Ciudadanos ha instado al Tribunal Supremo a que declare parcialmente inconstitucional la Ley del Indulto, que data de 1870, para tratar de revocar la medida de gracia que el Gobierno concedió a los nueve presos del procés basándose en razones de «utilidad pública» cuando, a su juicio, son de oportunidad política y, por tanto, chocan con la reinserción de los presos por los que aboga la Constitución de 1978.

Así lo hará constar en la formalización del escrito de demanda en los recursos contencioso-administrativos que diputados del partido naranja interpusieron ante el Tribunal Supremo contra los indultos a los líderes del procés.

En rueda de prensa en el Congreso, Bal ha explicado que su partido ha recurrido a la figura de la inconstitucionalidad sobrevenida, según la cual cualquier tribunal, no sólo el Tribunal Constitucional, puede declarar incontitucionales leyes previas a la Constitución de 1978.

UTILIDAD PARTICULAR, NO PÚBLICA

Así, los naranjas reclamarán al Supremo, que fue quien condenó a los presos del procés, a que use esa potestad y declare parcialmente inconstitucional la Ley del Indulto, promulgada en 1870, con el fin de suprimir la motivación de la utilidad pública a la hora de conceder esa medida de gracia.

Ésa fue precisamente la razón que esgrimió el Gobierno para perdonar al líder de ERC y exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras; a la ex vicepresidenta del Parlament, Carme Forcadell; a Jordi Sánchez y Jordi Cuixart; y a los ex consejeros Raul Romeva, Josep Rull, Joaquim Forn, Dolors Bassa y Jordi Turull.

Sin embargo, Bal sostiene que la razón que hay detrás de esos indultos no es la «utilidad pública», como arguyó en su día el Gobierno, sino «el interés particular» de Sánchez para mantenerse en el poder, en tanto que ese perdón a los presos del procés supuso el apoyo de ERC a los Presupuestos en vigor.

Es por ello por lo que, según Bal, no existe un expediente individualizado de cada uno de los presos indultados por el Ejecutivo ni se les ha exigido arrepentimiento alguno para concederles esa medida de gracia.

Y EVITAR TAMBIÉN VER EN LA CALLE A PRESOS DE ETA

Así las cosas, Ciudadanos emplazará al Supremo a declarar parcialmente inconstitucional la mencionada Ley del Indulto con el fin de revocar esos nueve indultos a los presos del 1-O pero también para evitar que el Gobierno pueda volver a apoyarse en esa figura para poner en libertad a los presos de ETA a cambio del apoyo de Bildu a los Presupuestos de 2022.

En este punto, ha recordado que recientemente el líder de Bildu, Arnaldo Otegi, confesó a los suyos su disposición a intercambiar presos por Presupuestos, lo que puede llevar, según ha advertido, a que se repita «el mismo escenario» que con los presos del procés, teniendo en cuenta los acercamientos de presos de ETA a las cárceles del País Vasco y el traspaso de la competencia de prisión al Gobierno de esa comunidad. «Quiero equivocarme, pero espero no ver a 200 presos etarras el año que viene brindando con champán en la calle», ha comentado Bal.