Cs urge a cambiar el impuesto de plusvalía y a compensar a los ayuntamientos en los Presupuestos
Ciudadanos ha urgido este miércoles al Gobierno a modificar cuanto antes, incluso a través de un decreto ley, la regulación del conocido como impuesto sobre plusvalías tras el fallo del Tribunal Constitucional y a aprobar en los Presupuestos Generales del Estado de 2022 que tramita el Congreso un mecanismo de compensación a los ayuntamientos ante las posibles devoluciones de este tributo.
Todo ello tras anular el Tribunal Constitucional una serie de artículos de la Ley de Haciendas Locales sobre el método objetivo para el cálculo del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, que determina que siempre existe un aumento en el valor de los mismos y, por tanto, corresponde pagar el impuesto haya o no habido ganancias.
En una rueda de prensa convocada en el Congreso, el portavoz adjunto de Cs Edmundo Bal ha instado al Gobierno a modificar la citada ley para aclarar que la base imponible del impuesto sea la diferencia de valor y se apliquen unos coeficientes en función del número de años que se posea el suelo. Esta regulación, ha asegurado, es la que se aplica por el IRPF por estas ganancias patrimoniales.
Ante la amenaza de un agujero en la financiación municipal, por tener que devolver lo recaudado a contribuyentes que hayan pagado este impuesto pese a haber vendido a un precio inferior, Bal ha instado a introducir en los Presupuestos un mecanismo de compensación.
«UNA INCONSTITUCIONALIDAD ANUNCIADA»
Y es que, ha señalado, una vez que los ayuntamientos devuelvan el dinero tributado de forma indebida, Hacienda sí podría exigir una liquidación paralela para pagar más por el impuesto, por lo que aumentaría sus ingresos en detrimento de las entidades locales.
Bal ha recordado que Ciudadanos ya advirtió en día al Gobierno de Mariano Rajoy que actuara tras las diferentes sentencias judiciales que cuestionaban la legalidad de estos cobros, por lo que ha ironizado que esto «es una crónica de una inconstitucionalidad anunciada» y que, pese a ello, ni el Gobierno del PP ni después el del PSOE, hicieron nada.
