CSIF asegura que seguirá velando por la seguridad de los profesionales sanitarios durante la pandemia

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha asegurado, tras conocer que el Tribunal Supremo (TS) se ha posicionado en contra de la Fiscalía respecto de las querellas y denuncias presentadas contra el Gobierno por la gestión de la pandemia, cuya admisión a trámite ha rechazado al no ver, por el momento, justificada debidamente la autoría de los hechos atribuidos al Ejecutivo, que seguirá velando por la seguridad de los profesionales sanitarios durante la pandemia.

En un auto dado a conocer este viernes, la sala presidida por Manuel Marchena acuerda la inadmisión de las 20 querellas y 30 denuncias presentadas en los últimos meses por distintos sindicatos, asociaciones, organizaciones profesionales del ámbito de la sanidad y de las Fuerzas de Seguridad, familiares de víctimas del coronavirus y un partido político (Vox) durante los primeros meses de incidencia del coronavirus.

«Desde el comienzo de la pandemia, CSIF siempre ha denunciado la puesta en peligro de los profesionales de la sanidad y que no se atendieron las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre el acopio de materiales de protección. Además, se distribuyó material de protección defectuoso, lo que supuso un grave riesgo para la seguridad y la salud de los/as trabajadores del ámbito sanitario», han dicho desde la organización.

De hecho, el CSIF pidió al Supremo que dirimiera todas aquellas responsabilidades que pudieran derivarse de esta mala gestión, por lo que sus pretensiones «siguen vigentes». El TS reconoce que «las autoridades tienen el deber inexcusable de evitar la propagación del virus y deben adoptar las medidas requeridas para preservar a los ciudadanos del riesgo». Además, el auto advierte de que «las acciones u omisiones político administrativas puedan generar una responsabilidad jurídica».

«Serán ahora los juzgados los que analizarán con detalle la gestión del coronavirus y en su caso incoarán las causas penales que se deriven por las muertes en residencias de la tercera edad o en la eventual omisión de las medidas de seguridad que se brindaron a los profesionales. CSIF, desde el más absoluto respeto a las decisiones judiciales, continuará vigilante y ejercerá todas las actuaciones que considere oportunas para defender la salud y garantizar la seguridad de todos los empleados públicos que están en primera línea contra el coronavirus», ha zanjado la organización sindical.