Cs pregunta al Gobierno si compartió «información privilegiada» sobre los fondos europeos con empresarios catalanes

Ciudadanos quiere que el Gobierno de Pedro Sánchez aclare si compartió «información privilegiada» sobre los criterios de reparto de los fondos europeos con algunos empresarios catalanes y detalle qué está haciendo para garantizar que no se aprueban proyectos y entregas de dinero «por intereses espurios».

La formación naranja ha registrado este miércoles en el Congreso una batería de preguntas dirigidas al Ejecutivo a raíz de la información publicada por el diario El Confidencial sobre David Madí, exdirigente de Convergència que ha sido asesor de Foment del Treball, la patronal catalana, y uno de los principales implicados en la trama Voloh, relativa al presunto desvío de fondos públicos al independentismo catalán.

En una conversación telefónica grabada el pasado octubre, Madí cuenta a Joan Ferrán, directivo de la consultora RSM Spain, que él, como parte de Foment del Treball, se había reunido con el hasta ahora jefe de Gabinete de Pedro Sánchez, Iván Redondo, y que tenía información de primera mano sobre cómo sería el proceso de reparto de los fondos europeos, que en ese momento aún no había sido anunciado por el Gobierno ni tramitado por el Congreso. «Nos lo explicó allá… Eso será una merienda de negros. Los planteamientos son 140.000 millones de euros», dijo Madí.

LOS FONDOS EUROPEOS NO SON «UNA MERIENDA DE NEGROS»

En referencia a esta noticia, la portavoz de Cs en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital, María Muñoz, ha indicado, en un mensaje en Twitter, que los fondos Next Generation EU no son «una merienda de negros», sino que constituyen «una oportunidad histórica» para las empresas españolas y el futuro de España. «Con este mercadeo, el Gobierno pone en peligro la credibilidad de España en Europa», ha advertido.

Ante la posibilidad de que «empresarios cercanos al independentismo catalán» recibieran «información privilegiada» sobre este asunto, la diputada ha lamentado que el Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos rechazara la propuesta de Ciudadanos de crear una oficina independiente que aplicara criterios técnicos para repartir los fondos que la UE dará a España para impulsar la recuperación tras la crisis del coronavirus.

En la iniciativa registrada en la Cámara Baja, Muñoz critica que se decidiera «concentrar en manos de la oficina del presidente del Gobierno toda la capacidad de reparto de fondos de forma prácticamente discrecional».

Sostiene que esto quedó patente durante la presentación del primer PERTE (Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica) en público, pues «se hizo incumpliendo los trámites establecidos» en el real decreto ley del 30 de diciembre de 2020 sobre medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

REPARTO «DISCRECIONAL» CON MOTIVACIONES POCO CLARAS

«Este tipo de actuaciones generan incertidumbre entre las empresas y los inversores», pues parece que «sobre el papel los criterios de reparto están establecidos de una determinada manera», pero «posteriormente el Gobierno ignora esos criterios para proceder a un reparto discrecional de acuerdo a otras motivaciones que no están claras», señala en la iniciativa parlamentaria.

La diputada pide al Gobierno que explique cuál fue el contenido de la conversación entre Madí y Redondo y si este último «compartió información privilegiada con algunos empresarios sobre los criterios a seguir a la hora de repartir» el dinero del paquete Next Generation EU, «afectando por tanto a los principios de información y libre concurrencia». También pregunta al Ejecutivo por qué, tras la reunión entre Redondo y Foment del Treball, uno de los empresarios presentes calificó el reparto de fondos europeos como «una merienda de negros».

Según Cs, la charla entre Madí y Ferrán «hace pensar que los criterios de reparto de fondos europeos que existen sobre el papel y sobre los que se han pronunciado la Comisión Europea y, finalmente, el Consejo Europeo pueden no ser realmente los verdaderos criterios a aplicar en el reparto, con el perjuicio que esto puede suponer para las empresas, especialmente las pymes, y para las reformas estructurales» que España tiene pendientes.

Por ello, pregunta al Ejecutivo qué mecanismos está poniendo en marcha «para asegurar el cumplimiento a rajatabla de lo establecido en la legislación» sobre la distribución de estas ayudas y «evitar posibles casos de aprobación de fondos y proyectos por intereses espurios».