su equipo asistencial, lo que es intolerable», señaló Rivero. «Son casos sangrantes», remachó el representante de JUCIL.

En suma, Borra pidió a las mutualidades que «tomen cartas en el asunto, asuman su responsabilidad e informen con transparencia sobre las personas afectadas por estos recortes». Asimismo, reclamaron que se amplíe el plazo para poder cambiar de aseguradora sanitaria. De hecho, el 80 por ciento de los encuestados reclama esta posibilidad.

«Reclamamos a las mutualidades que se interesen por las personas afectadas y que, a la vista de las limitaciones presupuestarias, valoren la posibilidad de modificar el concierto para que los mutualistas reciban una prestación asistencial adecuada. Recordamos a las mutuas que están obligadas a garantizar la continuidad asistencial de los mutualistas o beneficiarios afectados», concluyó Borra.